La operación moviliza más de 375 millones de financiación

En aquella reunión empezó a tomar forma la operación 'salvar Talgo', que el Gobierno vasco hizo suya desde el primer momento y que, tras un prolongado tira y afloja con Moncloa por el papel de la Sepi en la refinanciación de la deuda de la compañía, se ha encarrilado en las últimas horas.

Que se ha puesto toda carne en el asador lo evidencia una cifra: los 376 millones de financiación, en su mayoría con fondos públicos e institucionales, que se han puesto encima de la mesa. Por partes, 155 millones han sido los aportados por Gobierno vasco (45), BBK (45) y Vital (20), que se han añadido a los 45 del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, para poder afrontar la compra del 29,7% de las acciones de Talgo que tiene el fondo inversor Trilantic. De otra parte, están los 116 millones de la multa de Renfe que el operador público ha financiado en siete años a empezar en 2031 con un interés de euríbor más punto y medio. Y, por último, los 150 millones del préstamo participativo convertible que acaban de acordarse. De ellos, 75 millones serán de la Sepi y otros tantos del paquete del crédito público-privado diseñado en tiempo récord por el Gobierno vasco.

Aunque Lehendakaritza habría preferido separar la cuestión de los traspasos competenciales que se iban a tratar ayer en Moncloa, hizo de la necesidad virtud y apretó el acelerador para amarrar una operación de enrome calado simbólico y estratégico para Euskadi. En una legislatura en la que el Gobierno vasco aspira a dar un giro de timón a una política industrial que llevaba años atrapada por la inercia, la 'operación Talgo' se ha convertido en todo un símbolo de la defensa del arraigo productivo vasco.

El 'modelo Talgo', que los responsables públicos han calificado como una 'solución de país', condensa la filosofía sobre la que quiere basarse el nuevo giro industrial: alianzas público-privadas que garanticen el control estratégico de compañías clave. La fórmula combina, por un lado, la implicación de José Antonio Jainaga como socio de referencia en la adquisición del 29,7% de las acciones que posee el fondo británico Trilantic. El empresario –y presidente de Sidenor– ha sido reiteradamente elogiado por el Ejecutivo vasco, que le concedió la semana pasada el premio Joxe Mari Korta e incluso ha invertido capital público en otras dos empresas suyas, se trata de la adquisición por 70 millones del 49% de Innometa y Omnia Electronics. De la cantidad, el fondo Finkatuz del Gobierno puso 35 millones, por 17 la Vital y otros tantos el Family Office de Carmen Lequerica.

La operación de Talgo, que reúne un inaudito consenso entre el grueso de fuerzas políticas del Parlamento vasco ha activado la Alianza Financiera Vasca: una propuesta de colaboración público-privada que aglutina a las principales entidades financieras del territorio con el objetivo de movilizar recursos estratégicos para garantizar el arraigo empresarial y proteger sectores clave de la economía vasca frente a dinámicas especulativas o deslocalizadoras. En ese marco, Lakua prevé una inversión pública de mil millones de euros, con la que aspira a traccionar hasta 3.000 millones adicionales de capital privado.

Talgo, en este sentido, ha puesto a prueba la capacidad de resiliencia de una política industrial que quiere ser más proactiva, ya que la operación ha estado en más de una ocasión cerca de truncarse. En cualquier caso, el gran reto llegará una vez se consolide el desembarco del consorcio vasco en la compañía: diseñar un nuevo plan que dé salida a la cartera de pedidos del fabricante ferroviario y aproveche las oportunidades de crecimiento que ofrece el sector en Europa.

La operación tiene además un enorme valor simbólico, ya que implica el retorno de la sede fiscal y social de Talgo a Álava. La compañía se trasladó a Madrid por la cercanía del cliente estatal representado en el Gobierno y la tensión de la amenaza terrorista de ETA. Sin embargo, su principal centro de operaciones ha seguido siendo la planta alavesa de Rivabellosa, convertida en un referente industrial del grupo. El regreso de la sede refuerza así no solo el arraigo territorial de la empresa, sino también el relato de recuperación de activos estratégicos que impulsa el Gobierno vasco.

Esta apuesta de Lakua llega, además, en un momento clave para Europa, donde las instituciones comunitarias insisten cada vez con más fuerza en la necesidad de reforzar la autonomía estratégica para hacer frente a un contexto internacional cada vez más inestable. En este marco, proliferan los documentos que reclaman una colaboración más estrecha entre el sector público y el privado como vía para sostener la competitividad. En esta misma línea se pronunció en febrero el consejero Mikel Jauregi, que en una entrevista expresó su «sorpresa» por la escasa implicación del ahorro vasco en la economía productiva y apeló a una mayor corresponsabilidad financiera en el futuro del modelo industrial del país.