El fiscal: «Eliseo Gil sabía que los grafitos de Iruña Veleia eran falsos»

Desde las 10.00 horas, las dos acusaciones y los dos letrados de la defensa argumentan sus conclusiones finales tras dos semanas y medio de juicio. Certificada la falsedad de los hallazgos, lo que se debate es si Eliseo Gil fue el autor material de las inscripciones falsas -palabras en euskera, jeroglíficos, imágenes cristianas... grabadas en 291 piezas de cerámica de los siglo III al V que, por la antigüedad de los soportes en los que se hallaron, prometían reescribir la historia-, así como la participación en el engaño de su colaborador Rubén Cerdán, el segundo acusado. Lurmen, la empresa de Gil, contaba con una subvención de 3,7 millones de euros de Euskotren para excavar. En el fondo del asunto, los acusadores (Fiscalía y Diputación de Álava, propietaria del yacimiento) creen que Gil y su equipo pudieron presuntamente amañar los hallazgos (piezas que tenían poco de extraordinario) para ganar notoriedad, prestigio y quizá mantener o ampliar las jugosas subvenciones públicas con las que excavaban.

Para la Fiscalía de Álava todo fue un embuste. A lo largo de 50 minutos, el acusador público ha hecho un recorrido por la cascada de testimonios escuchados en las sesiones previas. Extrabajadores de Iruña Veleia y peritos coincidieron en la falta de autenticidad de los hallazgos. Ningún arqueólogo localizó pieza alguna a pie de excavación, todas salían tras el proceso de lavado al frente del cual estaba una persona de la máxima confianza de Gil, su propia hermana, que no está encausada. «Los grafitos aparecieron tras el lavado de piezas que carecían de marca alguna al ser descubiertas», ha remarcado el acusador público. Peritos profesionales determinaron en sesiones anteriores de este juicio la «falsedad» de estas inscripciones. Experto hallaron en esas piezas restos de metales contemporáneos, como acero inoxidable, una aleación descubierta en el siglo XX.

El quid de la cuestión radica en quién adulteró unos fragmentos auténticos pero comunes. Antes de esas presuntas manipulaciones, cada una de esas piezas estaría valorada en «unos 600 euros». Para la Fiscalía y la acusación particular, la Diputación de Álava, el autor no es otro que Eliseo Gil, quien siempre ha proclamado su inocencia.

Delgado ha apuntado a una réplica de una letrina ideada para ser expuesta y decorada supuestamente por el principal procesado. Dos excolaboradores de Iruña Veleia declararon, según ha recapitulado el fiscal, que «Eliseo Gil les dijo que hizo los dibujos y frases en latín y hasta les enseñó el libro de donde las había sacado». Expertos grafólogos han visto similitudes entre esos escritos del excusado de pega y las letras de las 291 piezas en entredicho.

Estos fragmentos aparecieron entre los años 2005 y 2006. Ni antes ni después han vuelto a florecer pese a que siguen los trabajos -a nivel más modesto- en el yacimiento ubicado a diez kilómetros de la capital del País Vasco. El grueso de la comunidad científica siempre ha dado la espalda a los anuncios de Gil.

En el supuesto de que la magistrada de la sala, Isabel María Díez-Pardo, no considerara suficientemente probada la autoría del que fuera director del yacimiento, el fiscal ha agregado la alternativa del «delito de comisión por omisión». Es decir, que Gil sabía del embuste y nada hizo por cortarlo sino que se intentó beneficiar de él. Según un informe de la Ertzaintza, le movió un interés personal y económico. «Lo ocurrido en Iruña Veleia constituye una de las mayores falsificaciones y/o manipulaciones realizadas sobre materiales arqueológicos del mundo romano», aseguró la Policía autonómica. Su empresa, Lurmen S.L., firmó un contrato de patrocinio con la sociedad pública Euskotren a razón de 3,7 millones de euros por una década de excavaciones. Aunque se desconoce el paradero de este dinero, el Gobierno vasco no se ha presentado a esta causa.

Javier Villarrubia, abogado de la acusación particular, ejercida por la Diputación de Álava, propietaria del yacimiento, concluyó en su alegato final que tanto Eliseo Gil como Rubén Cerdán, «los dos juntos», tramaron «un plan preconcebido con el que han dañado el patrimonio, que es un delito por acción y omisión» y que «han estafado porque han sacado dinero a base de engaño, tanto uno como otro». «Nos encontramos ante un caso excepcional porque nadie se podría esperar que se cometiese tal barbaridad en un yacimiento arqueológico por la persona que tenía la encomienda de su explotación y con una remuneración importantísima de tres millones setecientos mil euros», destacó el letrado.

Villarrubia destacó la validez del informe realizado por la Ertzaintza solicitado por la jueza para que averiguara los hechos y los culpables. En este sentido recriminó a la defensa la impugnación de este documento dado que «es una prueba testifical y no un documento a impugnar». Y la acusó de actuar «a traición al aportar todos los informes el primer día de juicio que podían haber realizado durante 15 años, de manera que no podemos responder con otros informes».

También descartó que la cadena de custodia garantizó que «lo que se aprehendió -en alusión a las piezas- es lo mismo que lo que llega a los peritos y se analiza», por lo que descartó que la polución haya imposibilitado la realización de los análisis por parte de lo peritos.

Javier Martínez de San Vicente, letrado de Gil, ha incidido en la falta de pruebas contra su cliente. En derecho penal hay que demostrar que alguien es culpable. «No está acreditado que el señor Gil haya sido el autor de los grafitos», ha apostillado.

Asimismo, San Vicente ha puntualizado a la jueza que las modificaciones acusatorias carecerían de valor, al haber pasado quince años desde los supuestos delitos. «Esta causa estaría prescrita porque la imputación es de 2020 y los presuntos hechos son de 2005». Y aunque ha defendido con vehemencia los informes presentados por su parte, que defienden la validez de los grafitos, sí ha asumido la posibilidad de un fallo condenatorio. «En ese caso habría que aplicar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas».

La abogada de Cerdán, al que acusan de falsear tres informes para sustentar la versión de Gil, también ha reclamado la absolución de su cliente. «Solo cobró por los servicios prestados». Fueron casi 13.000 euros, que la Diputación le reclama. Este procesado se enfrenta a una petición de cárcel de dos años y medio.

Sobre la titulación de Cerdán, que se autocalifica como «doctor en física nuclear» por una universidad israelí, esta letrada ha defendido su validez pese a que jamás ha presentado documento alguno.

Al igual que San Vicente, ha pedido que, en caso de sentencia condenatoria, a Cerdán se le aplique «la atenuante muy cualificada de dilación indebida».

La sentencia de la magistrada Isabel María Díez-Pardo se espera en unas semanas. Pero no acabará aquí este culebrón judicial, fuentes judiciales recuerdan que ese fallo «podrá recurrirse a la Audiencia Provincial de Álava».