El 14% de la basura que llegó en 2011 a los vertederos de Bizkaia era guipuzcoana

«Hoy por ti, mañana por mí». Con esta frase justificaba en 2008 el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, el convenio de colaboración que abría las puertas de los vertederos vizcaínos a la basura de Gipuzkoa. Una ayuda temporal mientras el territorio vecino construía su propia incineradora. El pacto, firmado cuando el PNV gobernaba en ambas territorios, no caduca hasta el próximo mes de mayo, pero la posibilidad de prorrogarlo es ya remota. Los pasos dados por el gobierno foral de Bildu en Gipuzkoa no siguen lo acordado por sus predecesores y, aunque la decisión no se tomará hasta el verano, miembros de PNV, PP y PSE en las Juntas Generales vizcaínas ya hablan abiertamente de cerrar la puerta.

Se trata de finiquitar un trasvase de grandes dimensiones: el 14% de los residuos que llegaron en 2011 a los depósitos de Bizkaia (Jata e Igorre) procedían de Gipuzkoa. «Tampoco a nosotros nos sobra el sitio. Estamos sacrificando un espacio difícil de reemplazar», coinciden en señalar algunas de las fuentes consultadas. Mientras, 34 alcaldes guipuzcoanos de Bildu anuncian la ampliación del plan de recogida de residuos puerta a puerta y secundan la apuesta del gobierno foral por el compostaje -convertir los residuos en abono-. Planes alternativos al de la incineradora de Zubieta, proyecto sobre el que sigue sin haber noticias.

El propio José Luis Bilbao, diputado general de Bizkaia, ha sido uno de los primeros en advertir que el acuerdo es insostenible con este nuevo marco. Gipuzkoa solicitaba el pasado mes una prórroga de tres años (lo que queda de legislatura) para perfilar sus proyectos, pero parece que no van a tenerla. «Nos parece bien que Bildu tenga otro modelo para el tratamiento de residuos, pero que lo pongan en marcha», señalaba José Luis Bilbao recientemente. «Creo que, a partir de mayo, en Gipuzkoa van a tener un problema serio con los camiones de la basura. Tirarla en el patio del vecino está bien, pero no lo aceptamos», añadía.

Según los últimos datos aportados por el Departamento de Medio Ambiente, Gipuzkoa ha enviado más de 88.500 toneladas de residuos a Igorre los últimos cuatro años -llegarán a 100.000-. El acuerdo alcanzado prevé que las arcas vizcaínas recibirán por el trasvase cerca de 6,5 millones de euros. O lo que es lo mismo, el Ejecutivo guipuzcoano abona un canon de unos 65 euros por tonelada, un 10% más de lo que pagan los municipios vizcaínos que vierten en el mismo depósito del valle de Arratia.

Navarra y Francia

«La situación roza el esperpento, el convenio no puede continuar», señala el juntero vizcaíno del PP Arturo Aldecoa. A su juicio, Bildu «está atrapada entre declaraciones de hace 30 años y elude sus responsabilidades de gobierno» aparcando la incineradora de Zubieta , instalación que, además de absorber la basura que llega a Bizkaia, debía permitir el cierre de los tres pequeños vertederos de Gipuzkoa. En el más grande, el de Errenteria, ya no se deposita basura. La apuesta por el compostaje tampoco es la panacea, según Aldecoa. La orografía del territorio guipuzcoano brinda, a su juicio, «pocas zonas para almacenar» el abono.

O trasladarlo a otro sitio. Con la barrera de Igorre a punto de bajarse, en el convenio firmado por Bizkaia hay una cláusula que impide mandar basura a Zabalgarbi. En este sentido, el PP ha pedido a la Diputación de Gipuzkoa que aclare si piensa quemar residuos en la planta de Artigas -«lo que sería un acto de hipocresía»- tras unos supuestos contactos que el diputado vizcaíno de Medio Ambiente no ha confirmado. Iosu Madariaga ha precisado, para evitar «malentendidos», que nunca ha hablado sobre este espinoso asunto.

El Gobierno guipuzcoano sondea varias zonas de Navarra para depositar sus residuos y mantiene otro acuerdo en Lapurdi. «Oficialmente no sabemos nada, pero todo hace indicar que no van a construir la incineradora. Nosotros queremos que se respete el acuerdo pactado, pero si no se cumple no puede haber prórroga», confirma el juntero socialista Joaquín Colmenero.

Además, la Diputación de Gipuzkoa se arriesga a padecer un mazazo económico. Si no construye su incineradora, deberá negociar con el Banco Europeo de Inversiones la resolución de los préstamos y con las constructoras adjudicatarias las indemnizaciones.

Bildu apela a la prudencia. Insisten que la polémica «no es una batalla política entre Bizkaia y Gipuzkoa». «Hasta la fecha no ha habido incumplimientos del convenio, aunque nuestra coalición apuesta por un modelo de gestión de residuos que no pivote en torno a la incineración», advierte el juntero vizcaíno Asier Vega.