La rigidez de los plazos obliga a las primeras empresas vascas a renunciar a fondos europeos

El caso de Rugui, que lideraba por cuantía la última tanda de ayudas provisionales anunciadas por el Ministerio de Industria, ilustra las dificultades con las que tropiezan algunas empresas para adaptar sus procesos a las exigencias de descarbonización en los plazos marcados por Bruselas. Según ha podido saber este periódico, varias compañías en Euskadi están optando por desistir de estas subvenciones ante la imposibilidad práctica de cumplir los requisitos técnicos y temporales. Cabe subrayar que la CAV ha sido la comunidad autónoma más ágil en la concesión de este tipo de ayudas, ya que ha asignado el 80% de los 1.299 millones recibidos. El Gobierno central tampoco percibe una dinámica generalizada de rechazo a este tipo de subvenciones.

La electrificación completa de procesos industriales -como el paso del gas a la electricidad- requiere habitualmente inversiones que van más allá del propio cambio tecnológico. Por ejemplo, en muchos casos las empresas deben financiar centros de transformación eléctrica que luego no pueden incorporar como activos propios, lo que los excluye de las ayudas. En otros, se necesitan ampliaciones físicas de las instalaciones productivas que dependen de planes urbanísticos municipales con ciclos de aprobación lentos y complejos. La suma de estos obstáculos hace que, incluso logrando una asignación de potencia, algunas compañías -en ningún caso todas, ni muchas- vean el Perte como un incentivo insuficiente.

Rugui presentó su proyecto en marzo de 2024, pero optó por otras vías de inversión tras meses de espera sin respuesta. Cuando finalmente se publicó la resolución provisional el pasado jueves, la empresa ya había desechado la posibilidad de retomar un proyecto que se había vuelto inviable por acumulación de trabas. Además, la azkoitiarra, ante la lentitud en la concesión de la subvención, puso en marcha su propio proyecto. Su renuncia se suma a las de otras firmas que, en la práctica, se han quedado sin margen real para ejecutar las actuaciones antes de la fecha límite.

Ante esta circunstancia, el Gobierno de España y otros países europeos negocian actualmente con Bruselas una ampliación del plazo límite, que actualmente está en agosto de 2026, según ha podido saber este periódico. El objetivo es dar más oxígeno a las iniciativas que han sido seleccionadas en la última fase del reparto de fondos. Pero no hay garantías de que prospere. Mientras tanto, en Euskadi, 965 millones adjudicados por las administraciones central y autonómica siguen en fase de ejecución o aún pendientes de arrancar.

Algunos de estos proyectos están ligados a grandes inversiones como la futura planta de Mercedes-Benz en Vitoria-Gasteiz, que ha obligado incluso a activar concursos extraordinarios de acceso a la red eléctrica para garantizar su conexión urgente, debido precisamente a los plazos impuestos por el Perte del vehículo eléctrico.

En cualquier caso, el caso de Rugui evidencia también la desconexión que a menudo existe entre el diseño de los programas públicos y la operativa real del tejido industrial. Sin embargo, hace escasos días, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, aseguró, sobre el retraso advertido por Bruselas en la asignación de los 12.000 millones del Perte Chip, que España es «el país más avanzado en la asignación de los fondos de recuperación».

Además, Bruselas anunció esta semana una serie de medidas para facilitar y acelerar la ejecución de los fondos europeos que todavía siguen bloqueados en muchos países, entre ellos España, que tiene asignados cerca de 80.000 millones de euros en subvenciones no reembolsables y otros 83.000 millones en créditos blandos. Una de las fórmulas planteadas es permitir que esos fondos se destinen a partidas como defensa. También se abre la puerta a canalizar recursos hacia proyectos europeos clave como la conectividad segura por satélite o la futura unión espacial europea. Otra vía de flexibilización afecta a los compromisos vinculados a los préstamos: si España no puede cumplir a tiempo ciertos objetivos para acceder a los créditos, podrá sustituirlos por otros más viables.