Los tribunales vascos han fallado en seis ocaciones contra el euskera en lo que va de año
El proceso para la normalización de la lengua vasca en las administraciones públicas ha recibido un nuevo varapalo legal
El proceso para la normalización del euskera en las administraciones públicas ha recibido un nuevo varapalo legal después de que el Tribunal Superior de Justicia ... del País Vasco (TSJPV) haya anulado varios artículos del decreto que desarrolla la Ley de Instituciones Locales, el cual prioriza el uso de la lengua vasca en las entidades públicas. Con este último son ya seis las ocasiones en las que los tribunales de Euskadi han fallado en contra del euskera en lo que va de 2023.
El año arrancó con dos varapalos al euskera. En enero, el juzgado número 2 de lo contencioso administrativo de Vitoria obligó a la academia de Arkaute a admitir a los candidatos a Policía Local que durante el proceso público de selección no acreditaron un nivel B2 del idioma. El tribunal admitió por entonces los argumentos del sindicato UGT, que recurrió el proceso selectivo al considerar que suponía un «trato discriminatorio». Ese mismo mes, el TSJPV dictó que no se puede imponer por las administraciones locales las exigencias de euskera de los funcionarios a los trabajadores de las subcontratas que presten servicios para los entes municipales.
Tan solo dos meses más tarde, el máximo órgano del poder judicial en Euskadi declaró nula una OPE para cuidador de la Fundación Uliazpi -entidad que presta servicios residenciales para personas con discapacidad intelectual-, convocada por la Diputación de Gipuzkoa en 2020, por considerarla «discriminatoria» por razones lingüísticas, ya que de las 34 plazas ofertadas 32 exigían euskera; es decir, el 94%.
También en marzo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó que los requisitos lingüísticos exigidos por el Departamento de Educación en un contrato vinculado a una empresa de transporte escolar de Ondarroa era una «imposición». La sentencia de la Sala Primera de lo contencioso administrativo estableció que era «abusivo» exigir euskera en sus relaciones con la administración a los trabajadores de las empresas privadas aunque trabajen en el ámbito público.
El último varapalo legal contra el euskera se dio en el mes de mayo, cuando el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Bilbao dio la razón a un policía municipal temporal de Erandio que acudió a los tribunales para presentar un recurso para que se rechazara la obligatoriedad del perfil lingüístico del puesto que ocupaba, que era del nivel B2. El agente argumentó que el proceso de normalización del uso del euskera en la administración pública establece que los mayores de 45 años están exentos de cumplir ese requisito lingüístico.
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