La vasca Ibil gana la 'guerra' de las electrolineras con 200 puntos en España, el 40% en Euskadi

En apenas dos meses -el tiempo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tardado en revolucionar el sector de la automoción con su apuesta por la movilidad sostenible y su castigo al diésel-, el común de los mortales ha pasado de apenas saber nada del coche eléctrico a utilizar en su día a día términos hasta ahora insólitos como puedan ser descarbonización o transición energética.

Uno de los conceptos más sencillos y, al tiempo, más importantes en este nuevo escenario es el de la electrolinera. El Ejecutivo quiere obligar a las grandes gasolineras (las que venden hoy más carburantes tradicionales) a instalar puntos de recarga públicos a toda velocidad. De hecho, la misma ley que pretende que en 2040 no se puedan vender coches diésel o gasolina (y hasta híbridos) y que aspira a que en 2015 éstos desaparezcan, también pretende imponer multas (de hasta 30 millones) a las gasolineras que no den ese salto a lo eléctrico.

Comienza así en España una carrera -que muchos califican de guerra- por el despliegue de una red de postes que, mire usted por dónde, en la línea de salida ya ha ganado una empresa vasca. Se trata de Ibil, creada en octubre de 2010 por el Ente Vasco de la Energía (EVE) -dependiente de la consejería de Desarrollo Económico- y Repsol, que en este proyecto son socios al 50%.

Fue la primera empresa que logró acreditarse como 'gestor de carga', una figura que exige severos requirimientos técnicos, económicos y de seguridad y que ahora el gabinete de Sánchez quiere eliminar.

Ibil, que tiene su sede dentral en el BEC de Barakaldo, es hoy el líder indiscutido de las electrolineras en España, con 200 puntos de carga públicos, de los que una cuarta parte (42, que antes de fin se año serán 50) es de servicio rápido. El 40% de todas esas instalaciones (81) se encuentra en el País Vasco, donde la firma cuenta con 24 en Gipuzkoa, 46 en Bizkaia y 11 en Álava. Muchos de esos 'enchufes', como es lógico, se encuentran en estaciones de servicio de Repsol y Petronor.

De todos modos, la compañía no es un mero instalador de mangueras con las que se cargan los coches. De hecho, se trata de una compañía que maneja la gestión de esas cargas, gracias a una inversión notable en inteligencia aplicada, y que monitoriza desde su sede los coches de sus clientes veinticuatro horas al día, siete días a la semana, para dar «el mejor servicio» .

Así lo explica su director general, Aitor Arzuega, quien analiza con DV la actualidad del sector y también todo lo relativo al polémico borrador de la Ley de Transición Energética, en el que echa en falta algunos impulsos concretos para quienes han abierto y siguen abriendo camino al coche eléctrico en España. Y es que, como resalta el ejecutivo, «sin una red suficiente de electrolineras no será tan sencillo el despligue del coche eléctrico».

Arzuaga desvela que toda esa red de puntos de recarga (senda en la que ahora algunas grandes eléctricas quieren acelerar) ha requerido una inversión notable que, además, no se amortiza tan fácil.

Y es que, subraya, los gestores de las electrolineras «han de pagar lo que se llama el término de potencia (una especie de cargo fijo por tener acceso a la red) se usen o no los postes». Dicho de otra manera: cuanto más se invierte más se pierde, al menos hoy, con apenas un 1% del parque móvil alimentado mediante electricidad.

¿De cuánto dinero hablamos? Pues de unos 4.000 euros al año por tener enchufado a la red un poste de carga rápida de 50kwh. «Hoy, el número de vehículos es muy bajo, y este coste condena a las infraestructuras a ser económicamente deficitarias por muchos años», añade.

En esta tesitura, Arzuaga sugiere la conveniencia de instaurar «exenciones temporales del término de potencia para que el uso del vehículo eléctrico sea realmente masivo». Al tiempo, destaca el carácter de adelantados a su tiempo que tuvieron el EVE y Repsol «por su visión estratégica y actividad inversora en el despliegue».

«Desde Ibil apostamos por la infraestructura pública de carga rápida como elemento clave para favorecer la adopción del coche eléctrico y democratizar el acceso a las nuevas formas de movilidad, independientemente de que se disponga de una garage (se supone que la carga principal y más económica será en los aparcamientos, para quien los tenga) en propiedad o no», afirmó.

E insiste en la necesidad de 'ayudar' desde las administraciones a un despliegue de cargadores rápidos (los que en unos 15 o 20 minutos pueden 'llenar' la batería del coche hasta el 80% de su capacidad) que «no hará sino acelerar un círculo virtuoso en la búsqueda de la descarnonización del transporte y el respeto al medio ambiente».

A pesar de la desaparición de la figura del gestor de carga en los planes del Gobierno-lo que hará que empresas de distribución o aparcamientos urbanos se lancen a instalar enchufes de carga lenta-, Arzuaga está convencido de que la regulación que ya prepara la Comisión Europea impondrá algo similar.

Aitor Arzuaga se muestra discreto cuando la conversación se orienta a los números, a la inversión realizada por Ibil hasta ahora. Pero asegura que la empresa «será agresiva en el despligue» de más electrolineras en el futuro más próximo.

Un futuro que augura similar al que presenta el gabinete de Pedro Sánchez; al menos en lo que respecta al despligue de vehículos. «Sí creo que en 2040 todos los coches puedan ya ser eléctricos», dice. «Los principales estudios señalan que la paridad de coste, ergo de precios, con los coches de combustión llegará en 2025, con lo que diez o quince años después todos podrían ser movidos por electricidad», concluye.