La ONU incluye a CAF entre las empresas que se benefician de la guerra en Palestina

Según el documento publicado por la ONU, y al que ha tenido acceso este periódico, los motivos por los que CAF ha sido incluida son tres. El primero, relativo al punto 'a' del epígrafe 96 es «el suministro de equipos y materiales que faciliten la construcción y la ampliación de los asentamientos y el muro». El segundo motivo, el 'e', es «la prestación de servicios y suministros que respaldan el mantenimiento y la existencia de los asentamientos, incluido el transporte». Por último, en el punto 'g', las Naciones Unidas acusa a CAF del uso de los recursos naturales, «en particular el agua y la tierra», con fines comerciales.

Pero la empresa ferroviaria con sede en Beasain no es la única occidental. En ella también figuran dos compañías francesas, otras dos británicas y otras españolas (Ingeniería y Economía del Transporte –Ineco–, y Sociedad Española De Montajes Industriales –SEMI–).

Sobre esta precisa cuestión, secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, afirmó hace escasas semanas que «ya es hora de que los Estados, las instituciones públicas, las empresas, las universidades y otros actores no estatales pongan fin a su adicción letal a las ganancias y los beneficios económicos a toda costa. La prolongada ocupación ilegal y décadas de apartheid ha requerido un apoyo a fondo y continuo a Israel mediante las relaciones económicas y el comercio. Mantener 23 meses de bombardeos incesantes y un genocidio en curso ha requerido un suministro interminable de armas y equipos de vigilancia respaldado por unas relaciones comerciales privilegiadas y unos Estados y unas empresas dispuestos a ignorar lo indefendible».

El proyecto de Jerusalén fue adjudicado en 2019 a favor de TransJerusalem JNet Ltd., sociedad participada al 50% por la constructora israelí Shapir Civil & Marine Engineering Ltd (Shapir) y CAF, con un valor total aproximado de 1.800 millones de euros. Según informaciones provenientes de la empresa, comprende la construcción de la Línea Verde y la ampliación de la Línea Roja existente, que discurren parcialmente por Jerusalén Este. Se estima que esta fase de construcción concluya en 2027.

Asimismo, el proyecto, informó la empresa ayer en un comunicado, «incluye la operación de ambas Líneas durante 15 años (extensibles a 25 años) y su mantenimiento durante 25 años», a través de otra sociedad participada igualmente al 50% por la israelí y la beasaindarra, que comenzó su actividad en 2021.

En un comunicado publicado por CAF este jueves, la compañía afirmó ser «plenamente consciente de las complejas implicaciones jurídicas y éticas vinculadas al proyecto de Jerusalén», en particular en relación con el Derecho Internacional Humanitario y la responsabilidad de las empresas, y de la importancia de equilibrar «cuidadosamente la protección de los derechos humanos con la necesidad de ofrecer a la población una infraestructura esencial para todas las comunidades, sin discriminación». Un hecho que ha recordado el lehendakari Pradales este viernes durante la sesión de control del Parlamento Vasco.

Como medida previa a la firma del contrato, la beasaindarra realizó un análisis legal, a través de consultas a expertos independientes, incluyendo catedráticos en Derecho Internacional y expertos de las Naciones Unidas, que confirmaron la «ausencia de cualquier incumplimiento» derivado de la participación de CAF en el mismo. «Esta conclusión se encuentra asimismo respaldada por la sentencia de la Corte de Apelación de Versalles dictada en relación con la Línea Roja, en la fase previa a su ampliación, que desestimó la vulneración del Derecho Internacional por las empresas participantes en el proyecto», concluía el escrito.