Las reclamaciones por el apagón histórico de final de abril superan ya el millar en Euskadi

La cuestión es que mientras la mayoría de sectores recuperaron la actividad pocas horas después de perder el suministro, a la industria electrointensiva le costó días retomar con normalidad la producción, debido a la obligación de reiniciar procesos complejos y recalibrar la maquinaria. La refinería de Petronor en Muskiz lo ejemplifica claramente: la activación de su Unidad FCC –el corazón de la conversión del crudo en productos como gasolina y diésel– se demoró una semana, con consecuencias evidentes en su capacidad operativa y en sus resultados económicos.

Es este golpe el que ha llevado a cientos de empresas –y decenas de particulares– a iniciar peticiones formales de indemnización ante las compañías eléctricas y los organismos reguladores. Fuentes del sector confirman a este periódico que el número de reclamaciones presentadas en Euskadi supera ya el millar, reflejo del profundo malestar generado tanto en el tejido productivo como entre los consumidores.

La CEOE estima que las pérdidas económicas sufridas por las empresas a raíz del apagón alcanzaron los 1.600 millones de euros en el conjunto de España, una cifra que equivale al 0,1% del Producto Interior Bruto estatal. Más allá del dato, el verdadero problema radica en determinar quién debe asumir la responsabilidad de esos daños y si alguno de los actores implicados –aseguradoras, compañías eléctricas, la propia Red Eléctrica o la administración pública– está dispuesto a hacerlo. Por ahora, prevalece el reparto de culpas y nadie parece asumir ese papel, lo que augura un escenario de bloqueo, incertidumbre jurídica y litigios a gran escala que se prorrogarán durante años.

Esclarecer con precisión cuáles fueron las causas del cero eléctrico se ha convertido en una tarea imprescindible para depurar responsabilidades y establecer con claridad quién debe afrontar los costes económicos derivados del apagón. Sin un diagnóstico técnico riguroso, será imposible articular mecanismos de compensación eficaces ni exigir rendición de cuentas. Aunque el Gobierno central, la Comisión Europea, las propias eléctricas, la Audiencia Nacional y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) trabajan a contrarreloj en su propio informe, la duda está en si estas investigaciones concluyen en una versión común del ocurrido o si, por el contrario, se abre paso a una diversidad de relatos difícil de reconciliar.

Nadie quiere asumir la culpa y las eléctricas ya se están disputando los mejores bufetes de abogados, lo que anticipa un conflicto legal de gran alcance. Las aseguradoras solo contemplan –en el mejor de los casos– la cobertura a bienes materiales y la mayoría de las pólizas excluyen la pérdida de beneficios si esta no está directamente vinculada a los daños materiales –por ejemplo, un incendio en una subestación–, algo que todo apunta que no ha ocurrido.

El episodio ha desencadenado, por lo tanto, una importante disputa entre Red Eléctrica –controlada en un 20% por el Gobierno a través de la SEPI– y las compañías eléctricas, con versiones divergentes sobre lo ocurrido y quién debe responder. Moncloa, por el momento, orienta la responsabilidad hacia las distribuidoras y pone el punto de mira en tres pérdidas de generación en Granada, Badajoz y Sevilla.