Las mancomunidades que más residuos recojan para compostar serán bonificadas

DV. El nuevo sistema de tratamiento de las basuras, como consecuencia de la paulatina desaparición de los vertederos en Gipuzkoa, requiere de unos trámites farragosos aunque no por ello irrelevantes. En esa complicada fase de ajustes está inmerso el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, que se encarga de gestionar la basura que ha sido recogida en cada población y de trasladarla a los centros de transferencia o a las plantas de tratamiento. Ahora le toca hilar fino con las mancomunidades para establecer las condiciones en las que se desarrollará todo ese proceso. En concreto, debe definir quiénes y cómo se van a hacer cargo de los residuos orgánicos (los restos de alimentos y vegetales) que vayan a ser compostados en la planta de Lapatx, a partir del 1 de enero del próximo año.

El convenio, presentado ayer por el presidente del Consorcio, Carlos Ormazabal, plantea bonificar a las mancomunidades que más residuos recojan para el compostaje. Según explicó ayer Ormazabal, «estamos todavía haciendo números», pero el punto de partida está claro: «hay que incentivar al máximo la recogida selectiva» de los residuos orgánicos para alcanzar los objetivos marcados. Esas metas hablan de tratar 60.000 toneladas de residuos orgánicos en 2016, de los que resultarán 11.000 toneladas de compost.

De momento, ese paso de fraccionar la basura orgánica sólo lo pueden cumplir los vecinos de Aretxabaleta, Azpeitia, Azkoitia, Zarautz, Zumaia y del barrio de Amara de Donostia, que participan en una experiencia piloto depositando esos deshechos orgánicos en el contenedor marrón; y los vecinos de Usurbil, que han estrenado un sistema alternativo de recogida puerta a puerta. El resto de municipios deberá decidir qué sistema de recogida pone en marcha. Hernani y Oiartzun, por ejemplo, se han apuntado al modelo de Usurbil.

¿Significará esa bonificación propuesta una rebaja del precio de la tasa de basura que abona cada ciudadano? Ormazabal especificó que el Consorcio, como gestor de los residuos en la última fase de tratamiento, cobra a cada mancomunidad un precio por tonelada de basura tratada. Ese precio será superior para los kilos de residuos que no puedan ser aprovechados para el compost e inferior para los residuos que sí puedan ser reconvertidos. «Los ayuntamientos son luego quienes deciden qué tasa tienen que pagar los ciudadanos. Puede darse, y de hecho se da, que un habitante de un municipio pague más por la basura que otro de una localidad diferente», dijo Ormazabal.

Además de las bonificaciones prometidas, el convenio recoge también el reparto de tareas y las obligaciones que deben asumir los diferentes actores que intervienen en la cadena del tratamiento de los residuos orgánicos. Para empezar, según el texto, «el Consorcio asumirá todos los costes de construcción y explotación de las plantas de tratamiento pertinentes (hay propuestas cuatro plantas de compostaje, en Txingudi, Goierri, Debagoiena y la ampliación de Lapatx), mientras que las mancomunidades se harán cargo de los costes de la recogida selectiva del biorresiduo (la materia orgánica) y su transporte hasta la planta de tratamiento biológico.

Qué hacer con el compost

Los parámetros de calidad del compost son otro de los requisitos recogidos en el documento, que ahora deberá ser ratificado por cada mancomunidad. De no hacerlo, la planta de Lapatx podría negarse a tratar esa basura y devolverla a su punto de origen, con el problema que conllevaría, explicaron fuentes del Consorcio. El texto especifica que «la mancomunidad se comprometerá a adecuar sus sistemas de recogida selectiva de forma que se garantice que el nivel de calidad del residuo es el requerido para su tratamiento. Se trata -añade- de asegurar la viabilidad del proceso, ya que sin una calidad adecuada no es posible garantizar el tratamiento del compost y su posterior utilización». El convenio propuesto determina también las obligaciones que cada parte deberá asumir. Así, explicó Ormazabal, Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa -la sociedad pública creada- será la encargada de vender las miles de toneladas de compost resultantes de todo el proceso de tratamiento. La Diputación, por su parte, se compromete a utilizar esa materia en las obras y proyectos que así lo requieran. El Consorcio quiere que, además, las mancomunidades se comprometan a recoger el compost que no tenga salida en el mercado en proporción a los kilos de basura enviados. Pretende, en definitiva, dejar bien atados todos los flecos para no encontrarse con un nuevo problema en forma de residuo al que habría que buscarle un destino, que ya no podrá ser el vertedero. aldaz