La Audiencia Nacional imputa a Rato y a 32 consejeros por la quiebra de Bankia

Rodrigo Rato, expresidente de Bankia y todavía presidente de Caja Madrid, tendrá que declarar como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que ha admitido la querella de UPyD contra Bankia, BFA y otros 32 exdirectivos y exconsejeros por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas. Junto con Rato, están citados como imputados José Luis Olivas, expresidente de Bancaja, y Francisco Verdú, que permanecía como consejero delegado de Bankia y que presentó su renuncia al cargo anoche tras ser imputado. La querella de UPyD recibió el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, que investigaba desde finales de mayo.

El juez Andreu ha solicitado una amplia lista de pruebas documentales, muchas de ellas ocultas hasta ahora a la opinión pública. Los préstamos, créditos y avales concedidos a consejeros y directivos y a sus familiares, así como a los partidos políticos representados en los consejos de administración desde enero de 2008 -dos años antes de la llegada de Rato-, y los blindajes, planes de pensiones, indemnizaciones y retribuciones de todo tipo que hayan percibido los consejeros y la alta dirección desde enero de 2007 deberán ser remitidos a la Audiencia Nacional junto con los planes de saneamiento y la resolución de la CNMV que permitió la salida a bolsa de Bankia a pesar de no contar con el requisito de disponer de las cuentas auditadas de los últimos tres años.

En su querella, UPyD argumenta que se ha perjudicado a los accionistas por una «disposición fraudulenta de los bienes» al prevalecer «el favor político al rendimiento económico» y que las «ruinosas inversiones» realizadas por ese motivo han «descapitalizado» la sociedad.

Bankia salió a Bolsa en julio de 2011 a un precio de 3,75 euros y este miércoles cerró a 0,93 euros, es decir, que ha sufrido una caída del 75% de su valor. Al conocer el auto de imputación del juez, la Asociación de Accionistas Minoritarios de Bankia señaló que espera que sirva para «delimitar la responsabilidad patrimonial que permita obtener una compensación».

Mafo y la CNMV, testigos

El juez ha citado a declarar, como testigos, a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España; a Julio Segura, presidente de la CNMV, que autorizó la salida a bolsa de Bankia, y al representante del FROB. El presidente de la CNMV probablemente declarará ante el juez que cuando la entidad que sale a bolsa es nueva no es posible exigir tres años de cuentas anuales y que Bankia presentó un plan de negocio y una formulación de cómo hubieran sido las cuentas con los resultados de las siete cajas que se fusionaron para crearla. Segura también desvía la responsabilidad de las cuentas a quien las auditó, en este caso Deloitte, cuyo socio y autor del informe Francisco Celma también ha sido llamado a declarar.

La Audiencia Nacional considera que «la magnitud del perjuicio generado se plasma en el hecho de que la dirección de Bankia haya solicitado 19.000 millones para poder acometer un plan de saneamiento y recapitalización» que, sumados a los 4.465 millones ya asumidos por el FROB, da un coste para el erario público de 23.465 millones de euros «lo que supone, sin duda, un grave perjuicio a la economía nacional».

Las ayudas públicas a las cajas mientras mantenían altísimas remuneraciones e indemnizaciones a sus directivos ha provocado la indignación en la opinión pública. UPyD, cuya querella ha puesto en evidencia a los partidos políticos mayoritarios que rechazaron la comisión de investigación parlamentaria, llama la atención en su querella sobre «el hecho de recibir ayuda pública no impidió a Bankia repartir más de 9 millones entre enero y noviembre de 2011 en remuneraciones», entre las que destaca los 2,18 millones de Rato y 185.000 euros para Manuel Lagares por dos meses y medio -a más de 3.300 euros por cada día laborable-.

Aunque los fiscales Alejandro Luzón y Luis Rodríguez Sol consideran en su informe que no procedía en este momento la imputación de conductas delictivas a personas concretas por el hecho de que pertenecieran al Consejo de Administración, el juez no lo ha visto así, pero sí señala en el auto que «no es posible establecer de una manera concreta el grado de responsabilidad exigible a cada uno de los querellados», que deberá definirse más adelante así como las «responsabilidades civiles» que su conducta hubiera podido producir.

Reacciones dispares

La decisión judicial pordujo una oleada de reacciones. Cargos del PP coincidieron en restar importancia a la imputación, argumentando que esa actuación es un «trámite natural» una vez que se había presentado una querella por el partido de Rosa Díez. El Gobierno, por su parte, pidió respeto a la presunción de inocencia.

Otras fuentes no fueron tan complacientes con los imputados. El Grupo Socialista abogó por abrir ya en el Congreso una comisión parlamentaria de investigación y los principales sindicatos aplaudieron también la decisión del juez. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, pidió que se depuren responsabilidades hasta el final y en todos los niveles sin exclusión, mientras que el de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, defendió con matices la labor de los representantes del sindicato en los consejos de las cajas.

Por su parte, Adicae anunció que se personará en el procedimiento penal.