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El proyecto de norma foral de la reforma fiscal tendrá un impacto de 88 millones de euros en las arcas guipuzcoanas. O lo que es ... lo mismo, permitirá que los contribuyentes guipuzcoanos se ahorren esa cantidad en el pago de los impuestos. Es la estimación sobre la huella recaudatoria que recoge la memoria económica elaborada por la Diputación, publicada este mismo martes.
Esta revisión pactada por PNV y PSE, pendiente de aprobarse aún en Juntas Generales, donde el Gobierno foral necesita el apoyo de uno de los partidos de la oposición (EH Bildu, PP o Elkarrekin Podemos) incluye numerosas deducciones que pretenden aliviar a los colectivos más vulnerables y a las clases medias del territorio. Unas ventajas fiscales de las que se beneficiará el 80% de los contribuyentes del territorio, unos 330.000 guipuzcoanos, tal y como anunció la diputada foral, Itziar Agirre, en una entrevista publicada por este periódico el pasado 24 de noviembre.
La memoria recoge las modificaciones propuestas hasta la fecha, a la espera del debate político pendiente en Juntas Generales, que persiguen responder a una serie de retos a los que se enfrenta Gipuzkoa para seguir siendo una economía competitiva al mismo tiempo que sostiene el Estado del bienestar y protege a sus colectivos más vulnerables.
Así, las principales medidas incorporadas al proyecto que recoge la memoria económica del fisco ascienden a 22 en el IRPF (el tributo que grava la renta de un contribuyente a lo largo de un ejercicio) y a 4 en el impuesto de Sociedades (que grava los beneficios empresariales). El impacto recaudatorio previsto en IRPF asciende a 60,4 millones, lo que representa un 68,6%, mientras que en el caso de Sociedades la cifra es de 27,6 millones.
En el caso del IRPF, que representa el grueso junto al IVA de la recaudación de Hacienda (un 76%), hay tres medidas que aglutinan prácticamente el 82% del esfuerzo financiero que tiene previsto realizar la institución foral en este tributo. Se trata de la nueva bonificación de rendimientos sobre el trabajo, con 33 millones; las prestaciones en forma de renta de sistemas de previsión social, con 12,2 millones, y la deducción por aportaciones a planes de previsión social de empleo preferentes.
La medida que mayor impacto suma en Sociedades, según el fisco, es la que guarda relación con la deducción por contribuciones a entidades de previsión social voluntaria de empleo, con una estimación de 19,7 millones.
La reforma fiscal de Gipuzkoa busca potenciar la apuesta por la «innovación y la competitividad del tejido económico y social» para hacer frente a desafíos como el del reto demográfico con una sociedad cada vez más envejecida, las debilidades del medioambiente, la igualdad de género, la protección de las rentas más bajas, la conciliación de la vida personal y laboral o el acceso a la vivienda, el empleo y las pensiones.
La Hacienda foral confía en que la reforma se apruebe esta primavera. Se ha fijado la Semana Santa, que será a mediados de abril, como una fecha factible. Entretanto, al proyecto le espera un trámite político en las próximas semanas con un calendario concreto.
Las Diputaciones forales tienen la competencia en materia de fiscalidad en virtud del Concierto Económico. Y es en Juntas Generales donde cada uno de los territorios vascos tiene la potestad de aprobar las leyes tras las votaciones de las sesiones. La próxima cita se espera «en un plazo de unos quince días», cuando la diputada foral presentará el proyecto y defenderá sus tesis principales como mejor vía para el progreso de Gipuzkoa.
Posteriormente, hay un plazo de alrededor de dos semanas para presentar las enmiendas de los diferentes partidos políticos, en caso de que las hubiere. El proyecto ha pasado este lunes por la Mesa de Juntas y desde la Hacienda foral confían en que la reforma salga adelante para el beneficio del conjunto de Gipuzkoa.
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