«Poco se puede hacer» ante la venta de la red de Euskaltel, admite el Gobierno Vasco

«Poco se puede hacer» ante la venta de la red de Euskaltel, admite el Gobierno Vasco

El presidente del comité de la operadora pide al Ejecutivo que «vele» para evitar una operación que «descapitalizaría la empresa»

MANU Álvarez
MANU ÁLVAREZBILBAO.

El presidente del comité de Euskaltel, Javier Blanco, pidió ayer al Gobierno Vasco que «vele» para evitar que la compañía se desprenda de su red de telecomunicaciones, tal y como pretende su principal accionista, el fondo de inversión británico Zegona. Blanco calificó esta iniciativa como algo «nefasto», porque supone «la descapitalización de la empresa», al tiempo que insistió en que el Ejecutivo de Vitoria debe actuar para preservar los activos de la compañía que se construyeron con dinero público. Sin embargo, en un ejercicio de pragmatismo, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, admitió también ayer que «poco se puede hacer» desde la Administración vasca, en el caso de que Euskaltel decida venderla.

El representante sindical hacía así referencia a la idea expuesta por Eamonn O'Hare, consejero delegado de Zegona, en una conferencia con analistas financieros el pasado jueves en Londres. En ella, expuso su opinión favorable a la venta de la red física de fibra óptica, hoy propiedad de Euskaltel, lo que permitiría obtener cientos de millones de euros. Un dinero que sería destinado a reducir el abultado endeudamiento de la compañía y también a financiar el proyecto de expansión de la operadora en toda España, previsiblemente bajo la marca Virgin.

«Se está utilizando y especulando con un bien constituido de lo público y, además, con el consiguiente impacto de nuevo hacia la plantilla, una vez más», señaló el presidente del comité, para añadir que la hipotética venta de la red puede suponer una «pérdida de capacidad, porque pierdes la propiedad».

Iniciativa pública

Una parte de la red física de telecomunicaciones que es propiedad de Euskaltel fue construida en la década de los años 90 por el Gobierno Vasco. Cuando el uso de la fibra óptica era aún incipiente en Europa, el Ejecutivo encargó a varias empresas extranjeras la construcción de una red de fibra, con el objetivo de autoabastecerse en sus necesidades -comunicaciones entre sus edificios y también para atender necesidades de Interior y EITB-, que más tarde alquilaría a Euskaltel por un canon anual de 3,5 millones de euros. Esa red estaba compuesta por 454 kilómetros de fibra óptica en su estructura troncal -la 'gran autopista' de fibra que unía los tres territorios- y 613 kilómetros de red capilar, que es la que llega hasta cada domicilio o empresa.

En 2012 el Gobierno Vasco decidió transferir a Euskaltel esa red por un precio de 68 millones de euros, sin que existiese un proceso de oferta pública al que pudieran haberse presentado otros operadores o incluso inversores interesados en su explotación.

Impotencia

Ayer, el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, dejó claro que las posibilidades del Gobierno para interferir en las operaciones de una empresa privada que, además, cotiza en Bolsa, son bastante limitadas. «Poco podemos hacer -reconoció-, en torno a un bien que fue de titularidad pública pero que fue privatizado». Erkoreka tampoco dejó pasar la oportunidad de desviar la responsabilidad directa de aquella operación a los socios de Gobierno, el PSE, aunque fue respaldada también en el Parlamento por PNV y PP. Y es que la decisión de venta fue adoptada por el Ejecutivo socialista de Patxi López, en un momento en que Euskaltel atravesaba una situación complicada. De un lado, tenía que responder a una indemnización de 222 millones de euros reclamada por Orange por la ruptura de un acuerdo sobre telefonía móvil. Pero, además, Kutxabank quería desprenderse de una parte de sus acciones para aliviar el castigo que ello producía en su balance y ningún inversor externo quería entrar en Euskaltel si no era propietaria de la red.

Erkoreka declaró que la venta de esta red «es una idea que no es nueva y se ha manejado en el seno de la compañía desde hace al menos dos años». También apuntó que, hasta donde conoce el Gobierno, la venta no es «una cuestión inminente».