La jueza que investiga el caso OPE deniega que Osakidetza se persone en la causa como «perjudicado»

«No habiendo quedado acreditada la existencia de perjuicio alguno para Osakidetza por la comisión del presunto delito denunciado, no ha lugar a admitir la personación interesada, ni en calidad de perjudicado, ni de acusación popular», señala en su argumentación fechada a 10 de abril la magistrada encargada del caso. Yolanda Varona, no obstante, también deja claro que toma su decisión «sin perjuicio de que, en caso de quedar acreditado perjuicio alguno, pueda tener entrada al proceso en el momento procesal oportuno».

La jueza también recalca que «contra esta resolución cabe recurso de reforma por medio de escrito». Exactamente lo que realizaron los abogados que representan al Servicio Vasco de Salud el pasado jueves día 2. Los letrados Santos Puga y María Mercedes Botas argumentan en un recurso de ocho páginas, que el hecho de que el perjudicado por un delito pueda «ejecutar la acción penal en el procedimiento penal es de gran importancia, principalmente cuando se trata de infracciones penales contra el patrimonio y el orden socioeconómico». En otro de los puntos de su exposición, los abogados hacen referencia a las «personas implicadas en los mismos y la repercusión social que esta investigación tiene y va a tener».

Hay que recordar que el caso de la OPE de Osakidetza, de supuestos amaños en casi una docena de especialidades médicas, ha supuesto que hayan dimitido de sus puestos el consejero de Salud, Jon Darpón, y la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, entre otros altos cargos. Esta última está en la lista de personas señaladas por Carmen Adán, fiscal superior vasca, en el escrito que ha desencadenado que el caso llegue ante el Juzgado de Vitoria. En su denuncia, la Fiscalía hablaba de «revelación de secretos» en los exámenes puestos en cuestión y señalaba a tres jefes de servicio como imputados. Además, otras trece personas deberán comparecer como testigos. Entre ellas, la propia Múgica, los tres anestesistas que denunciaron el caso y tres directivos más de Osakidetza. El también cesado Juan Carlos Soto, que fue director de Recursos Humanos; su segundo, Xabier Balerdi; y Andoni Arcelay, responsable de Asistencia Sanitaria. Especialmente particular es el caso estos tres últimos. La fiscal superior señaló en su escrito que el desarrollo de las investigaciones indicará en condición de qué testifican, si como meros testigos o ya como imputados.

Por la repercusión que tiene esta investigación, dicen los letrados de la Administración que «hace que sea necesaria la participación del Ente (Osakidetza) en la instrucción de la causa desde su inicio, con el objeto de tener conocimiento de todo lo que en ella acontezca, y poder tomar las medidas que sean necesarias desde el punto de vista penal e interno». Son estos propios abogados los que dejan entrever en su recurso de reforma que el papel de Osakidetza podría cambiar en base al desarrollo de la investigación de la jueza Yolanda Varona. Es decir, que más allá de ser «perjudicada» en este caso, como reclaman a la jueza, pase a ser considerada «responsable civil». Así lo resumen, «del contenido de la resolución que hoy (3 de mayo) se recurre podría deducirse que el juez instructor es reacio a la personación de Osakidetza porque entendiera que en el futuro su situación procesal sería susceptible de cambio, es decir podría tornarse en responsabilidad civil de los delitos investigados». En su recurso, los letrados de Osakidetza apelan a un ejemplo reciente para justificar su petición de «no incompatibilidad en la doble condición de parte acusadora y responsable civil subsidiario». Hace referencia a un caso protagonizado por el Departamento vasco de Educación en Vitoria.

La decisión de Osakidetza de presentarse como acusación particular en este proceso fue calificada de «despropósito» por parte del sindicato ESK. Su portavoz, Patxi Nicolau, señaló que «tras un año en el que no han hecho absolutamente nada por poner coto a un sistema clientelar o investigar de manera seria, Osakidetza pretende ahora, con la excusa de un supuesto perjuicio, acudir a los tribunales». Cree Nicolau que el Servicio Vasco de Salud con esta estrategia «está poniendo en la picota el prestigio de Osakidetza. Están perdiendo la credibilidad del servicio entre la ciudadanía». Considera Nicolau que el proceder del departamento que dirige Nekane Murga solo puede ser entendido desde dos puntos de vista. «O quieren señalar a los tres profesionales imputados como los únicos responsables de las filtraciones o su objetivo es intentar defender la actuación de los tres altos cargos de Osakidetza citados».

Por su parte, Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno Vasco, afirmó que Osakidetza «tiene todo el derecho» a personarse como perjudicado en este proceso. «Difícilmente se puede considerar que alguien pueda estar más interesado» en el esclarecimiento del caso que la propia Osakidetza.