El PNV pide que Diputación reciba parte del gravamen a banca y energéticas

Inicialmente, el texto que se tramita en la cámara ha optado por la figura de la «prestación», en un intento de evitar que se considere técnicamente un impuesto, porque ello puede acarrear problemas legales por su colisión con otros tributos. En cualquier caso, los jeltzales quieren que este ingreso extraordinario tenga también repercusión en las arcas forales y con ello también en las del Gobierno vasco. A partir de ahí los gobiernos central y vasco deberían negociar a quiénes cobran ese nuevo gravamen las diputaciones y, lo más importante, con qué punto de conexión. Esto es, no es lo mismo cobrar a las empresas que tengan su sede fiscal en Euskadi –Iberdrola, Petronor o Kutxabank en el caso financiero-, o recibir una parte proporcional a la actividad que realizan todas las compañías afectadas en el mercado vasco.

Al margen de esa reclamación, tradicional en el PNV cuando el Estado diseña una nueva vía de ingresos, hay señales claras de intentar ayudar tanto a Iberdrola como a Petronor, que tradicionalmente tributa como sociedad desgajada del grupo Repsol e ingresa sus impuestos en la Hacienda foral vizcaína. Así, por ejemplo, pide que las empresas que van a realizar inversiones en temas ligados a la transición energética –producción de hidrógeno, combustibles sintéticos, etc.- puedan obtener una deducción del 20% en el nuevo gravamen. Los nacionalistas vascos creen que el aumento de la presión fiscal sobre estas empresas puede poner en peligro algunas inversiones que resultan trascendentales para el futuro energético y económico. Una tesis que, por cierto, ya ha telegrafiado desde hace varias semanas el grupo Repsol, que ha puesto en revisión todas sus inversiones para los próximos años.

Las propias enmiendas ya dan a entender que el PNV no confía en exceso en la posibilidad de imponer su tesis sobre la base de cálculo del gravamen –beneficios en vez de ingresos-, de ahí que varias de las correcciones que propone parten del supuesto de que no haya cambios en ese sentido. Pero también con el claro objetivo de reducir la carga de ambos grupos, se pide que en los ingresos de las petroleras no se tenga en cuenta el Impuesto de Hidrocarburos –que sí se contabiliza en estas firmas como cifra de negocio, pese a ser meros intermediarios en la recaudación-, al tiempo que pide que para las eléctricas no se consideren los ingresos «por actividades reguladas». Esto es, por actividades que están sometidas a un control de tarifas por parte del Gobierno, como lo son los ingresos obtenidos por las redes de transporte. Iberdrola vería reducida su base imponible en torno a 9% con este detalle técnico.