La saturación de la red eléctrica cortocircuita ya proyectos de inversión de la industria vasca

Además, este 'cuello de botella' está retrasando hasta 454 días de media, unos quince meses, la instalación de proyectos de energía limpia, como puntos de recarga para vehículos eléctricos, según datos internos del sector. Un problema que también se extiende a los parques eólicos y fotovoltaicos, entre otros. Aunque en los último años se ha avanzado mucho en el caso preciso de los cargadores para vehículos eléctricos, cuestión imprescindible para que el consumidor opte por el turismo 'verde', los principales operadores siguen sufriendo «cuellos de botella» importantes en los requisitos y capacidades de las distribuidoras. Las patronales cifran en más de 11.000 los cargadores ya instalados que no están operativos en el Estado porque no pueden acceder a la potencia solicitada, el 20%, un dato que en el caso de Euskadi es inferior, pero sigue siendo significativo (14%). Desde Repsol, principal operadora junto a Iberdrola y Endesa, alertan de que «necesitamos que el problema se minimice, porque si no, difícilmente seremos capaces de conseguir los ambiciosos objetivos fijados en lo que a penetración del vehículo eléctrico se refiere».

Pero más allá de retrasos, la creciente saturación de la red también está llevando a las eléctricas a rechazar proyectos de generación de energía limpia, como parques eólicos y fotovoltaicos, y se prevé que se cierren la puerta a todavía más en el futuro. Un reciente estudió elevó la cifra de solicitudes denegadas a 15.000 MW en cuatro años en el conjunto del Estado, lo que pone de relieve que la balanza entre las inversiones en proyectos de generación de energía renovable y las inversiones en la red de distribución eléctrica está muy desequilibrada.

La otra variable del problema se refiere a la industria. El Clúster de Energía vasco viene advirtiendo de que numerosas compañías, en especial las que están integradas en sectores intensivos en energía como la metalurgia, están teniendo problemas para acceder a una mayor potencia porque la red no da abasto, como reconoce i-DE, la distribuidora vasca, con lo que ello conlleva para su competitividad. Una cuestión que también perjudicaría la inversión extranjera en Euskadi, dado que el territorio podría perder atractivo por las limitaciones eléctricas respecto a otras regiones.

Pese a todo, los expertos esperan que las inversiones europeas y nacionales previstas en los planes energéticos ayuden a controlar el precio en el futuro, aunque el sector apremia para acelerar los procesos administrativos. Además, el grado de especialización de las redes eléctricas de Euskadi es alto, ya que casi la mitad del gasto en I+D se dirige a la energía y tecnología industrial.

El propio consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, señaló en la entrevista publicada ayer en DV que la cuestión de la red eléctrica es una «prioridad» para el Ejecutivo. «Debemos lograr un mayor grado de electrificación», apostilló. Dado que la generación de energía renovable en Euskadi continúa sin despegar, la estrategia del Ejecutivo vasco puede pasar por potenciar la red eléctrica y traer desde otros territorios la energía necesaria. Sin ir más lejos, Navarra cuenta con uno de los parques eólicos más grandes del Estado, y la mirada de la cartera que dirige Mikel Jauregi podría dirigirse allí. En cualquier caso, la dependencia energética de Euskadi es elevada, y se espera que no sufra reducciones considerables en los próximos años pese a las inversiones en renovables. Además de largos trámites administrativos y la oposición social de grupos ecologistas a la instalación de aerogeneradores, la CAV enfrenta problemas estructurales ya que se encuentra entre los territorios con menores niveles de radiación solar, mientras que el potencial eólico terrestre también es inferior al de otras comunidades autónomas.

Para resolver ese «cuello de botella», Europa estima que se debe duplicar la inversión en redes de distribución de aquí a 2040, y multiplicarla por 1,7 de aquí a 2050, con una inversión conjunta de entre 55.000 millones de euros y 67.000 millones. En España, por su parte, la inversión total estimada asciende a 6.964 millones hasta 2026. Unas cifras que, en cualquier caso, superan el limite de inversión marcado por ley. La raíz del problema reside, precisamente, en que la normativa que regula la actividad de las eléctricas impide la extensión y modernización necesaria para responder a toda la demanda, como insisten fuentes del sector.

Un esclarecedor análisis publicado recientemente por el Instituto Vasco de Competitividad emplaza, precisamente, a abordar la cuestión de la remuneración a la que acceden las eléctricas, que está regulada. Pese a que la infraestructura entre en funcionamiento en un año, la compañía no comienza a recibir la remuneración hasta dos años después. De hecho, las eléctricas reciben un pago provisional –en estos momentos, está pendiente el de 2016– dado que hay un retraso en el abono definitivo debido a la complejidad de llevarlas a cabo.