Se vende el suelo de las VPO

La propuesta que Ayuntamiento e Irunvi han lanzado no es un reflejo mimético de la iniciativa que ya presentó el Gobierno Vasco de vender a los adjudicatarios de las VPO la parte proporcional del suelo en el que se encuentra el edificio. Es más bien la respuesta a una demanda derivada de aquello. Porque los adjudicatarios de vivienda protegida que había sido promocionada por el Ayuntamiento o por Irunvi pensaban «¿por qué los que tienen una VPO del Gobierno Vasco pueden hacerse propietarios y yo no?».

Así que, dando respuesta a esa demanda y compartiendo el objetivo con el que lo hizo el Ejecutivo de Patxi López (obtener recursos para hacer más VPO de alquiler), el Ayuntamiento de Irun e Irunvi han decidido ofrecer esa posibilidad. Los adjudicatarios del total de las 481 viviendas protegidas promocionadas desde la ciudad van a tener la posibilidad de convertirse en propietarios. En el caso de la CAV, tras la oferta del Gobierno Vasco, «en torno a un 10%» de los adjudicatarios de VPO decidieron adquirir el suelo y pasar a ser propietarios, según explicó el alcalde, José Antonio Santano.

«Es muy importante aclarar», insistía el primer edil, «que las viviendas seguirán teniendo condición de protegidas». Es decir, no podrán venderse en libre mercado y su precio seguirá estando controlado y limitado. Sin embargo, al adquirir la propiedad del piso desaparece el plazo de adjudicación por 75 años. Y ésa es la principal consecuencia de la compra. «También es importante subrayar que siempre se trata de una opción voluntaria. Quien quiera puede comprar el suelo y quien no quiera, no tiene por qué hacerlo».

El coste de la inversión variará en cada caso. La Sociedad de Vivienda Irunvi será la encargada de gestionar el proceso y ya está estudiando cada caso particular para determinar el precio que tendría que pagar cada adjudicatario. «Pero en general, podemos decir que estará entre los 12.000 y los 15.000 euros, aproximadamente». Con esa referencia, «si vendiéramos el suelo a todos los adjudicatarios, estaríamos hablando de más de 5 millones de ingresos para el Ayuntamiento que se destinarían a promocionar VPO de alquiler».

Santano también señaló que aunque el Gobierno tenía capacidad para realizar esta apuesta con las 263 VPO promocionadas desde el Ayuntamiento, en el caso de Irunvi y sus 218 pisos protegidos, era necesaria la aprobación por parte del Consejo, donde el PSE tuvo el apoyo de PP y PNV.

Los interesados y quienes deseen más información pueden recurrir a la oficina de Irunvi.

Ezker Batua, en contra

Los que rompen la unanimidad son los grupos de Bildu y EB. El portavoz de éste último, Manuel Millán, criticaba lo que considera «una privatización soterrada del patrimonio público de suelo» que se «pretende hacer sin debate».

Millán cree que, en el fondo, se trata de «poner los dientes largos a los adjudicatarios de VPO con la idea de que si compran ahora el suelo, darán un paso para, más adelante, poder vender y comprar como si fuesen viviendas libres, cuando se decida la descalificación de protegida».

La razón esgrimida de promocionar vivienda de alquiler no le cuadra al portavoz de EB. «En Irun, haría faltar vender todos los suelos para financiar alrededor de 30 viviendas de alquiler», cantidad que considera «ridícula si lleva implícito dilapidar un patrimonio de suelo tan importante».

Para Millán es una «medida cortoplacista que implica privar a la administración futura de capacidad de realizar operaciones de rehabilitación y regeneración urbana en estas zonas cuando se encuentren degradadas en el futuro» e impide «el derecho de tanteo y retracto que hoy se ejerce cuando un adjudicatario quiere vender una VPO».