Euskadi rediseña su política familiar y plantea un modelo más universal y amplio de ayudas

Un padre pasea a su hijo. /LOBO
Un padre pasea a su hijo. / LOBO
Estrategia vasca de natalidad

El Pacto Vasco por las familias y la infancia se compromete a corregir las carencias actuales. El documento sienta las bases teóricas de un largo camino por recorrer que debe concretarse en medidas para apoyar a todas las familias con hijos y resultar más eficaz contra la pobreza infantil

ARANTXA ALDAZSan Sebastián

De momento es solo un papel, pero en él están depositadas las esperanzas del nuevo modelo de apoyo a las familias con hijos en Euskadi, la gran asignatura pendiente en materia de política social. El Pacto Vasco por las familias y la infancia, recientemente suscrito en el Consejo Vasco de Familia, rediseña las bases de un modelo que se ha demostrado insuficiente y que ahora el Gobierno Vasco aspira a revertir, junto con diputaciones, ayuntamientos, Confebask (la patronal vasca) y entidades sociales.

La idea de fondo, en sintonía con la filosofía practicada en países europeos, es que la inversión en infancia supone un capital social pero también económico de futuro. Más allá del gesto político y de las buenas palabras, este paradigma abraza un decálogo de compromisos que buscan eliminar las trabas, económicas y sociales, que dificultan que las personas puedan tener descendencia o tengan el número de hijos deseados, y luchar de forma más eficaz contra la pobreza infantil y la transmisión de las desigualdades sociales. En otras palabras, que las familias que quieran tener hijos o ya los tengan se sientan más acompañadas en la aventura de la crianza, ahora mismo una travesía en el desierto.

¿Cómo se obra el milagro de apoyar la natalidad? El documento, que luego deberá desplegarse en un plan con medidas concretas cuya redacción se espera para antes de abril, parte de un diagnóstico de las estrategias que han fallado. El consenso está en que el modelo actual, sustentado en la Ley de Apoyo a las Familias de 2008 y el consiguiente plan interinstitucional, no ha tenido el alcance prometido pese a los esfuerzos realizados en plena crisis económica, y que se tiene que buscar otra fórmula, como ha reclamando en varias ocasiones el Ararteko. Es además uno de los compromisos de gobierno del gabinete Urkullu para esta legislatura.

La primera receta es «avanzar en Euskadi hacia un modelo universal y más amplio de prestaciones económicas, que llegue a todas las familias con hijos e hijas, y que resulte más eficaz en lo que se refiere a la prevención de la pobreza infantil». La reflexión del Pacto va más allá del aspecto económico y también incluye cambios en los servicios de atención infantil, en el refuerzo del sistema educativo, y en las medidas de conciliación y responsabilidad compartida de la crianza entre hombres y mujeres. Porque,aunque es cierto que solo con ayudas económicas no se logrará frenar el descenso de la natalidad – «nadie tiene un hijo por 1.000 euros más o 1.000 euros menos», dijo el anterior consejero Toña en una frase que aún resuena–, los datos confirman que las dificultades económicas son uno de los principales obstáculos para que las familias vascas no tengan el número de hijos deseados. Prácticamente la mitad de los hombres y mujeres en Euskadi tienen o han tenido menos descendencia de la que hubieran querido:en un 20% de esos casos la razón obedece a motivos económicos.

Un sistema «dual y atípico»

El objetivo que se marca Euskadi no es necesariamente aumentar el número de hijos que tienen las familias, refleja el documento, sino facilitar las condiciones sociales y económicas para que las expectativas de aquellas que sí quieren tenerlos puedan hacerse realidad. Para ello, parte de la constatación de que solo con un modelo más homogéneo de ayudas que llegue a todas las familias se tendrá éxito en la protección de los hogares con hijos, y especialmente de la pobreza infantil. Esta definición supone dar un giro a la política actual, conformada por las deducciones fiscales, las prestaciones familiares por nacimiento de hijo y por conciliación, y la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) para las familias con pocos ingresos.

El documento constata la existencia de un modelo de apoyo económico «relativamente eficaz, pero atípico en Europa, de carácter selectivo y en cierto modo dual». Por un lado, solamente las familias con suficientes ingresos como para poder realizar desgravaciones pueden beneficiarse de una menor presión fiscal (con deducciones por el número de hijos). Por otro lado están las rentas más bajas, o sin ingresos, protegidas por el sistema de rentas mínimas. El Gobierno Vasco apuesta ahora por avanzar hacia una mayor integración tanto de las prestaciones como de las deducciones fiscales. «Una de las bases del éxito de los modelos de apoyo a las familias radica en su carácter universal, en la medida en que gozan de mayor apoyo popular, garantizan cuantías más elevadas, están menos expuestos a los recortes y son más fáciles de gestionar», recoge el Pacto.

La idea de tocar la fiscalidad lleva años sobre la mesa, pero siempre ha encallado en un sistema institucional complejo, en el que intervienen las tres diputaciones. El exconsejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, defendió la introducción del llamado impuesto negativo, como ya están haciendo en Europa, lo que permite que directamente todos los ciudadanos se beneficien de una ayuda por hijo. «Tal universalidad, en todo caso, no está reñida con un enfoque progresivo que conceda cuantías más elevadas y apoyos específicos a las familias de menor renta», sostiene el Pacto.

La distancia con Europa

La universalización del sistema significa apoyar a todas las familias con hijos, pero para que sea algo más que un compromiso debe ir acompañada de una mayor inversión. Las asociaciones del Tercer Sector remarcan la importancia del paso dado con la aprobación del Pacto, pero advierten de que los cambios deben tener reservada financiación para que no se queden en papel mojado. A día de hoy, y aunque las distancias se han acortado algo, la brecha con Europa sigue siendo enorme. Las instituciones implicadas (Administración central, Gobierno Vasco y diputaciones) deberían triplicar la inversión actual, lo que supondría pasar de los 488 millones actuales a los 1.600.

A las deducciones fiscales y a la rentas de garantía de ingresos, que se modificará para precisamente apoyar más a las familias pobres con hijos, hay que añadir el modelo de prestaciones económicas autonómico, por nacimiento de hijo y por cuidado de los menores. Las ayudas por hijo suponen 400, 500 y 900 euros al año. En el caso del primer hijo, se trata de un único pago anual, mientras que la cuantía se extiende un año más para el segundo hijo, y hasta el sexto año a partir del tercer hijo.

Las ayudas pasaron a depender de los ingresos familiares en 2015:se elevaron para las rentas más bajas y salieron perdiendo las familias de ingresos medios y altos, en la línea contraria del carácter universal que recomienda Europa. En cualquier caso, se trata de cuantías «insuficientes en relación con los gastos que origina la llegada de un hijo», recordó el Consejo Económico y Social Vasco (CES), una constatación evidente para cualquier familia que afronte la crianza de un hijo. El desembolso supone un mínimo de 100.000 euros hasta la mayoría de edad.

El Gobierno Vasco tiene preparado un nuevo decreto con mejoras, pero no serán tan ambiciosas como las pretenciones recogidas en el Pacto, que deberá ser objeto de un desarrollo posterior con medidas concretas. Habrá que esperar tiempo, quizá años, para comprobar los frutos que dé el compromiso sembrado hoy a favor de la natalidad.

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