Gipuzkoa recaudará 6,6 millones con el Impuesto a la Banca aprobado ayer en Juntas

Junto a este tributo, Gipuzkoa también dio ayer luz verde al nuevo Impuesto Complementario del 15% sobre los beneficios de grandes grupos nacionales y multinacionales. No obstante, su impacto económico aún no puede cuantificarse, ya que la información fiscal disponible es insuficiente y su aplicación depende de cómo se despliegue la normativa equivalente en otras jurisdicciones donde operan estos conglomerados, cita la propia Hacienda foral en la memoria económica. Aun así, los análisis preliminares de la Diputación apuntan a que menos de cinco matrices con normativa guipuzcoana cumplirán los requisitos para quedar sujetas al tributo, lo que evidencia un colectivo afectado muy reducido.

Este impuesto fue acordado por 138 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para aplicarlo a las compañías que ingresaran más de 750 millones de euros al año.Su objetivo es evitar que las compañías desplacen beneficios a territorios de baja o nula tributación.

El impuesto a los grandes grupos multinacionales tiene efectos para los periodos impositivos que comiencen desde el 31 de diciembre de 2023, y es necesario garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes para su aplicación en Gipuzkoa, puesto que el primer devengo de este tuvo lugar el pasado 31 de diciembre de 2024, según explicó la Diputación en un comunicado a principios de este año. Conviene resaltar que este tributo excluye de la aplicación a entidades públicas, ONG, fondos de pensiones y de inversión inmobiliaria cuando sean matriz última.

Estas dos figuras impositivas forman parte del paquete de tres Normas Forales que las Juntas Generales aprobaron ayer en pleno, y posicionan a Gipuzkoa como el primer territorio histórico de Euskadi en culminar la adaptación a los acuerdos alcanzados en la Comisión Mixta del Concierto Económico. La diputada foral de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre, valoró positivamente el paso dado, destacando que las medidas «suponen un avance notable en el autogobierno fiscal y en la capacidad del territorio para regular y recaudar sus propios impuestos». Subrayó además que el impuesto complementario del 15% representa un «hito en la integración de Gipuzkoa en la fiscalidad internacional».

La reforma incluye también una actualización de la normativa tributaria del territorio para adecuarla a las últimas modificaciones del Concierto Económico. Entre los cambios más relevantes se encuentra el aumento del umbral de volumen de operaciones de 10 a 12 millones de euros en varios impuestos para determinar la normativa aplicable, nuevas reglas en el tributo sobre la renta de no residentes –que pasa a ser de normativa autónoma para quienes cuenten con establecimiento permanente– y la introducción de exenciones como la relativa a las compensaciones para las víctimas del amianto en el IRPF. Asimismo, se incorporan mejoras técnicas en el impuesto sobre sociedades, junto a medidas destinadas a impulsar la transición energética y el desarrollo sostenible, así como diversos ajustes vinculados a la reciente reforma fiscal.

Desde Podemos Euskadi se felicitan de que el impuesto a la banca vaya a ser una realidad el próximo año gracias a que su formación introdujo este tributo en el acuerdo de revisión fiscal suscrito con el PNV y el PSE en marzo de este año. El partido morado también se congratula de que el nuevo impuesto a la banca sea «más exigente» en relación al contenido que en el proyecto de norma foral que planteaban PNV y PSE sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras.

Ha sido este mismo año cuando las tres Hacienda forales de Euskadi han aprobado una reforma fiscal repleta de incentivos y deducciones fiscales, pero hay que remontarse hasta 2022 para encontrar otros nuevos impuestos que se incorporaron a nuestro sistema fiscal propio.

Fueron las tasas Tobin y Google.El primero grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros, mientras que el segundo grava con un 3% a aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, dirigiéndose a servicios como la publicidad online o aquellos que tienen que ver con la intermediación en línea o la venta de datos servicios de publicidad en línea. Ese mismo año también se aprobó el impuesto al plástico.