Las instituciones buscan una salida conjunta con Cofides para salvar Astilleros Balenciaga

Los Ministerios de Economía e Industria del Gobierno central, el departamento de Industria del Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Zumaia participaron en el encuentro con Cofides, representado por su presidenta, Ángela Pérez. Las instituciones vascas ponen el foco en este organismo dependiente del Gobierno central, que sigue exigiendo íntegra a Balenciaga su deuda de doce millones, y buscan una solución conjunta con el financiador estatal para salvar Balenciaga, según fuentes participantes en el encuentro consultadas por DV.

Las distintos participantes no ofrecieron detalles de la cita, más allá de confirmar que siguen trabajando con «discreción». En el encuentro estuvieron, entre otros, representantes de ambos ministerios, la delegada del Gobierno central en Euskadi, Marisol Garmendia, el viceconsejero de Industria del Ejecutivo autonómico Andoitz Korta, y el alcalde de Zumaia, Iñaki Ostolaza. Las instituciones vascas tiene previsto reunirse hoy con el comité de empresa, en una cita privada, para informarles de la situación.

El encuentro de ayer se produjo precisamente el día en que se conocieron nuevos detalles del auto judicial sobre el concurso voluntario de acreedores de Astilleros Balenciaga, al que ha tenido acceso este periódico. La resolución rebaja la cifra de la que se había hablado (37 millones) a menos de diez: «Tenía un fondo de maniobra claramente negativo, con un pasivo corriente de 8.145.855 euros y un activo corriente de 2.339.281 euros», reza. La homologación judicial del plan de reestructuración reducía a esa cifra la deuda de la compañía.

El auto aclara que, aunque el astillero «había conseguido la aprobación y homologación de un plan de reestructuración, éste contemplaba una serie de medidas para asegurar la viabilidad en el corto y medio plazo entre las que estaba la venta de los dos buques que indirectamente posee a través de su filial Urola Shipping», algo que empresa y sindicatos resaltan como prueba de que la empresa puede seguir adelante.

Una venta que, sin embargo, «no se puede llevar a cabo por la negativa de uno de sus acreedores a levantar voluntariamente las hipotecas navales que gravan dichos buques». Aunque el juez no lo cita, este acreedor es el fondo de financiación estatal Cofides, que reclama doce millones de euros por el préstamo participativo otorgado a Balenciaga en el marco de las ayudas en pandemia a empresas en dificultades.

Según indica la resolución judicial, «el producto de la venta de los citados buques era esencial para el cumplimiento de las medidas de más próxima atención del plan de reestructuración (primer pago a acreedores previsto para el citado plan) y en evitación de la generación de mayor deuda Balenciaga solicita su declaración de concurso voluntario».

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San Sebastián decretó el martes por la tarde la entrada oficial en concurso de acreedores voluntario de Astilleros Balenciaga, que podría acabar en liquidación si la dirección no logra un acuerdo con el principal acreedor, el financiador estatal Cofides, o aparece un nuevo inversor. La firma PKF Attest, la misma que participó en el concurso de La Naval de Sestao, que no pudo salvarse, será ahora el administrador que supervisará la compañía. Tiene dos meses para elaborar un informe y aclarar el futuro definitivo.