16.000 guipuzcoanos verán incrementado su salario mínimo en 54 euros más, hasta los 1.134

El acuerdo fue anunciado ayer por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, tras la última reunión del diálogo social, en la que sí consiguió el apoyo de los sindicatos. «Sellamos un nuevo acuerdo de diálogo social para elevar en 54 euros el salario mínimo, un acuerdo para que las personas que lo cobran puedan tener una vida mejor. Porque 54 euros marcan la diferencia entre poner más o menos la calefacción, comer carne o pescado fresco y poder ir a la frutería», defendió el número dos de Trabajo, que resaltó que iniciarán los trámites para su aprobación con carácter inmediato pero no podrá llevarse aún al Consejo de Ministros del próximo martes. En cualquier caso, se apruebe cuando se apruebe, sus efectos serán retroactivos –precisó– y los más de 2,5 millones de trabajadores que se beneficiarán de este alza, en su mayor parte mujeres y jóvenes, lo cobrarán desde el pasado 1 de enero.

Los empresarios se desmarcaron del acuerdo una vez que el Ministerio de Trabajo les comunicó que no aceptaban las dos condiciones que habían impuesto para un nuevo alza: actualizar los contratos públicos al nuevo salario mínimo y bonificar un 20% las cuotas de los trabajadores del campo, el sector más afectado por esta escalada del 52% que ha experimentado este indicador desde 2018, bajo el Gobierno de coalición.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, criticó a la CEOE por no haber colaborado para alcanzar un pacto y repetir así ese primer acuerdo tripartito con el que sí se inició la anterior legislatura. «Lamento mucho la actitud de la patronal española, ha priorizado intereses que no tienen nada que ver con la defensa de nuestro país a llegar a un acuerdo», señaló desde Galicia. Por el contrario, la ministra agradeció y alabó a los sindicatos por demostrar «su capacidad de negociación» y hacer posible que «la gente trabajadora de nuestro país viva un poquito mejor».

La patronal, que tras salir de la reunión guardó silencio y no quiso hacer declaraciones, envió poco después un duro comunicado en el que cargó una vez más contra el Gobierno y criticó el «escaso esfuerzo» realizado para que ellos pudieran entrar en el acuerdo. Además, denunció que en esta negociación se ha producido un «hecho insólito: plantear la subida en términos de premio o castigo», en lugar de «adoptarla en función de criterios técnicos, tal y como indica la ley».

Asimismo, CEOE y Cepyme advirtieron de que esta nueva subida «puede hacer incurrir en pérdidas o incluso en llevar a la quiebra a muchas empresas de determinados sectores y territorios, con especial afectación a pymes y autónomos». Se refieren a aquellas compañías que mantienen contratas con la Administración Pública y tienen ya un precio tasado por sus servicios, por lo que no pueden repercutir esta nueva subida de costes. Por eso habían fijado como línea roja que el Ejecutivo accediera a actualizar estos contratos con el nuevo SMI. De igual forma, lamentaron que no se haya atendido a su petición de bonificar las cuotas a los agricultores, que «no soportan ya este ritmo de incrementos», denunciaron.

Por el contrario, los sindicatos se mostraron «satisfechos» con la negociación y negaron que subir el salario mínimo impacte en el empleo. «No era cierto lo que nos decían de que mejorar el salario mínimo destruía empleo», defendió el secretario general de CC OO, Unai Sordo, que señaló que ahora «toca pelear en los convenios colectivos para hacerla extensible al conjunto de los sueldos de nuestro país». El líder de UGT, Pepe Álvarez, también aplaudió una medida «muy positiva» y reprochó a la CEOE «falta de voluntad y de valentía». Además, denunció que «los empresarios de este país son rácanos».

Las centrales abertzales, ELA y LAB, consideraron «insuficiente» el alza al no responder a las necesidades de los vascos. ELA reclama subirlo a 1.400 y LAB emplazó al Parlamento Vasco a aprobar un SMI vasco.