La ayuda por cese de actividad llega a menos de la mitad de los autónomos vascos afectados por el estado de alarma por el coronavirus

En el caso de Euskadi, son 28.957 los beneficiarios de la prestación estatal, el 91,2% de todos los que lo han reclamado, ya que a otros 2.791 se les ha denegado la solicitud.

Con todo, los emprendedores vascos que vieron ayer recompensada en una pequeña parte la pérdida de sus ingresos con esa prestación suponen el 44,5% de todos los autónomos que se han visto afectados por el cierre, según estiman las asociaciones del ramo, que calculan en 65.000 los afectados por el decreto de cierre de actividades consideradas no esenciales en comercio y hostelería.

Según los datos aportados ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el conjunto del Estado son 919.173 los autónomos que percibieron ayer la prestación extraordinaria, el 97,3% de las solicitudes tramitadas, aunque a la hora de desglosarlas por comunidades arroja una cifra algo menor -883.399 beneficiarios- «por el desajuste temporal», explica. En este caso, el porcentaje de aprobados se limita al 89,4%.

El Gobierno ha destinado un total de 670,9 millones a esta prestación, lo que supone una media de 730 euros por beneficiario. Haciendo una extrapolación a Euskadi, implica que en el País Vasco se ha puesto a disposición de los autónomos 21,13 millones.

La prestación tiene una cuantía del 70% de la base reguladora -cotizaciones sociales-, con un mínimo de 661 euros en el caso de quienes cotizan por la mínima. Para solicitarla no se exigía un periodo mínimo de cotización, únicamente era necesario estar dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) y hallarse al corriente del pago de las cotizaciones sociales. Además, es compatible con cualquier otra prestación de la Seguridad Social, como por ejemplo, orfandad o viudedad.

La ayuda la podía solicitar cualquier trabajador por cuenta propia que se haya visto afectado por el cierre de su negocio debido a la declaración del estado de alarma por el coronavirus o cuya facturación caiga en un mes un 75% respecto a la media mensual del semestre anterior. Aunque en el caso de algunos colectivos como el régimen agrario, del mar o la cultura y el espectáculo, el periodo de cálculo se adapta a las peculiaridades de dichos sectores.

Las comunidades autónomas donde se han registrado más solicitudes son Andalucía, con el 19,45% de todo el Estado, Cataluña (15,35%), la Comunidad Valenciana (12,85%) y Madrid (12,45%). En el caso de Euskadi, supone el 3,21%, una proporción inferior a la que le corresponde por su peso laboral, que ronda el 5%. Por sectores, el mayor número de peticiones se ha concentrado en el comercio, con 123.883, seguido por la hostelería (112.854) y la construcción (68.560).

El ministerio explica que aquellos autónomos a los que se les haya concedido la ayuda después de abonar esta primera mensualidad o la hayan solicitado después del día 17 y paguen la cuota de abril se les devolverá de oficio por parte de la Tesorería de la Seguridad Social en el caso de que sea reconocida. La prestación, con una duración inicial de un mes, se ampliará hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma.

Las principales asociaciones de autónomos valoraron ayer de forma positiva la ayuda, pero siguen calificándola de «insuficiente». Lorenzo Amor, el presidente de ATA, sigue reclamando el cese de las cuotas a la seguridad social, «para que no tengan que adelantar ese dinero y luego tarden en devolvérselo».

Por su parte UPTA prevé que a finales de este mes se incorporen a esta prestación más de 600.000 autónomos que aún no han podido hacerlo por encontrarse inmersos en el proceso de justificación de la reducción de sus ingresos. En este sentido, reclama que se rebaje el porcentaje de minoriación de ingresos del 75% al 50%, ya que ello permitiría, a su entender, que «la totalidad de los autónomos que se encuentran en situación de máxima fragilidad económica puedan acceder a la ayuda».

Uatae va más allá y pide que el porcentaje se rebaje al 40%. Además, exige que la moratoria de la cuota de la Seguridad Social debe ser efectiva desde abril. Asímismo, reclama una solución para los 20.000 autónomos temporales que se han quedado sin poder trabajar por la interrupción de la campaña turística. Finalmente, pide que se clarifiquen los criterios de concesión, ya que las mutuas están poniendo trabas a quienes estaban dados de alta el 14 de marzo y se dieron de baja días después.