Kutxabank paraliza el abono de los gastos hipotecarios a la espera del Supremo

La entidad financiera ha enviado una carta a todos los clientes con una reclamación pendiente para explicarles su posición. En la misiva, el banco vasco empieza por asumir que es «nula» la cláusula que atribuía todos los gastos al usuario, tal como declaró el Supremo ya en 2015, lo que prendió la mecha de las demandas. Ante el conflicto, la entidad financiera modificó la redacción de sus préstamos hipotecarios en 2017 con un nuevo reparto de los gastos y considera que a partir de entonces esas cláusulas de reparto no son nulas, aunque se han ganado demandas en los juzgados también contra ellas.

El caso es que reconoce que la cláusula era nula en las hipotecas anteriores a 2017, cuando atribuía todos los gastos al cliente, pero considera que no esta resuelta la incertidumbre sobre el plazo para reclamar. La legislación española establece que son cinco años pero la duda es desde cuándo. Había gran expectación ante el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE sobre el asunto, pero llegó la sentencia a finales de enero y no fue lo suficientemente clara.

Para las asociaciones de consumidores la sentencia del TJUE da un amplio margen. «Parece indicar que el tiempo solo corre desde que la cláusula del cliente es declarada abusiva», dijo entonces EKA-ACUV. Pero en Kutxabank discrepan. «En 2017 hubo muchas noticias sobre este asunto y el conocimiento era generalizado», señalan fuentes jurídicas.

En consecuencia, la entidad apuesta por paralizar los pagos que estaba realizando extrajudicialmente a la espera de que el Supremo interprete al TJUE. «Su fallo se espera para después de verano», apuntan esas fuentes. El banco pagará de forma automática si según el Alto Tribunal la reclamación no ha prescrito. Con esta decisión quiere contener las demandas en los juzgados, que suponen casi más dinero en costas que en el importe a devolver.

Los gastos que se pueden reclamar son los de registro de la propiedad, gestoría y tasación, así como el 50% de los notariales. La cantidad a recuperar ronda los 800 o 900 euros para un préstamo de 150.000, cifras que pueden elevarse a 1.000 o 1.500 euros por los intereses legales. Pero las costas del proceso que se llevan abogado y procurador llegan a los 2.200 euros. Por eso los despachos especializados animan a demandar. En la mayoría de los casos los jueces dan la razón a los consumidores y consideran que la acción no ha prescrito.