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El auditor del Consejo de Estado de Bélgica ha recomendado suspender la decisión de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belgas (NMBS) de adjudicar a la ... guipuzcoana Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) el megacontrato para la construcción de cientos de nuevos trenes, valorado en 3.400 millones de euros, según informa un medio belga. La empresa franco-belga Alstom, que también compitió por este contrato, presentó un recurso ante el Consejo de Estado tras no ser seleccionada, argumentando que su oferta era más económica y que la decisión de la NMBS no consideró adecuadamente el impacto en el empleo local en su planta de Brujas. Se espera una decisión definitiva en un plazo de una a tres semanas.
El Consejo de Estado revisará el informe, que es consultivo y no vinculante, dentro de un proceso habitual en este tipo relaciones contractuales. Este caso ha generado un debate significativo en Bélgica sobre la importancia de considerar el empleo local en los procesos de contratación pública, y sobre el cumplimiento de las normativas europeas en materia de licitaciones, una cuestión rigurosamente seguida por la compañía que dirige Javier Martínez Ojinaga.
Alstom, que mantiene alrededor de un millar de empleos directos e indirectos en la región flamenca, denunció públicamente que su oferta no solo era más económica, sino que garantizaba mantenimiento y carga de trabajo local, elementos que, en su opinión, no fueron suficientemente valorados por NMBS a la hora de adjudicar el contrato a CAF. La reacción política y social no se hizo esperar, y diversas voces, tanto desde el Parlamento como desde los sindicatos, han criticado la decisión por ignorar el impacto socioeconómico que tendría una pérdida de actividad en Brujas.
La ferroviaria guipuzcoana, por su parte, fue seleccionada como licitador preferente en un proceso de adjudicación de contrato siguiendo todos los procedimientos y normativas europeas en lo que respecta a la competencia. La empresa Alstom, no obstante, presentó recurso ante el Consejo de Estado, el máximo tribunal administrativo del país, solicitando la suspensión del contrato por considerar que hubo una infravaloración injustificada de su oferta y un trato desigual.
Desde el Gobierno belga y NMBS han evitado por ahora hacer declaraciones hasta que el Consejo de Estado emita una decisión definitiva, prevista en las próximas semanas. Mientras tanto, CAF, adjudicataria provisional del contrato, queda a la espera de una resolución, un proceso habitual en estos casos.
Con un valor estimado de 3.400 millones de euros, se trata de una de las adjudicaciones públicas más grandes jamás realizadas en Bélgica en materia de transporte. El proyecto prevé la construcción de más de 100 trenes eléctricos de doble piso que deben renovar y modernizar la flota nacional a lo largo de los próximos años.
Este contrato forma parte del ambicioso plan de NMBS para hacer frente al envejecimiento de su parque ferroviario y responder a la creciente demanda de movilidad sostenible. Además de su importancia técnica, el contrato tiene un alto componente estratégico e industrial. El fabricante adjudicatario será responsable no solo de la construcción, sino también del suministro de repuestos, formación de personal y soporte técnico durante décadas.
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