Crecen las voces críticas en Euskadi por el impuesto a la banca y las energéticas

Mendoza, en una entrevista en Radio Euskadi, ha destacado que en el debate abierto sobre el tributo a las energéticas hay dos aspectos a tener en cuenta. Así, ha subrayado que las empresas «necesitan certidumbre, igual que las familias». «Tenemos que tener mucho cuidado con esto», ha advertido la diputada general, que ha considerado igualmente que, en el caso de que el impuesto -que se creó para ser algo temporal con el fin de responder a un momento crítico tras la escalada inflacionista después de la invasión rusa en Ucrania- se convierta en permanente, deberán ser las tres haciendas forales (Gipuzkoa, Bizkaia y Álava quienes «definan» el gravamen y hagan una valoración «para luego ponerlo en marcha, o no».

«Es una herramienta muy importante que hay que medir muy bien, porque cualquier decisión que se tome al respecto tiene un impacto directo en la economía y también en los servicios públicos», ha advertido Mendoza. Unas declaraciones que van en la misma línea a lo expresado por el jefe del Gobierno Vasco, quien afirmó que, en caso de que la propuesta del Ejecutivo central siga adelante, Euskadi haría valer su capacidad en materia fiscal para «exigir su concertación» y poder «definirlos».

Mendoza ha recordado que en Gipuzkoa, durante los cuatro años que estuvo EH Bildu al frente de la Diputación, se creó un impuesto «con un nombre muy pomposo», ha dicho en referencia al tributo 'de la riqueza y el de las grandes fortunas'. «¿El resultado de aquello cuál fue?», se ha preguntado la diputada general, a lo que acto seguido ha respondido: «Pues fue catastrófico». «Se puso un nombre muy bonito a todo aquello, pero al final el resultado fue que se penalizó a la industria, porque se penalizó la inversión en maquinaria, la inversión en pabellones y, al mismo tiempo, también hubo gente que se fue de Guipuzkoa».

En este sentido, ha querido resaltar que, años más tarde, ya con el PNV de nuevo liderando la institución foral, «rectificamos aquel impuesto, lo adaptamos, lo mejoramos, y el impacto recaudatorio es mayor que entonces, con un nombre mucho menos pomposo y, al mismo tiempo, también favorece la actividad económica». Por todo ello, Mendoza ha pedido tener «mucho cuidado con ciertos discursos» porque «la fiscalidad es importante». «Menos discurso y más trabajo», ha zanjado al respecto.

No obstante, Mendoza no ha salido la única voz discordante que ha salido al paso respecto a esta polémica medida. Después de que el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, arremetiera contra la propuesta de convertirlo en un impuesto permanente a las energéticas en un artículo publicado en este periódico, también ha reaccionado este miércoles el director general de Confebask, Eduardo Aretxaga, sumándose así a las críticas lanzadas desde distintos ámbitos empresariales contra la idea del Gobierno español de convertir en permanente lo que, en principio, se dijo iba a ser un gravamen temporal y extraordinario.

Aretxaga asegura a este respecto que «estamos hablando de un impuesto que solo se explica desde la ideología, no desde la lógica impositiva o empresarial«. »Una ideología puesta al servicio en exclusiva de la recaudación, no del fomento de la inversión ni de la creación de empleo«, ha criticado.

A su juicio, asegura el director general de Confebask, «este gravamen ya supone una desventaja competitiva que va a perjudicar la actividad, la atracción de talento, y las inversiones de las empresas energéticas en un momento clave como es el de la transición de nuestra industria en el que estamos». De ahí que Aretxaga haya reclamado al Gobierno que no prolongue los impuestos extraordinarios ni a las energéticas ni a la banca.

Más allá de Euskadi, las críticas contra la voluntad del Gobierno central de convertir en permanente este impuesto también han llegado desde Junts. La formación soberanista ha recalcado este martes en el Congreso que no apoyará la ley para hacer permanente el tributo a la banca y las energéticas si ello supone perjudicar inversiones en Cataluña y, concretamente, en Tarragona, donde Repsol tiene previsto invertir 1.100 millones de euros.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha señalado que su grupo está pendiente de recibir una propuesta del Gobierno sobre la reforma de ese impuesto hasta ahora temporal y que el PSOE se ha comprometido con sus aliados en convertirlo en permanente. «Veremos qué pasa en los próximos días», ha dicho.

Pero sí ha querido dejar clara una advertencia previa: «Desde Junts no facilitaremos que se apruebe nada que ponga en riesgo inversiones que son importantes para Cataluña y en concreto para Tarragona», ha recalcado.