Las inversiones en medioambiente apenas calan entre las empresas de Gipuzkoa

Y es que, según los datos recogidos en la Hacienda foral, cae un 65% la cifra de empresas guipuzcoanas que ha realizado inversiones o gastos relacionados con actividades medioambientales incentivables -dentro del Impuesto de Sociedades- entre los años 2010 y 2017 -últimos disponibles-. En el primer año analizado, hubo 40 compañías del territorio que realizaron diferentes inversiones, 30 relacionadas con la conservación del medioambiente y 10 con las tecnologías limpias. Siete años más tarde, sólo 14 empresas de Gipuzkoa tomaron ese camino -ver gráfico adjunto-.

¿Cuáles son las razones para explicar el escaso número de empresas que invierte en sostenibilidad? Expertos consultados por este periódico señalan que la práctica inexistencia de estímulos fiscales anula el interés de las compañías. Como consecuencia, el volumen de las inversiones y las deducciones acreditadas menguan año tras año. La única esperanza procede de los datos de 2018, aún provisionales según remarca el fisco, que indican un repunte, aunque las bases siguen siendo bajas.

Con todo, ¿a qué obedecen esas cifras tan modestas? ¿Por qué la fiscalidad medioambiental es aún una asignatura pendiente en Gipuzkoa? DV se ha puesto en contacto con el departamento de Hacienda del territorio y también ha recabado tres testimonios de firmas guipuzcoanas vinculadas a la sostenibilidad y a la economía circular, que tienen por objetivo reducir tanto la utilización de las materiales primas como la producción de desechos, cerrando los flujos económicos y ecológicos de los recursos.

En lo que respecta a la postura del fisco foral, el departamento que dirige Jabier Larrañaga asegura que la fiscalidad medioambiental es un asunto de relevancia que se viene trabajando desde la anterior legislatura y al que se le va a otorgar tanta o más prioridad a partir de ahora. «Además de estar concienciados y formar parte de la estrategia de futuro, este tema se halla en el acuerdo de Gobierno. Hay un apartado específico que habla de trabajar la fiscalidad medioambiental y ahora mismo estamos en fase de análisis incipiente, que continuará en 2020», revela Larrañaga.

Es decir, Gipuzkoa quiere saber dónde está y dónde están los demás países para poder importar ideas. Ver lo que funciona fuera para incorporarlo, pero aún no se ha definido con exactitud el rumbo a tomar. ¿El plazo? Las mismas fuentes forales señalan el ecuador de la legislatura -año 2021- como el momento en el que podría haber medidas tangibles. Por lo tanto, los primeros pasos que se dieron en la anterior legislatura se profundizarán en ésta.

Larrañaga, que no se inclina a detallar las razones que expliquen la senda descendente en las inversiones de las empresas guipuzcoanas relacionadas con el medioambiente, quiere dejar clara una cosa. «Si alguien hace una inversión por el incentivo fiscal, vamos mal. Igual que sucede en el I+D. El incentivo debe funcionar como reconocimiento, como cofinanciación». Es decir, en Errotaburu quieren que una empresa invierta en medioambiente por conciencia y por un factor de competitividad. En ningún caso, por el mejor tratamiento fiscal.

Con todo, desde la institución foral se aferran a que de un tiempo a esta parte las inversiones en general están menguando en el territorio debido al contexto de incertidumbre económica mundial, que está provocando cierto conservadurismo en las compañías. Y como la fiscalidad medioambiental es importante, pero no prioritaria ni urgente, se esgrime como una de las causas para explicar la línea descendente en las inversiones de las empresas.

Las tres empresas guipuzcoanas con las que este periódico se ha puesto en contacto centran sus peticiones fundamentales en la ampliación del límite de las deducciones por I+D y la reducción del IVA.

En la empresa de Andoain Eko-REC, que se dedica al reciclaje y a la transformación de plástico, tratan 23.000 toneladas de residuos al año. Es la «única empresa de Europa que recicla botellas de plástico» -5 millones cada día- y convierte el material resultante en productos industriales como lámina -para el sector de la alimentación- o la fibra de poliéster -para la moda y la automoción-, detalla David Zabala, responsable del desarrollo de negocio y comunicación de la compañía sita en el barrio de Sorabilla.

Desde Eko-REC señalan dos medidas fiscales como prioritarias para su sector. En primer lugar, ofrecer ventajas impositivas por aspectos como la eficiencia energética o la disminución de la huella de carbono asociada a la actividad productiva. Todo ello con el objetivo, reivindican, de «construir un planeta cada vez más sostenible convirtiendo los residuos en recursos».

La segunda petición que realizan al departamento de la Hacienda foral estriba en ampliar el límite actual del 35% para las deducciones por actividades de I+D, de emprendimiento o de inversión en inmovilizado material o tecnología, siempre y cuando estén orientadas a la sostenibilidad o a la creación de valor medioambiental.

