Los grandes municipios de Gipuzkoa ingresan por el IBI un 9% más que hace una década

Según los datos proporcionados por los departamentos de Hacienda de cada consistorio, la recaudación por el IBI –sólo se ha tenido en cuenta el IBI urbano, el más sustancial por impacto recaudatorio– alcanzó los 120,4 millones de euros en su conjunto en 2023 frente a los 110,7 de 2014. Es decir, 9,68 millones más. De esta subida, el 84% corresponde a San Sebastián e Irun, las dos localidades más importantes de Gipuzkoa, donde más inmuebles y de más valor hay.

¿Pero cómo se calcula el IBI? Se trata de un tributo de carácter local, gestionado por los ayuntamientos y dependiente de la Ley de Haciendas Locales –en el caso de Euskadi, que tiene competencia en esta materia gracias al Concierto Económico, de las Diputaciones forales–. Es una de las principales fuentes de financiación de los ayuntamientos, y su recaudación se destina a cubrir los gastos de los servicios e infraestructuras locales. Por tanto, el IBI tiene un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos y en el desarrollo económico de los municipios.

El importe del IBI se determina a partir de dos elementos fundamentales: el valor catastral o fiscal del inmueble y el tipo de gravamen aplicable. La determinación del valor catastral, que refleja su valor en el mercado y se actualiza periódicamente, compete a la Diputación. Suma el valor del suelo y el valor de la construcción –base imponible–.

¿Y cómo se llega al valor catastral? Es un complicado procedimiento administrativo que parte de estudios de mercado inmobiliario y concluye en la redacción de unas ponencias de valores en las que se refleja el valor de los inmuebles. ¿Y qué es la ponencia de valores? Según detalla la Diputación, se trata de un documento administrativo en el que se recogen los criterios, tablas de valoración, planeamiento urbanístico vigente con la delimitación de suelo de naturaleza urbana que corresponda y demás elementos precisos para llevar a cabo la fijación de los valores catastrales.

Hablamos de aspectos como la localización del inmueble, el valor del suelo o del inmueble en el mercado actual, las características urbanísticas del suelo, el coste material de las construcciones y la antigüedad del edificio. En 2016 se realizó la última ponencia de valores en Gipuzkoa, que estaba sin actualizar desde 2001. El 76% de los municipios guipuzcoanos, incluidos los más poblados de Donostialdea, Bidasoaldea y Pasaialdea, vieron cómo sus viviendas, trasteros, garajes y oficinas se encarecieron en esos quince años. Solo 21 de las 88 localidades de Gipuzkoa asistieron a una depreciación de sus inmuebles. Sumando las circunstancias de cada pueblo, en el conjunto del territorio el valor de esos locales urbanos aumentó un 10,44%, un total de 5.674 millones de euros.

Una vez calculado el valor catastral, se le aplica el tipo de gravamen, un porcentaje que varía según el municipio y el tipo de inmueble –urbano o rústico–, y que es fijado por el ayuntamiento correspondiente.‍ Los más habituales y los que más peso tienen en la recaudación son los inmuebles de naturaleza urbana, cuyos valores catastrales oscilan entre el 0,4 y el 1,3%. El ayuntamiento es quién finalmente decide el valor dentro de esos límites.

De esa lista de doce consistorios guipuzcoanos consultados, en cinco han reducido el tipo impositivo entre 2014 y 2023 –Irun, Beasain, Hondarribia, Errenteria y Zarautz– y uno lo ha congelado –Eibar–. En el resto sí se han aplicado subidas a lo largo de esa década, aunque poco significativas, según las consultas realizadas en el capítulo de Ordenanzas de Udalgida, la web perteneciente a la Diputación foral que recopila los indicadores y estadísticas referidas al ámbito municipal. Para que se hagan a la idea, en el caso de San Sebastián, la presión tributaria general en el IBI apenas ha registrado un incremento del 2,6% en una década, cuando sólo el año pasado el IPC en Gipuzkoa subió un 3,3%.

Es decir, gracias al incremento de valores catastrales de la última ponencia, los ayuntamientos tienen asegurados unos recursos elevados aunque congelen o incluso reduzcan un poco los tipos. Así, además, no ahogan las maltrechas economías familiares. El segundo factor relevante para generar los mismos ingresos sin necesidad de subir los impuestos tiene que ver con la edificación de varias promociones de viviendas, que elevan esa base imponible. Ello implica que aun manteniéndose o bajando el gravamen, la recaudación suba. Otras fuentes consultadas apuntan que es posible que por cuestiones urbanísticas, haya ocasiones en las que se construyan nuevas edificaciones que también afecten al padrón del IBI, o haya suelo que pase de ser rústico a urbano...

Por tanto, ya ven que hay multitud de factores que influyen en la evolución monetaria del IBI. Lo que sí es un hecho es que este impuesto supone el mayor ingreso de los ayuntamientos guipuzcoanos en lo que a recaudación tributaria se refiere. Después del IBI figuran impuestos como el de actividades económicas –IAE– o las tasas del agua y las basuras, aunque el ingreso general que más peso tiene en las arcas locales es el FOFIM –Fondo Foral de Financiación Municipal–, que el año pasado registró un nuevo récord con 614,9 millones de euros a repartir entre los 88 municipios guipuzcoanos.