La justicia ultima un plan para afrontar el aluvión de demandas por cláusulas suelo

La sentencia del pasado mes de diciembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que declaraba la nulidad de las cláusulas suelo de las hipotecas en España cogió con el pie cambiado tanto a la Justicia como al Gobierno. Se vivieron momentos de incertidumbre, con los afectados pidiendo consejo, el Ejecutivo central diseñando medidas de urgencia y los bancos contrayendo la respiración ante la posibilidad de que la posible devolución de esas cuantías cobradas de forma abusiva provocara un inesperado roto en sus cuentas. El Gobierno español aprobó en enero un Real Decreto Ley en el que se abría una tregua de cuatro meses para que los bancos analizaran y dieran solución a las reclamaciones de sus clientes antes de que los afectados recurrieran a la vía judicial. Esa estrategia para ganar tiempo ha sobrepasado su ecuador y con un posible aluvión de potenciales demandas a la vuelta de las vacaciones de verano, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ultima un plan para reforzar a partir de junio los juzgados de Primera Instancia en cada capital de provincia para evitar la sobrecarga de trabajo del resto de órganos judiciales.

El planteamiento gira en torno a que haya al menos un juzgado en cada una de esas capitales especializado en la materia, al que se asignaría, por cada 800 reclamaciones incoadas, un magistrado más. Según fuentes conocedoras de la medida consultadas por este periódico, es muy probable que el primer refuerzo en Euskadi llegue a los juzgados de Primera Instancia de Bilbao, donde se da casi por seguro que se superará la cifra de las 800 reclamaciones. En Donostia y Vitoria se comprobará la necesidad una vez 'se abra la veda' de los tribunales para resolver dichas cuestiones.

La solución que contempla el órgano de gobierno de los jueces, presidido por Carlos Lesmes, consiste en la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia, con competencia extendida a todo el territorio de la misma, que de manera exclusiva y no excluyente conozca de la materia relativa a las acciones individuales previstas en la legislación de condiciones generales de la contratación y la protección de consumidores y usuarios. El CGPJ estima que un reparto masivo de este tipo de litigios a todos los órganos judiciales de la primera instancia civil podría llegar a comprometer la capacidad de éstos para dar salida al resto de los asuntos de otra naturaleza, por lo que cree necesaria la adopción de medidas con carácter urgente y anticipándose a la previsible entrada masiva de demandas. De tal forma que en el momento del registro y reparto de las mismas ya estén establecidos los cauces para su atribución a unos órganos judiciales concretos.

Las fuentes consultadas calculan que la litigiosidad provocada por las cláusulas suelo podría ser «gigantesca», ya que la cifra de hipotecas susceptibles de ser cuestionadas por «cláusulas abusivas» rondaría los 6 millones en toda España. De hecho, el Consejo ha efectuado una estimación, según la cual si todas esas potenciales demandas se consumaran, sería preciso incrementar la planta judicial con 200 togados más. Algo inviable, máxime en un contexto en el que el Presupuesto de Justicia continúa siendo restringido. El plan del CGPJ, que está «bastante avanzado», podría jugar con la disponibilidad de los nuevos jueces que, siéndolo ya, no están adscritos aún a un juzgado concreto.

«Decisión correcta»

Las asociaciones vascas de afectados esperan que el planteamiento del CGPJ vea la luz «cuanto antes», ya que con la llegada del verano podrían empezar a llegar en masa a los juzgados las reclamaciones por las cláusulas suelo. De momento, lo que no parece funcionar de la manera en que esperaba el Gobierno es la vía extrajudicial, por la que los bancos deberían analizar y, a ser posible, llegar a acuerdos con sus clientes y compensarles por las cuantías cobradas de forma abusiva.

La situación es la siguiente. Un mes después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno -pactado por el PP, PSOE y Ciudadanos-, las entidades debían empezar a habilitar la recepción de las reclamaciones por parte de sus clientes. Facua denunció hace apenas un mes ante el Banco de España y el Ministerio de Economía que siete bancos seguían poniendo trabas a la presentación de estas solicitudes.

El decreto otorgaba un plazo de hasta tres meses a los bancos para remitir una respuesta positiva o negativa a las reclamaciones presentadas por los afectados y proponía a las entidades presentar un sistema de retorno para esas cuantías cobradas de forma abusiva. Esa propuesta fue ejecutada solo por Bankia y Banco Mare Nostrum, bancos intervenidos por el propio Estado, mientras que del resto no se conoce sistema alguno y las trabas a la hora de recepcionar las peticiones de los clientes también están provocando un retraso en la respuesta.

Las que sí están teniendo las primeras respuestas son las reclamaciones colectivas en Euskadi presentadas a principios de febrero por la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vascas, EKA/ACUV. «Presentamos cerca de medio millar de demandas extrajudiciales a cerca de una decena de entidades y la mayoría las han desestimado», confiesa Iñaki Velasco, responsable jurídico de la asociación. Velasco destaca que Bankoa ha sido la única que está llegando a acuerdos con sus clientes y «otras» están tratando de realizar ofertas a la baja, ofreciendo entre el 70% y el 80% de lo cobrado indebidamente.

Por ello, desde EKA/ACUV no creen que la vía extrajudicial «tenga visos de triunfar», por lo que «cualquier plan que pueda agilizar los procesos judiciales y no los eternice nos parece una decisión acertada y adecuada». La asociación de afectados vascos ya se encuentra en plenos trabajos para poder recopilar la información pertinente de cada afectado para poder interponer las primeras demandas judiciales tras el verano.