Desde esta empresa andoaindarra consideran que si la premisa habitual de la fiscalidad ambiental es que quien más contamina, más paga, también «creemos interesante aplicar medidas fiscales para que quien hace un esfuerzo por contaminar menos, también tenga ciertas ventajas». Y ponen un ejemplo. Las 23.000 toneladas de residuos de plásticos que reciclan anualmente en su empresa evitan la emisión a la atmósfera de «alrededor de 42.000 toneladas de CO2, el equivalente a lo que conseguirían 500.000 árboles».

Esta compañía asegura que «llevamos y llevaremos a cabo» diferentes inversiones en maquinaria, tecnología e innovación en materia de reciclaje y economía circular porque «estamos comprometidos con la sostenibilidad». Por ello, «vemos la fiscalidad ambiental como palanca» para apoyar a las empresas y al tejido industrial vasco para hacer frente a los retos medioambientales.

Preguntado por las razones por las cuales las empresas guipuzcoanas no se acogen a los incentivos fiscales que ya existen, David Zabala responde que «quizá sea que no son lo suficientemente atractivos ni conocidos por las empresas».

Por eso, Zabala defiende que como las compañías están cada vez más comprometidas con el medioambiente, la fiscalidad «debería incentivar» inversiones de carácter medioambiental. Eso sí, también matiza, en línea con Larrañaga, «siempre que la inversión esté supeditada a la estrategia de negocio y no simplemente a que existan incentivos fiscales para acometerla». En definitiva, al igual que asegura el diputado de Hacienda, «no hay que invertir porque hay incentivos, sino que hay que hacerlo porque se considera estratégico para el negocio».

Ekotrade, empresa de Astigarraga dedicada al reciclaje de residuos de construcción, también envía un puñado de reivindicaciones en materia medioambiental. En primer lugar, pide crear un registro de empresas regeneradoras del medioambiente, con una calificación previa, para que tengan «un tipo reducido» en el Impuesto de Sociedades.

Gorka Yarza, gerente de la firma astigartarra, considera necesario equiparar todos los incentivos fiscales en I+D+i -más exitosos- a las inversiones medioambientales. O incluso, «si de verdad se quiere incentivar, que sean superiores, por ejemplo sin límite» en las deducciones por inversión, consideración que comparte con el portavoz de Ekotrade.

También solicita premiar de forma especial a las micro pymes y a los autónomos. Como cuarta medida, Yarza considera que habría que «definir claramente qué es una inversión medioambiental para que no haya dudas y no haga falta la exigencia de una calificación previa. Ya que esto supone trabajo burocrático, dudas sobre la resolución, retrasos y, por lo tanto, retrae la decisión de inversión».

Finalmente, Yarza apunta interesante crear una mesa de trabajo entre la Diputación y las principales empresas medioambientales para tratar sobre estos temas.

Desde la Fundación Emaús, que se dedica a la recuperación y el comercio de residuos preparados para su reutilización, señalan el IVA como su reclamación fundamental en clave fiscal. A ellos se les aplica el tipo general, de un 21%, cuando lo que piden es el reducido o incluso el superreducido, del 10% o del 4%, respectivamente. Su presidente, Javier Pradini, se remite a un documento en el que analiza la perspectiva fiscal de las entidades de economía social. En él se recoge que la norma estatal que regula el IVA contempla supuestos concretos en los que se aplica el tipo de gravamen del 10% en las operaciones con residuos, pero el referido tipo impositivo reducido se aplicará «sólo a aquellas operaciones que tengan la calificación de prestaciones de servicios,» a efectos del IVA, y que consistan en la «recogida, transporte o valorización de residuos». Por lo tanto, no a la entrega de bienes usados -a los que se les aplica un IVA general, del 21%-.

El problema que se plantea, agrega, es el del tipo aplicable a las operaciones de transmisión de los residuos previamente valorizados como, por ejemplo, una lona publicitaria reconvertida en bolso. De acuerdo con la legislación de residuos, «no se puede decir que se haya puesto fin a la condición legal de residuo, de acuerdo con la Directiva europea marco.

Por lo tanto, podría plantearse la aplicación del tipo reducido del 10%, frente al 21% actual, cuestión ésta que ayudaría a la reutilización del producto. En efecto, se favorecería el reciclaje por terceros. Así, el poseedor de un residuo, al que ha sometido a operaciones de valorización, pasaría a cumplir una función particular en la economía con su puesta en el mercado».

Finalmente, desde Emaús aseguran que varios Estados miembros de la UE ya han realizado esfuerzos para reducir el IVA tanto en bienes de segunda mano como en servicios de reparación.