Un informe foral revela que la AGI ha atraído una inmigración inhabitual de difícil inserción

Ha estado en el centro de la discusión desde que se aprobó. En muchas ocasiones, tocando de oído y sin analizar con detalle su eficacia. Ahora, ya hay un informe sobre la mesa. La Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI) que EH Bildu aprobó la pasada legislatura en Gipuzkoa ha provocado «un efecto llamada de población extranjera» que «no se corresponde» con el perfil habitual de la inmigración que hay en el territorio. Así lo deja manifiestamente claro el documento que ha elaborado la Diputación para hacer balance de la AGI y al que ha tenido acceso este periódico. El informe, adelantado este lunes en la edición impresa de este periódico, incorpora el contraste de los ayuntamientos y organizaciones del tercer sector y ha sido presentado este lunes en las Juntas Generales de Gipuzkoa por la diputada de Políticas Sociales Maite Peña.

El diagnóstico sobre la prestación de ayudas económicas a quienes pueden justificar un empadronamiento de un año en Gipuzkoa pero no acceden aún a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) porque no acumulan tres años en el territorio no dice qué medidas hay que tomar, pero sí hace un análisis detallado de una ayuda de alrededor de 700 euros mensuales de media que solo existe en Gipuzkoa. Así, advierte de que la AGI no solo provoca un «efecto llamada», sino que además no garantiza la inserción social de los beneficiarios. Conduce, por tanto, a la reflexión de si el objetivo inicial de la prestación, es decir, el de atender ciertas necesidades de personas en estados precarios, no ha derivado en la consecuencia de «atraer necesidades que no existían antes de la implementación» de esta ayuda.

El informe, que lleva la firma del jefe de Servicio de Planificación, Concertación y Prestaciones Económicas de la Diputación, Jon Iribar Goenaga, destaca, por ejemplo, la relevancia que tienen algunas nacionalidades en la percepción de la AGI. Señala que la fotografía de los perceptores de la prestación no coincide con la fotografía general de la inmigración en Gipuzkoa. Constata que «si comparamos la distribución por grandes áreas geográficas de la inmigración total con la que existe en la AGI, observamos una falta de coherencia».

Así, Europa y Latinoamérica están infra-representadas en la ayuda. Adquieren un peso específico en la recepción de la misma del 9,5% y 8,6% respectivamente cuando acaparan el 33,3% y el 32,8% respectivamente de la inmigración del territorio. Por contra, la participación de África en la prestación duplica su representatividad en el mapa de inmigración mientras la de Asia llega casi a cuadruplicarlo. El informe concluye que «sí ha habido una llegada nueva de población asiática en los últimos años».

No obstante, esta llegada no ha hecho aumentar el número de perceptores. Primero porque los solicitantes pueden pasar a cobrar la RGI a los tres años de estar empadronados en Gipuzkoa saliendo de las listas de la AGI y segundo porque la crisis económica ha producido un «efecto salida» en todo el Estado, también en Euskadi. «Lo que ha producido la AGI es que ese fenómeno se ha compensado y el volumen total de inmigrantes no ha bajado en Gipuzkoa», dice el informe.

Casi 1.500 receptores

Al finalizar el año 2015, había 1.422 unidades convivenciales percibiendo AGI, y el número total de personas beneficiarias era algo más del doble de esa cifra. Estos números son prácticamente idénticos a los existentes un año antes, al finalizar 2014. «Por lo tanto, el volumen total se ha estabilizado», aprecia el documento técnico. También se mantiene el coste par las arcas forales, de 11,3 millones en 2015.

Otro de los indicadores que podrían alimentar el debate en torno a un efecto llamada o una generación intencionada de necesidades tiene que ver con la distribución geográfica de la ayuda dentro del territorio. Aunque existe AGI en prácticamente todos los municipios, un rasgo muy característico de la prestación es que su implantación no está relacionada con tasas de pobreza superiores, ni con la habitual concentración de prestaciones en municipios limítrofes con la capital.

En términos relativos a la población, son los municipios del Bajo y Alto Deba los que lideran el ranking, seguidos de municipios concretos de Iraurgi, Goierri y Tolosaldea. Zonas todas ellas que no se encuentran en los primeros puestos de la tabla de quienes más inmigración acogen. Mientras en Donostia, Pasaia o Errenteria municipios que tradicionalmente se han convertido en destino de los inmigrantes que llegan a Gipuzkoa la tasa es de entre 2,4 y 2,5 AGIs por mil habitantes, y en Irun no llega a 2, en otras zonas la situación es muy distinta. Soraluze y Ordizia están por encima de las 8 prestaciones por mil habitantes, Arrasate se queda al borde del siete por mil y Azkoitia supera el seis por mil.

La tesis foral de que la AGI ha podido atraer un perfil concreto que no existía se sustenta asimismo en el dato de que el 50% de los que la perciben no tiene ningún permiso de residencia algo que no ocurre en el caso de la RGI, con las consecuentes dificultades para la inserción social al no poder asentarse de manera legal ni buscar un empleo. Casi todas las personas perceptoras de AGI son extranjeras sólo el 3% tiene nacionalidad española, y en cuanto al perfil propiamente dicho, la ran mayoría son varones jóvenes, de entre 23 y 35 años, sin cargas familiares y sin más ingresos que la AGI.

Todas estas constataciones serán objeto de diálogo entre la Diputación, las fuerzas políticas del territorio y las asociaciones de tercer sector. Con las aportaciones de unos y otros, el departamento de Políticas Sociales abordará, «en el corto plazo y atendiendo a criterios de eficiencia la revisión de la prestación», según fuentes consultadas.