El fin del estado de alarma dejará en manos de los jueces los confinamientos y aforos

«Será un problema serio», verbalizó ayer el vicelehendakari Josu Erkoreka. Porque Euskadi, con otros 1.000 nuevos positivos ayer, «no está en situación de flexibilizar medidas», constató el lehendakari Iñigo Urkullu, que asume que solo la declaración del estado de alarma permite «condicionar» dichos derechos fundamentales. Y cuestiona que las normas ordinarias, como la Ley de Salud Pública o incluso los acuerdos a los que Gobierno y comunidades puedan llegar en la Comisión Interterritorial -a la que apela Sánchez para mantener las limitaciones- permitan el grado «severo» de restricciones actuales. «Si fuera así -apuntan las fuentes consultadas-, no habría hecho falta ningún estado de alarma». Efectivamente, ni la norma de Salud Pública ni las normativas antipandemia que el País Vasco y otras comunidades como Galicia están impulsando contra el reloj para disponer de alguna cobertura jurídica extra, permitirán limitar la movilidad por la noche o decretar confinamientos de forma generalizada como ocurre ahora con el semáforo Covid al superar la tasa de 400 casos.

Fuentes jurídicas remarcan que el «derecho de excepción, regulado en la Constitución», es el único que puede «no solo afectar a derechos fundamentales, sino incluso suspenderlos». Y que con el «derecho ordinario de necesidad», se podrían «afectar» derechos fundamentales bajo «control jurídico» dependiendo de la «intensidad de las medidas que se adopten». Los jueces deberán «autorizar medidas individuales», como pueden ser los confinamientos concretos, o «ratificar medidas de aplicación general». Estas últimas iniciativas, las colectivas, penden del Tribunal Superior.

Con este esquema, dichas fuentes jurídicas advierten de que las «restricciones generales» de aforo, por ejemplo, requerirán aval del TSJPV, aunque «la autoridad sanitaria sí podría imponer aforos y horarios» en establecimientos comerciales u hosteleros por criterios sanitarios, desde la asunción de que es posible que los afectados reclamen responsabilidad patrimonial. Es decir, el caso ocurrido con la hostelería vasca, que ganó su pulso en el TSJPV y ya no está obligada a cerrar completamente aunque la transmisión del virus esté disparada.

Los jueces también decidirán sobre los confinamientos. Las mismas fuentes precisan que es factible que, en función de los contagios, las autoridades sanitarias ordenen el encierro de una persona o incluso de un bloque de viviendas donde se produzca un brote -como ocurrió en verano sin estado de alarma-. Pero es más complicado, asumen, que pueda decretar cierres municipales de grandes urbes o de territorios y la comunidad. «Quizás podrían cerrarse pueblos con una población reducida pero difícilmente San Sebastián. El límite es hasta dónde la autoridad sanitaria puede individualizar las medidas, con nombres y apellidos».

Además, recuerdan que es casi imposible restringir los derechos de reunión, asociación y manifestación. Es decir, poco se podrá hacer para limitar a 4 el número máximo de personas en exteriores y menos en domicilios, donde el derecho vigente es el de la intimidad. Lo que seguirá en vigor sin problema es el uso de la mascarilla, o la distancia social de 1,5 metros, que se asientan sobre la evidencia científica.