Baztan Bortziriak

Manifestación de los trabajadores de Benito Menni en Elizondo

Las trabajadores del centro Benito Menni, gestionado por Hermanas Hospitalarias, se manifestaron este sábado en Elizondo, en el marco de una huelga que ya cumple 75 días.

En la calle y acompañados por numerosos vecinos, volvieron a denunciar «la precariedad laboral y las consecuencias del cierre, con la complicidad del Gobierno de Navarra. de uno de los tres edificios del centro», que ha afectado tanto a usuarios como a empleadas.

La plantilla exige «una negociación real para mejorar los salarios, reducir la jornada y aliviar las cargas de trabajo». También reclaman al Gobierno de Navarra «que asuma su responsabilidad, garantizando un servicio de salud mental público y de calidad, así como la estabilidad laboral».

Ante la falta de avances, las trabajadoras están llevando a cabo otros 24 días de huelga, hasta el 7 de noviembre, momento en el que alcanzará un total de 88 días de paro.

Bajo el lema 'La vigilancia no es negocio, el domingo partieron desde la Plaza de Elizondo para recorrer las calles. Al finalizar con la manifestación quisieron «dar las gracias de todo corazón» a los congregados y subrayaron que «hace muchos meses que empezamos a luchar, la solidaridad nos da fuerza». «Con el cierre del edificio, el servicio a los usuarios se ha deteriorado, afectando a 42 trabajadores y al valle, ya que Benito Menni es la mayor empresa de Baztan y la destrucción de empleo afecta a todo el valle», recordaban.

Comenzaron con las movilizaciones «pidiendo a la empresa y al Gobierno de Navarra que acuerden una solución a esta situación». Ya han realizado una serie de manifestaciones, concentraciones y jornadas de huelga, con la que continuarán hasta el 7 de noviembre. A la empresa se le vuelve a pedir «que analice las consecuencias de sus decisiones y resuelva la situación creada». «Si queremos dar un servicio de calidad, no sobra personal. Y los trabajadores necesitamos unas condiciones de trabajo dignas: salario digno, reducción de jornada, bajada de cargas de trabajo...», añaden. «No se pueden hacer beneficios a costa del cuidado de las personas, ni condenando a los trabajadores a la precariedad».Reivindican que «el servicio de salud mental debería ser público y se deben tener en cuenta las especificidades correspondientes a la hora de establecer los recursos y condiciones de trabajo que requiere el servicio». Recuerdan que la mayoría de trabajadores son mujeres.«Estamos en una situación de precariedad, sufrimos una brecha de género y una clara discriminación. Y todo ello con el beneplácito del Gobierno de Navarra y para aumentar los beneficios de la empresa».