Euskadi suaviza el impuesto a la banca con medidas para Kutxabank y Laboral Kutxa

Unas circunstancias que conceden a las diputaciones capacidad normativa y, por lo tanto, libertad para orientar el impuesto con autonomía. En ese ejercicio, la propuesta vasca mantiene los tipos impositivos tal y como están en el Estado, es decir, con el pago de un 1% hasta unos ingresos de 750 millones, 3,5% entre 750 y 1.500 millones. Un 4,8% para la horquilla de entre 1.500 y 2.000 millones. Y un 7% a partir de esa última cifra. La tabla afecta a los ingresos que presentan Kutxabank, con 2.012 millones en 2024, y Laboral Kutxa, que cosechó el pasado año 779 millones por comisiones e intereses.

Pero la normativa foral, que arranca ahora el proceso de exposición pública para recoger alegaciones, presenta novedades en su aplicación en Euskadi. Y es que suavizará el impacto para los bancos vascos con reducciones de la base imponible «equivalentes a la cantidad que destinen de sus resultados a la financiación de obras benéfico sociales». Una medida que afecta de pleno a Kutxabank, que reparte el 60% de sus ganancias a las fundaciones BBK, Kutxa y Vital. Dotaciones que, en parte, estas entidades emplean para mantener la obra social de las antiguas cajas. Esta suma será la que pueda emplear el banco presidido por Anton Arriola para reducir la base imponible.

Del mismo modo, se recoge la intención de dar el mismo tratamiento a las aportaciones que se realicen para acciones de «educación, promoción cooperativa y a otros fines de interés», así como a «las instituciones de cooperación intercooperativas destinadas al saneamiento financiero o a la promoción y desarrollo de cooperativas o de nuevas actividades». Una propuesta que en caja a la perfección al reparto de beneficios que realiza cada ejercicio Laboral Kutxa.

Otra de las novedades es la aplicación de una deducción por el beneficio generado por la inversión no sobre activos, sino sobre participaciones empresariales. Se trata de empujar a las entidades a invertir en compañías vascas. Desde la consultora KPMG, su asesora estratégica, Arantxa Tapia, explica a este periódico, que el borrador denota «un ánimo en las diputaciones para aprovechar la capacidad de regulación orientándola a los objetivos estratéticos fijados en Euskadi para favorecer inversiones empresariales y reconocer la acción social». Además, destaca otro aspecto, el de la inclusión financiera. Y es que la norma vasca ofrece a los bancos una deducción en el importe del impuesto a pagar de 600 euros por cada cajero automático nuevo que se instale en municipios con una población inferior a 1.100 habitantes.

La aprobación del impuesto se prevé en el mes de diciembre en un procedimiento que llevarán en paralelo las tres diputaciones. Así, quedará aprobado este año, pero a diferencia de territorio común, los bancos vascos afectados –Kutxabank y Laboral Kutxa– no lo pagarán en 2025, sino el año que viene. Y es que la aplicación de retroactividad al 1 de enero genera problemas jurídicos sobre su viabilidad. Una situación que genera la anomalía de que bancos como BBVA, Caixabank o Santander, que se rigen por la normativa del Estado, sí están pagando a las diputaciones este tributo por su negocio en Euskadi, mientras Kutxabank y Laboral Kutxa, no. Hasta junio, el importe recaudado por las diputaciones asciende a 10,8 millones de euros.