Euskadi recurre las sentencias contra la planta de residuos de papel en Bergara

Tal y como estaba previsto, el Gobierno Vasco ha recurrido en casación ante el Tribunal Supremo las cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que han anulado la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que aprobó en 2022 el departamento de Industria y Medio Ambiente y que suponen en la práctica la licencia de actividad de este tipo de instalaciones.

El tribunal autonómico dio la razón a cuatro demandantes que, en diferentes procedimientos, reclamaban la nulidad de esa autorización. Se trata del Ayuntamiento de Bergara, la asociación ecologista Ekologistak Martxan, una funcionaria y un vecino del municipio.

En su fallo, dado a conocer en mayo, los magistrados resolvieron que la función principal de la planta iba a ser el tratamiento de residuos incluyendo un proceso de incineración, y no una actividad industrial de generación de productos calcáreos, como alegaba el Ejecutivo autonómico. Esa naturaleza principal de la instalación es la base del conflicto que durante años han mantenido el Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana y el Gobierno Vasco en torno a esta planta que iba a construir y gestionar la firma especializada Valogreene y que la trifulca judicial ha acabado dejando en el cajón.

A pesar de que parece imposible recuperar ese proyecto, Industria ha decidido recurrir la anulación de la AAI porque entiende que está en juego la «seguridad jurídica» de las inversiones en Euskadi. A su entender, el TSJPV validó con sus resoluciones que un ayuntamiento puede «anular con un informe negativo mal hecho, una autorización ambiental expedida por el Gobierno Vasco», una instancia superior.

Industria argumenta que «anteriores sentencias» vienen a decir lo contrario, que la existencia de un informe de compatibilidad urbanística negativo «no menoscaba que el órgano ambiental pudiera aprobar la AAI». Y cita una resolución de 2011 sobre la planta de producción de energía eléctrica de Pasaia. Un fallo, argumenta el departamento que dirige Mikel Jauregi, que sirvió «como base» para la tramitación del expediente en Bergara y que hace que el departamento insista en que «las cosas se hicieron bien».