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Sin una red de distribución eléctrica acorde a las aspiraciones de la transición energética, no habrá descarbonización en ninguna esfera. Es el aviso que repiten ... las principales compañías que abastecen a la industria y los hogares guipuzcoanos y vascos, que piden a las administraciones competentes «más facilidades para invertir» en la red eléctrica porque «sin ésta, no es posible llevar a destino la cada vez mayor energía que generamos y demandan los clientes». Según los datos de i-DE - filial del Grupo Iberdrola-, la línea de distribución guipuzcoana está «casi agotada» después de que las peticiones de conexión de la industria se hayan multiplicado por ocho entre 2020 y 2023, mientras que la potencia media de las peticiones se ha triplicado en el mismo periodo, con un pico de 186 solicitudes por más de 1.800 MW. Desde i-DE explican que la «alta demanda recibida demuestra que estamos en un ciclo de fuertes requerimientos de potencia, difíciles de atender con la regulación actual».
La raíz de la queja de las distribuidoras eléctricas reside en que la inversión que pueden realizar para aumentar la red está limitada por ley. Se trata de una regulación promovida por el Gobierno de Rajoy, que liga el dinero que pueden invertir las compañías al PIB con el fin de controlar el precio para el consumidor, asumido a través de los peajes, uno de los costes regulados en la factura. El sector considera que dicha regulación está desfasada porque se realizó por el déficit tarifario eléctrico y hoy, por el contrario, se está registrando un superávit en ese sentido. En concreto, la norma determina que el volumen anual de inversión no puede superar el 0,13% del PIB de España, y también establece la cuantía máxima para cada empresa, de manera proporcional a su cuota en el conjunto de la retribución de la actividad. Y en lo que se refiere a la actividad de transporte de electricidad, establece que la inversión anual no podrá superar el 0,065% del PIB. También existen otros aspectos, como la retribución a la que pueden acceder las firmas, que el sector quiere debatir.
En cualquier caso, la capacidad para poder invertir más dinero en la modernización y extensión de los kilómetros de las líneas de distribución eléctrica se ha convertido en una de las principales reivindicaciones de las compañías energéticas en los últimos años. Éstas aseguran que «la burocracia y los marcos regulatorios a menudo retrasan la implementación de nuevos proyectos», lo que, en última instancia, se traduce en una especie de cuello de botella y dificulta a las empresas suministradoras conceder la potencia solicitada a la industria o instalaciones de energía 'verde'.
Dicho de otra manera, la economía está afrontando una profunda transformación para sustituir procesos que tradicionalmente han sido realizados a través de combustibles fósiles por energía eléctrica, y muchas compañías guipuzcoanas y vascas -a donde se dirige el 60% del total de la electricidad distribuida, según el i-DE-se están encontrando con que sus solicitudes para aumentar la potencia son denegadas por la distribuidora. José Ignacio Hormaeche, director del Clúster de Energía del País Vasco, confirma que «sabemos de primera mano que las fábricas están haciendo los deberes, y están cambiando, por ejemplo, hornos de gas por eléctricos. Pero muchas de ellas están teniendo problemas para encontrar la conexión suficiente, y no pueden seguir dando pasos en la descarbonización», alerta.
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Mikel Calvo
Esta cuestión ha sido debatida en el Congreso a petición del PNV, que mostró su preocupación porque «no invertir en redes puede suponer el cierre de empresas, peligro de deslocalización, menos impuestos recaudados y pérdida de empleo», en palabras del portavoz jeltzale, Aitor Esteban. Asimismo, el jefe de i-DE en Gipuzkoa, advirtió recientemente en unas jornadas organizadas por la Cámara de Comercio que la cuestión de la distribución eléctrica es «crítica», y argumentó que «un buen sistema de reparto de energía es clave para el desarrollo económico y la competitividad del territorio, más aún en una región fuertemente industrializada como Gipuzkoa». Y emplazó a que «es necesario invertir en redes para acompañar a la sociedad y a la industria en ese proceso».
En Euskadi, i-DE gestiona más de 18.600 km de líneas de baja y media tensión y más de 4.430 km de líneas de alta y muy alta tensión, y cuenta con 11.916 centros de transformación en servicio y 165 subestaciones, con uno los niveles de calidad de servicio más altos del Estado y Europa. Con todo, un reciente estudio de Eurelectric, la asociación del sector eléctrico de Europa, afirma que de aquí a 2050 se deberá aumentar en un 84% la inversión en ampliar el número de kilómetros de las líneas. Y las compañías energéticas también ponen de relieve que el 70% de la transición energética se realizará «a nivel de distribución» –las redes que llevan la electricidad a los hogares y los negocios–, y no a nivel de transporte –a través de torres de alta tensión–.
Ante ello, el Ministerio para la Transición Ecológica publicó en junio una consulta pública -ya cerrada- para la modificación del límite de inversiones en redes del sistema eléctrico con el objetivo de ofrecer a las eléctricas la oportunidad de beneficiarse y así poder realizar mayores inversiones. Aunque aún no se ha hecho pública ninguna posible modificación, la ministra, Sara Aagesen, señaló esta semana durante un foro organizado por Endesa que «estamos de acuerdo con Europa en que necesitamos más inversiones».
El debate sobre si hay que apostar o no por la energía nuclear ha regresado a Euskadi en las últimas horas. Primero de la mano del foro Zedarriak, que llamó a abrir el debate. Y después, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, abrió la espita en su intervención en el Foro Económico Mundial, recién celebrado en la localidad suiza de Davos, donde se mostró partidario de que aquellos países en condiciones de acometer la inversión puedan construir nuevas centrales nucleares, mientras que allí donde haya centrales en funcionamiento sería necesario mantenerlas.
En la misma línea, Sánchez Galán advirtió de que la solución a la competitividad en Europa «no puede venir del gas», mientras que defendió el carácter «crucial» de la energía nuclear para sostener la demanda y responder a nuevos usos de la electricidad en un momento en que parece haber disminuido el impulso por el hidrógeno verde. En este sentido, el presidente de Iberdrola defendió que «al menos aquellos con plantas de energía nuclear hoy en funcionamiento, que hemos demostrado que son seguras y eficientes, son absolutamente necesarias para mantener las luces encendidas en un momento en que aparezca cierta demanda».
Desde el ámbito sindical vasco, en cambio, el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, aseguró que «el peso industrial de este país está descendiendo», y apuntó a que no existe «ningún cambio» en las políticas industriales: «Con Pradales seguimos teniendo los mismos problemas que con Urkullu, las políticas de fondo no han cambiado». Además del impulso público, Lakuntza reivindica una mayor inversión en una dirección: «la transición ecosocial». Algo, dice, que no se hace. y que va totalmente en sentido opuesto a lo que «lobbys empresariales como Zedarriak plantean, que es invertir en energía nuclear y armamento».
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