Las eléctricas, en pie de guerra para evitar soportar una de las retribuciones en redes más bajas de Europa
Acaba el plazo de alegaciones a la tasa que propone la CNMC con un clima de incertidumbre sobre las inversiones tras el apagón
El colapso eléctrico que fundió a negro la Península Ibérica el 28 de abril puso de manifiesto la necesidad de renovar una red obsoleta ... para evitar futuros cortes. Pero a la batalla política para aprobar las medidas que protejan al sistema de nuevos episodios tras el rechazo del Congreso al paquete antiapagones -y que ha llevado al Gobierno a recuperar algunas de estas propuestas en un real decreto descafeinado- se suma un nuevo frente, de carácter económico, entre las eléctricas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Hoy termina el periodo de alegaciones a la tasa del 6,46% para el periodo 2026-2031 que propuso la CNMC en julio y que supone un aumento respecto al 5,58% del periodo actual pero que se ha topado con el rechazo frontal de las eléctricas al considerarlo «insuficiente». Aelec, la patronal que integra a las principales firmas del sector, exige una retribución más «coherente» en torno al 7,5% en línea con los principales socios europeos y tanto Iberdrola como Endesa han advertido que reducirán sus inversiones si esta no se revisa al alza.
Los CEO de ambas compañías reforzaron este mensaje tras anunciar que presentarían alegaciones. Ignacio Sánchez Galán aseguró en un reciente encuentro con analistas que la propuesta del regulador español envía «señales claramente negativas» para invertir en redes y apenas una semana después la compañía anunció una ampliación de capital acelerada de 5.000 millones de euros para acometer nuevas oportunidades de inversión en redes en EE UU y Reino Unido aprovechando los nuevos marcos tarifarios y regulatorios en sendos mercados. Por su parte, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, calificó de «austericidio» la situación que si avecina si la retribución que se ha puesto sobre la mesa no mejora hasta el entorno del 7%-7,7%.
El regulador tendrá que valorar ahora las aportaciones recibidas antes de elevar la propuesta definitiva al Consejo de la CNMC y remitirla al Consejo de Estado. Una vez completados estos trámites, la norma se aprobará y publicará conforme al procedimiento establecido. Se prevé que la norma se apruebe en el último trimestre para pueda entrar en vigor en el plazo previsto.
¿Es razonable el malestar del sector? Albert Banal-Estañol, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y experto en mercados energéticos, resta importancia a la polémica y califica de «sano» el hecho de contar con un órgano independiente que fije esta remuneración a las compañías desde criterios técnicos.
El regulador valorará las aportaciones y elevará la propuesta al Consejo de la CNMC antes de remitirla al Consejo de Estado
Para Marta Sánchez Álvarez, socia responsable de Energía en EY España, la propuesta del 6,46% «podría dificultar la atracción de inversión necesaria para superar los cuellos de botella en el acceso a las redes».
En lo que se refiere a la planificación de las redes, el modelo introduce«serias dificultades al trasladar el riego de demanda a las empresas distribuidoras, que no sabrían cómo va a evolucionar realmente el consumo futuro», afirma esta experta. A su juicio, esto genera incertidumbre ya que al conocerse de forma ex ante si las inversiones se van a reconocer o no, desincentivando el despliegue de infraestructuras en un momento en el que España necesita acelerarlo por la transición energética.
De cara al mantenimiento, la rebaja de los gastos operativos que puede derivarse de la propuesta actual también puede comprometer la capacidad de mantener las redes en las mejores condiciones.
«La metodología realiza un recorte que supone 500 millones en 2026 y aplica eficiencias que hacen que el sistema capture alrededor del 90% de las mismas -casi 3.000 millones durante el periodo- lo cual se aleja de la práctica internacional que suele limitarse al 40-45%», explica Sánchez Álvarez, recordando asimismo que los ajustes realizados se basan en costes históricos que no han tenido en cuenta la inflación o la subida de otros costes.
Efectos adversos
Para los expertos, el modelo propuesto genera un efecto adverso: las mejoras de eficiencia dejan de percibirse como una oportunidad de captura de valor, «lo que paradójicamente incentiva la ineficiencia operativa en lugar de promover la mejora continua», explica Álvarez Sánchez.
El recibo de la luz experimentó en julio una subida del 14% en julio con respecto a hace un año, máximos de febrero, para un usuario medio con la tarifa regulada. Cuanto más alta es la retribución de las redes, más paga el consumidor en términos de peaje, que representa junto a otros costes fijos una buena parte de la factura. «Se trata de encontrar el punto de equilibrio para que las empresas puedan acometerlas que la retribución no sea demasiado elevada porque repertecute directamente en el bolsillo de los ciudadanos pero tampoco demasiado baja porque luego las empresas no pueden llevar a cabo inversiones», apunta Banal-Estañol.
A mayor remuneración de la redes, más paga el consumidor en peajes, que junto a los costes fijos suponen un grueso importante del recibo
Para Sánchez Álvarez, no está claro ni es directo que los recortes vayan a llevar asociados bajadas en los peajes, que sería la forma de trasladárselos a los consumidores. «Más bien podrían tener el efecto contrario porque si se retrasan las inversiones en la red y se bloquean proyectos e inversiones, se reducirán los ingresos de nueva demanda y esto impactará negativamente en la bolsa de ingresos», sostiene la experta.
El repunte en los precios de la luz se produce en pleno pulso sobre la prórroga nuclear entre las dueñas de las centrales con el Gobierno y, singularmente, Iberdrola y Endesa, las principales propietarias del parque atómico español. El reparto de los costes que supondría una extensión del calendario de cierre parece el principal escollo ya que una de las «líneas rojas» que esgrime el Ejecutivo pasa porque la medida no suponga un mayor coste para los ciudadanos.
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