Arrasate-Mondragón

Los inquilinos de 148 VPO de alquiler social se sublevan

La proliferación de pancartas en los balcones con la leyenda 'Elkarrekin La Caixaren aurka' (unidos contra La Caixa) y una concentración llevada a cabo semanas atrás ante la sucursal de esta entidad financiera en Garibai, han puesto de manifiesto el malestar que se masca en este vecindario de 148 viviendas de alquiler social.

Los arrendatarios de la que hace 16 años se inauguraba como la primera promoción de VPO de la Obra Social de La Caixa en el norte peninsular, acumulan resquemores contra la caja catalana. Denuncian el «estado de abandono por falta de mantenimiento» de los elementos comunes del inmueble, así como la imposición de «cláusulas abusivas» en los contratos de arrendamiento.

Ekaitz Menor, inquilino desde hace diez años, explicaba que todos los contrato de arrendamiento contiene un cláusula por la que «abonamos 480 euros al año en concepto de mantenimiento». Pero este es «inexistente o muy precario», aseguraba.

Amaia García, que lleva viviendo en estas casas «desde el principio», añadía, que a los inquilinos «nos imputan gastos que no nos corresponden». El contrato de alquiler, aseguraba, les «repercute el pago del IBI» a los arrendatarios, y «en el recibo, además, también consta que pagamos un tanto al mes por el seguro del continente, es decir, del edificio y sus elementos comunes. Y el contenido lo pagamos a un seguro perteneciente al Grupo de La Caixa».

Unai Ibarra, miembro de Debagoieneko Etxebizitxza Sindikatu Sozialista, que ayuda a estos inquilinos a encauzar sus demandas y reivindicaciones, acusaba a La Caixa de «tratar de hacer negocio con viviendas de alquiler social». Según este sindicalista, La Caixa «impone a sus arrendatarios la domiciliación de la nómina y la contratación de un seguro». Aunque en Arrasate «se han visto obligados a echarse atrás» en el caso de inquilinos cooperativistas, que han «rechazado las condiciones que pretendía imponerles La Caixa porque obtienen ventajas como clientes de Caja Laboral y Lagun Aro».

Pero Ibarra no dudaba de tildar de «abusivas y no legales» el cobro de conceptos como el IBI, el coste del mantenimiento de elementos comunes o el seguro del edificio, que «corresponden al propietario».

Estas cláusulas, al igual que la que desde el año pasado aplica una subida de 8 euros en el recibo justificada en la carestía de la vida «originada por la guerra de Ucrania», como señalaba Amaia, figuran en el contrato de arrendamiento firmado por los inquilinos. «Pero realmente no está negociado entre las partes, es un contrato tipo que impone La Caixa, y pasas por el aro o no accedes a una vivienda», decía Ibarra.

Amaia García añadía que «a la hora de renovar el contrato te citan a 3 o 4 inquilinos cada 10 minutos y tienes ese tiempo para firmar. Tú no vuelves a leer eso. Además la gente necesita una casa».

Ekaitz Menor y Amaia García denunciaban asimismo la «desentendimiento» de la propiedad (La Caixa) cuando se produce una avería doméstica, como un grifo o una caldera que se estropean.

«A mí me respondieron que 'tú estás viviendo ahí y la caldera es como si fuera tuya, y te corresponde repararla a ti se estropea'. Y eso es una vivienda de alquiler es ilegal, si la avería es por uso».

«Si se te estropea un grifo o el calentador, su reparación o sustitución debería correr a cuenta del propietario. Pero no viene nadie a repararla, o alargan mucho los plazos o alegan que es una avería ocasionada por el uso y que la propiedad no se responsabiliza. Y como no se puede vivir sin agua caliente, al final es el propio arrendatario el que se ve forzado a costear la reparación. Y cuando el arrendatario abandona la vivienda, la caldera no se la lleva».

Para InmoCaixa, sociedad que gestiona las viviendas de alquiler social promovidas por la caja catalana, han manifestado que el mantenimiento de los edificios de su propiedad, «como es el caso de Arrasate, es objeto de vital importancia, y se trabaja de manera constante para cumplir los estándares de calidad internos».

La compañía, señalan desde InmoCaixa, busca siempre un «equilibrio entre la defensa de su cartera y la sensibilidad en los casos de vulnerabilidad económico-social acreditada por parte de los inquilinos/as y cumple con la legislación vigente en materia de Viviendas de Protección Oficial».

En caso de desacuerdos puntuales con sus inquilinos, InmoCaixa lo «gestiona caso a caso, y cualquier reclamación se analiza para dar respuesta a sus necesidades» señalan.

La política de la compañía, añaden desde la gestora InmoCaixa, es «dar las máximas facilidades a todos los inquilinos, considerando su situación económica y familiar, para que puedan adquirir en propiedad su vivienda en alquiler».