Con su permiso no voy a glosar las propuestas escuchadas ayer en el Congreso porque me parece que responden mucho más al interés de captar ... votos, o al de no perderlos, que al de arreglar el problema de fondo, que es al que me voy a referir hoy aquí. El debate se quedó en la superficie y nadie parece tener interés en analizar los males de fondo.
El sistema de pensiones en España tiene su problema muy sencillo... de plantear. Tanto, como difícil de solucionar: los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos. ¿Los culpables? Básicamente tres. Uno, la esperanza de vida ha aumentado por décadas, mientras que la edad de jubilación ha subido por meses. Dos, la pirámide demográfica engorda por la parte de arriba, los que se jubilan, mientras que adelgaza por abajo, los que empiezan a cotizar. Y, aunque protestemos por su monto, lo cierto es que la tasa de reposición -el cociente entre la primera pensión que se cobra y el último salario que se cobró- es elevada, cuando la comparamos con los datos de los países de nuestro entorno, por más que nos parezca escasa cuando la comparamos con nuestros deseos y expectativas.
La solución solo puede venir por el aumento de los ingresos, el descenso de los gastos o una fórmula intermedia que incorpore elementos de ambos. Los ingresos se pueden aumentar, básicamente, mediante tres vías. Una, el aumento del número de cotizantes que es la mejor fórmula, pues además de mejorar el equilibrio entre ingresos y gastos, favorece la reducción del paro, que es uno de nuestros estrangulamientos tradicionales. Otra es subir las cotizaciones, lo que cada trabajador paga a lo largo de su vida profesional. Pero esta es una mala solución, pues termina por convertirse en un impuesto sobre el trabajo, lo que redundaría en una pérdida de empleo y un aumento del paro.
La tercera vía, que cada día concita más seguidores, consiste en enchufar el sistema a los Presupuestos, bien directamente (Podemos) o bien a través del establecimiento de un impuesto específico (PSOE). Esto, que probablemente termine por ser una realidad imprescindible, conduce al enfrentamiento del colectivo de pensionistas o bien con el resto de perceptores de ayudas sociales -de algún lado habrá que ahorrar- o bien con Bruselas y las generaciones venideras, si se pretende incrementar el déficit.
En apoyo de esta tercera vía se han levantado muchas voces que recuerdan el compromiso constitucional de mantener las pensiones y de actualizar su valor. Nada que objetar, salvo recordar también que la Constitución establece principios generales que después hay que llevar a la práctica. Por ejemplo, también dice que los españoles, todos, tienen derecho a trabajar. ¿Se cumple? ¿Quién es el responsable de que tal promesa se cumpla? Es decir, las pensiones se pueden pagar y se podrán actualizar solo si se deriva dinero de otros lugares. Es una simple cuestión de prioridades y de aritmética. Para todo no llega. Y subir los impuestos -otra tentación sencilla e invencible para muchos, sobre todo para los que pagan pocos impuestos- puede conducirnos a una minoración del crecimiento y, al final, a una merma de la recaudación.
Por su parte, la reducción de los gastos me parece una tarea imposible, en la actual situación social y política del país. Desde luego lo es para los actuales pensionistas -nueve millones de votos, un caudal irresistible para cualquier político-, y quizás no tanto para los futuros pensionistas.
Me parece evidente que el sistema que comentaba al principio de que la esperanza de vida mejore en unidades de décadas y la edad de jubilación se extienda en unidades de meses es sencillamente insostenible. Por eso, me parece imprescindible elevar, ya mismo, la edad de jubilación hasta los 70 años. No me tire piedras, yo los he cumplido y aquí sigo. Lo cual reduciría drásticamente los compromisos de pensiones, al dejar de pagar durante cinco años, y aumentaría los ingresos al seguir ingresando el sistema durante otros cinco más. ¿Desagradable? Sí, mucho. ¿Decepcionante? Sí más. ¿Necesario? Usted dirá.
Pero, tranquilo, no se asuste, eso solo lo propugnamos algunos transtornados que no nos presentamos a ninguna elección. Los periodos de gobierno son de cuatro años y se pasan como sea parcheando un problema que es permanente y duradero. De muy largo plazo. Así que prepárese para oír medidas parciales que no solucionan el problema sino que lo empujan hacia adelante. A un futuro en el que gobernarán otros. Allá ellos, es decir, allá nosotros.
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