Una fiscalidad más justa para la sanidad privada

Son muchos los argumentos que se pueden utilizar para asegurar que Euskadi es una comunidad que ostenta el liderazgo en cohesión y políticas sociales, lo cual supone un éxito en definitiva de todos los vascos. Renta básica de inserción, sistema educativo avanzado, atención a la dependencia o sistema sanitario, son algunos ejemplos que ilustran esta realidad.

Recientemente se publicaba un estudio comparativo (elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública), que situaba el sistema sanitario vasco en el primer lugar de todos los sistemas autonómicos, por delante de Navarra y Aragón, que ocupaban el segundo y tercer lugar, respectivamente. De ello, todos debemos sentirnos legítimamente orgullosos.

Puede decirse que en la consecución de esta realidad, influye también y de forma determinante, el papel que la sanidad privada aporta fundamentalmente a través de la suscripción de seguros privados de salud, por una parte importante de familias, particulares y, fundamentalmente empresas de nuestra Comunidad. Este hecho, que se produce libre y espontáneamente, provoca diferentes impactos, todos ellos positivos, sobre la economía en general, y sobre el sector público sanitario en particular.

Liberar recursos

El gasto sanitario privado, representa un peso relevante del gasto total en salud, lo que redunda en beneficios de carácter general. Libera recursos de la sanidad pública, sin restar para ésta financiación. Según cifras 2014, el sistema público invirtió más de 1.500 euros por habitante, ya que muchos de estos evitan total o parcialmente consumir recursos sanitarios públicos, aun contribuyendo a su financiación.

Mejora la accesibilidad de la población a la asistencia por la razón antes expuesta, y por tener siempre a disposición del sistema, centros y servicios implantados desde iniciativas privadas, colaborando, si así se le demanda, a través de conciertos y otras modalidades, a la provisión de servicios.

Contribuye en la respuesta a otras necesidades sanitarias, como la asistencia a accidentes de tráfico, ajenas directamente al Sistema Público de Salud. Atiende a funcionarios públicos que, a través de sus mutualidades, eligen libremente recibir prestaciones desde el sector privado.

Genera inversión y empleo estable y de calidad, al ser un sector intensivo en personas; y colabora en la formación de futuros profesionales. Puede decirse, en definitiva, que la sanidad privada, vehiculizada fundamentalmente a través de los seguros de salud, puede y debe entenderse, y más aún en tiempos de dificultades, como un sector económico de inmenso interés en razón de lo expuesto y de muchas otras razones que no caben en estas líneas, y que debiera ser adecuadamente reconocido y apoyado.

Desventaja competitiva

Si la fiscalidad es, como bien es conocido, un instrumento de la política económica, permítanme decir que este sector y las empresas que deciden libremente suscribir pólizas de salud con una aseguradora médica, no encuentran un reflejo en la misma, del interés que seguramente provoca la práctica de su utilización.

Tras la importantísima subida del IVA en un sector como el de los servicios sanitarios que no puede repercutir a sus clientes, al estar los servicios sanitarios exentos de IVA, se produce en nuestra comunidad una situación que genera desventajas competitivas para las aseguradoras y las empresas. Se trata de la supresión de la consideración de "rentas no salariales" de las pólizas colectivas de salud que suscriben las empresas a favor de sus trabajadores, lo cual hace que incrementen las cotizaciones sociales y la fiscalidad para el trabajador.

Esta circunstancia, que en el territorio de régimen fiscal común no se ha producido, genera una pérdida de incentivos al avance de un modelo que no aporta sino ventajas a la economía, al empleo y a la cohesión, y mejora del sistema público. Desde todos los puntos de vista, parece razonable recuperar incentivos no sólo para las empresas sino también para las familias y ciudadanos, para que parte de sus costes sanitarios, como ocurre en otros sectores, sean asumidos voluntariamente mediante estas iniciativas sociales por el propio ciudadano, contribuyendo así doblemente a la solidaridad y sostenibilidad del sistema público.