Un juez anula el decreto del Ayuntamiento de Azpeitia que impedía reabrir Corrugados

La sentencia, adelantada este miércoles en exclusiva por este periódico en su web, precisa que no se pronuncia sobre si el grupo extremeño cumplía o no los requisitos para retomar la actividad, pero sí deja claro que no había motivos que justificaran la decisión de la Alcaldía de «caducar» previamente «la licencia de actividad». Algo que «no se ajusta a derecho» e imposibilitaba a CL intentar al menos poner en marcha su proyecto. El Ayuntamiento anunció este miércoles a última hora de la tarde que recurrirá el fallo, aunque a efectos prácticos la nave está desmantelada y el grupo CL ya desistió en mayo de 2021 de su plan de reabrir la fabrica de barras de hierro y acero para construcción y otras actividades.

Corrugados, con más de 400 trabajadores y bajo la propiedad del Grupo Gallardo, entró en barrena tras no poder superar los efectos de la gran crisis financiera de 2008, y fue objeto de distintas operaciones y ventas para intentar reflotarla, todas ellas fallidas. El último salvavidas parecía el del grupo extremeño Cristian Ley, que tenía previsto invertir 50 millones y crear 200 empleos directos, amén de otros 500 indirectos. La Alcaldía, no obstante, no confiaba en los promotores y además rechazaba reabrir una planta enclavada en la zona urbana de Amue.

La sentencia, de 17 folios, recoge que CL sí tenía «voluntad» de reabrir la planta, y que había proseguido con todas las labores obligadas de mantenimiento pese a su cierre. Y en ese sentido, no incumplió los requisitos para retomar la actividad, como sostenía el decreto ley municipal. El juez tampoco observa obstáculo urbanístico a la reanudación de la actividad y sentencia que el decreto de Alcaldía «infringe el meritado régimen jurídico urbanístico del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)», que no contemplaba ninguna prohibición para que las instalaciones volvieran a funcionar. Añade que el decreto de alcaldía ahora impugnado «vulnera el planteamiento urbanístico y territorial cuyos intereses dice defender».

Sobre la autorización ambiental, el fallo, firmado el pasado 15 de septiembre, añade que era competencia del Gobierno Vasco, no del Ayuntamiento de Azpeitia, y considera que «con las medidas correctoras oportunas», la actividad de Corrugados Azpeitia, a través de CL, podía haber cumplido los requisitos. La contaminación medioambiental fue otro argumento esgrimido por el consistorio. Se barajó un traslado a otra zona, Trukutxo, pero todo quedó en agua de borrajas.

El juez recuerda que tras las «adaptaciones oportunas», el nuevo grupo promotor había aprobado un programa de inversiones de 50 millones y preveía la creación de 270 empleos, y que contaba con la «conformidad y apoyo» del Gobierno Vasco, en manos de PNV y PSE, y la Diputación de Gipuzkoa, liderada por ambos partidos. La polémica política entre EH Bildu y PNV por el fiasco de la operación fue de pantalón largo. El año pasado, la empresa eibarresa Hierros Servando proyectó una planta de reciclaje en el pabellón de Trukutxo, aunque no se ha concretado nada.