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El PSOE y los jueces presionan al Gobierno para que eleve el umbral de renta antidesahucio

EL DRAMA DE LOS DESAHUCIOS

El PSOE y los jueces presionan al Gobierno para que eleve el umbral de renta antidesahucio

El decreto se publica en el BOE sin precisar cuántos pisos se pondrán el alquiler ni los precios

17.11.12 - 02:02 -
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El PSOE y los jueces presionan al Gobierno para que eleve el umbral de renta antidesahucio
Miembros de Stop desahucios se concentraron ayer ante el palacio de justicia de Irun. :: DE LA HERA
El Gobierno hace oídos sordos por ahora a las presiones del PSOE y otras fuerzas políticas, colectivos de damnificados y organizaciones judiciales que eleve el umbral de renta para beneficiarse de la moratoria de dos años, fijado en 19.230 euros anuales. Desde el propio Ejecutivo se reconoce que hubieran deseado ir más allá, pero las condiciones del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y la banca española impidieron ir más lejos.
Mariano Rajoy se encontró ayer con una avalancha de críticas al decreto ley para frenar durante dos años los desahucios de las familias más desprotegidas. Los reproches se centraron en que no soluciona el problema porque no aborda el fondo del asunto, los créditos hipotecarios, y que las medidas afectan a un colectivo muy pequeño. El Gobierno, sin embargo, se ratificó en lo adecuado de su respuesta si bien abrió la puerta a introducir cambios cuando el decreto se tramite como un proyecto de ley en el Congreso.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, admitió que a él y al Ejecutivo les hubiera gustado «ir más allá». Apuntó, no obstante, que el decreto no es una fórmula cerrada porque se ha abierto «la vía» en el Parlamento para «avanzar más deprisa y de forma más profunda en este tema».
La orden publicada ayer en el BOE, además de poner en marcha la prórroga de dos años para los desahucios, tiene una redacción muy precisa en algunos aspectos, pero muy vaga en otros. En lo que respecta al Fondo Social de Viviendas de alquiler para los desalojados, el Gobierno no precisa cuántos pisos sacará al mercado ni los precios de los arriendos, solo dice que tendrán «rentas asumibles en función de los ingresos que perciban» las personas afectadas. En cambio, es muy prolijo en la forma de acreditar que se incurre en alguno de los supuestos para no ser expulsado de casa. La administración reclama las tres últimas nóminas percibidas, certificado de rentas, certificado de presentación del impuesto de patrimonio, certificado del cobro de las prestaciones por desempleo o de los salarios sociales. «Unos requisitos que ninguno de los desahuciados hasta la fecha podrían cumplir», en palabras de la abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, María José Vicente.
Una vida digna
El líder de la oposición denunció que «los intereses» de los bancos no pueden «estar por encima del derecho de todas las personas a tener una vida digna». Alfredo Pérez Rubalcaba escribió en su página de Facebook que la moratoria gubernamental, además de ser «insuficiente», no encara el problema de fondo que, a su juicio, no es otro que «la gente pueda pagar sus créditos» y ese objetivo no se alcanza «con los parches» que ha puesto el Gobierno sino con una reforma de la ley hipotecaria. El Ejecutivo no está dispuesto por ahora a modificar esa norma, y cuenta con el respaldo de Bruselas para dejarla como está porque una alteración de las reglas del juego en beneficio de los deudores tendría consecuencias financieras externas para la banca española por la probable depreciación de sus cédulas hipotecarias, garantías para hacerse con liquidez en los mercados internacionales.
Todos los dirigentes del PSOE que comentaron el decreto insistieron en la, a su juicio, insuficiencia de la respuesta del Gobierno y el escaso efecto que tendrá. Con los parámetros establecidos por el Consejo de Ministros para acogerse a la moratoria se hubieran evitado «apenas 200», precisó el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso y exministro de Trabajo, Valeriano Gómez, quien asimismo lamentó que el Gobierno haya preferido atender los requerimientos de los bancos antes que a las necesidades de las personas hipotecadas con dificultades económicas.
La judicatura de despachó a gusto contra las medidas gubernamentales. El Consejo General del Poder Judicial se mostró una vez más dividido y mientras su vicepresidente Fernando de Rosa, elegido a propuesta del PP, aplaudió la paralización de los desahucios en los casos más dramáticos por ser «muy necesaria», la vocal Margarita Robles, propuesta por el PSOE, consideró que el decreto «no aporta ninguna solución».
Entre las asociaciones de jueces no hubo división. La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura tachó de «insuficiente» la actuación gubernamental porque afectará «a un número muy reducido de familias». La progresista Jueces para la Democracia habló de «fiasco» porque excluye «a la gran mayoría» de familias con problemas con los bancos, y consideró que el Gobierno ha hecho «publicidad engañosa» con el decreto. Hasta los secretarios judiciales calificaron de «mera operación de maquillaje» la actuación gubernamental.
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