San Marcos apuesta por los pactos y «desactiva» una treintena de litigios

Las revueltas aguas de la Mancomunidad de San Sebastián vuelven a su cauce. Así lo asegura su presidente, Juan Carlos Merino, alcalde de Errenteria, quien se muestra «satisfecho» de la «senda que hemos tomado» en la «que estamos introduciendo serenidad y racionalidad». Esta apuesta «por buscar el acuerdo y el mínimo denominador común», está dando sus frutos: la mayoría de los 50 litigios que heredó el actual equipo gestor se han ido «desactivando» y sólo quedan una quincena.

Los contenciosos que restan son «menores», porque en los más importantes, como los de los ayuntamientos de Oiartzun y Hernani con el 'puerta a puerta' y la recogida selectiva, «se llegó a un acuerdo muy civilizado. El ayuntamiento de Hernani quedó satisfecho, y yo también estoy razonablemente satisfecho en la medida en que hace más operativo el trabajo de la mancomunidad». Donostia o la propia mancomunidad también han retirado demandas, «y ahora ya vamos por la senda de la cooperación», asegura Merino, quien recuerda que San Marcos «respeta» a quien recoge la basura puerta a puerta, «pero hace otra apuesta, el quinto contenedor, en la que vamos avanzando, lo mismo que en los garbigunes».

Merino llegó a la presidencia de San Marcos hace cinco meses «tras largas polémicas». Un acuerdo entre el PNV, el PSE y Hamaikabat! permitió aupar al primer edil a la presidencia en sustitución de Ricardo Ortega, que dirigió la entidad tras un acuerdo entre ANV y EB.

El alcalde socialista anunció que entre sus prioridades estaba auditar la gestión de sus antecesores, que entonces calificó de «nefasta y opaca». Merino venía criticando la forma en la que funcionaba la Mancomunidad, «que no convocaba reuniones con la periodicidad que me gustaría, no había hecho intentos de hacer presupuestos durante los dos últimos años, destinaba unas partidas desproporcionadas al capítulo de publicidad...». Merino también criticó la práctica «de no realizar auditorías de manera habitual». Por ello, encargó fiscalizar las cuentas del anterior equipo, cuyos resultados fueron analizados en la junta ordinaria de ayer.

Los informes de entre los años 2007 y 2009 no revelan «nada punible», según asegura Merino. El presidente de la mancomunidad considera que el anterior equipo rector «podría haber actuado con más finura y que hay cosas que mejorar», pero afirma que no se han detectado hechos «de los que se derivan consecuencias gravosas». «No es una auditoría de diez, pero tampoco de suspenso», afirma Merino.

En sus informes, los auditores detectan unas anomalías, «que no se pueden considerar ilegalidades», según el presidente de San Marcos. Entre otros aspectos, el auditor apunta que en nueve expedientes de contratación por concurso público «las mesas de contratación no ajustaron la composición de sus miembros a la legalmente establecida». O que en los expedientes no figuran documentos acreditativos de la solvencia económica y profesional del adjudicatario. «Hay lagunas, fallos de procedimiento y cosas que mejorar, pero las observaciones que se hacen no son de gran calado. Sigo haciendo mis críticas a la forma en la que se ha funcionado, pero eso la auditoría ni lo niega ni lo ampara», dice Merino.

Pérdida de 373.848 euros

Sobre la pérdida de 373.848 euros en un fondo de inversión de Caja Laboral que se recoge en la liquidación del presupuesto de 2008, el presidente explica que este hecho «no era objetivo de las auditorías. Es otro tema que se puede criticar desde el punto de vista de la oportunidad». Esa partida procede de un fondo que se ha ido acumulando para la clausura definitiva del vertedero de San Marcos. «Parte se ha ido gastando, porque no solo es dejar de echar la basura, sino que hay que impermeabilizarlo y sellarlo adecuadamente. Un 33% del trabajo está hecho», comenta el primer edil, quien recuerda por ejemplo, que «había que hacer un muro que costaba varios millones, y para esos trabajos se reciben fondos de la UE. Hay parte de ese dinero que se ha gastado y otra estaba en la hucha». Merino cuenta que, «como hacen los ciudadanos», ese dinero «no se va a dejar debajo de un ladrillo, y entonces se invierte asesorado por una caja o un banco. Se metió en un fondo que en un determinado periodo no es que produjo beneficios, sino que dio pérdidas. Estaba todo debidamente reglado, era legal. No puedo hablar más que de mala suerte. Ahí nunca he visto motivo de crítica».