Euskadi ofrece la mayor cobertura estatal de RGI pero flaquea en familias con más de 3 miembros

Euskadi destina cada año 224,9 euros por habitante al sistema de protección básica para evitar que sus ciudadanos caigan en la pobreza. Castilla-La Mancha invierte 3. El abismo entre ambas comunidades deja en evidencia la disparidad de modelos, de cuantías económicas y de condiciones exigidas por cada gobierno autonómico en la prestación de ingresos mínimos, las RGI estatales que no solo cambian su denominación según la latitud sino también el grado de cobertura a la población. Euskadi se mantiene a la cabeza de este ranking en la mayoría de parámetros. Eso no es noticia. Lo está desde hace años. Pero sí podría serlo alguno de los puntos flacos que aún mantiene en su sistema respecto a otros, como la congelación de la prestación a partir del tercer miembro de la familia. Es decir, Euskadi es la más «generosa» en unidades convivenciales de uno y dos miembros, con una RGI de hasta 644,4 euros y 827,5 euros al mes, respectivamente, pero lo es menos a partir de tres. La cuantía se congela en 915,4 euros, cuando esa tabla gradual en Navarra o en Cataluña es progresiva hasta los 6 miembros de la unidad familiar y alcanza un máximo de 1.221,6 euros. «Cuando se decidió así había menos preocupación por la pobreza infantil. Pero es un asunto por resolver en el que casi todos están de acuerdo», explica Joseba Zalakain, en alusión a la reforma de la RGI que el pasado verano quedó pendiente en el Parlamento Vasco y que ahora vuelve a cobrar vida en la negociación presupuestaria con EH Bildu, donde hay una oferta del Ejecutivo sobre la mesa para incrementarla un 3,5% y para añadir nuevos complementos para pensionistas, familias monoparentales y familias con más de tres hijos, y nuevos requisitos para acceder a la prestación.

El director del Centro de Documentación y Estudios SIIS de Euskadi arroja algunas de las claves del último análisis comparativo entre comunidades autónomas que ha realizado su equipo, y constata las diferencias que persisten en el Estado en cuanto a prestaciones de ingreso mínimo. No hay dos iguales. Ni por edad exigida, ni por requisitos de residencia, ni por duración, ni por cuantías, ni por estímulos de empleo... Las principales variables que amplían o limitan la cobertura a la ciudadanía, y que repercuten directamente en el gasto que cada ejecutivo autonómico contempla en su presupuesto.

Euskadi invierte 492,3 millones de euros al año en RGI y en prestación complementaria de vivienda (PCV), uno de los complementos asociados -junto al de familia monoparental- que completan la ayuda básica y que multiplican la diferencia económica respecto al resto de regiones. «Hemos sumado ambas cuantías porque están vinculadas», explica Zalakain, que asume que «otras comunidades o no tienen esa ayuda al alquiler» o ese complemento no llega a los 250 euros máximos que se conceden en la CAV.

Pero si el foco se centra solo en la Renta de Garantía de Ingresos, las diferencias siguen siendo relevante. La cuantía es la primera que llama la atención. La horquilla va desde los 400 euros en Madrid a los 644,4 en Euskadi para unidades convivenciales de un miembro, y desde los 665,6 euros de Cantabria a los 1.221,6 de Navarra para familias con seis. No obstante, el importe de la prestación que recibe cada beneficiario va en función de si tiene o no ingresos propios. Así, recuerda Zalakain, «una cuantía de 900 euros permite acceder a más gente» que no llega a ese mínimo que una de 650, por ejemplo. «Eso es lo primero que incide en la cobertura» que presta cada comunidad.

Además, también lo hace, y de forma relevante, la edad en la que se puede percibir la prestación. Y ahí, Euskadi, al igual que algunas otras comunidades como Asturias, Navarra o Valencia abren el acceso a los mayores de 65 años, es decir, a pensionistas con retribuciones muy bajas, que de esta forma complementan su prestación. «Aquí tampoco se exige residencia legal», añade Zalakain, en contraste con otras comunidades que niegan la ayuda a extranjeros no comunitarios o sin permiso de residencia. Sí se pide, no obstante, empadronamiento y residencia efectiva de tres años.

Además, el director del SIIS recalca que el volumen de prestaciones en Euskadi es también superior al de otras comunidades porque «es compatible» con ingresos por trabajo. Es decir, los llamados «trabajadores pobres», que no engrosan las listas del paro, pero no pueden llegar a fin de mes por la precariedad de su sueldo, pueden completar sus ingresos con esta ayuda básica. Cada vez más comunidades permiten seguir cobrando la renta mínima aunque el beneficiario encuentre trabajo, bajo diferentes condiciones de salario o duración, «porque de lo contrario se desincentivaría la búsqueda».

Ese es uno de los requisitos obligatorios que Lanbide, encargada de gestionar la RGI vasca, mantiene. «Los perceptores están sujetos a un convenio de inclusión que no les permite rechazar los puestos de trabajo que Lanbide les ofrezca ni los cursos de formación». Pero Zalakain advierte de que algunas comunidades como Cataluña, Galicia o Aragón (lo está estudiando) han empezado a incluir un nuevo «concepto» de ayuda, que convierte en «incondicional» parte de la prestación.

Es decir, «y el catalán es el caso más claro», se ofrece la posibilidad al beneficiario de obtener un ingreso mínimo sin ninguna obligación de buscar, formarse o aceptar un empleo. Y «si acepta un convenio de inclusión» laboral, la cuantía de la renta es mayor. «Es un pequeño gran cambio», asume el director del centro de estudios vascos, porque incide en el concepto fundamental de la propia ayuda: Si debe concederse de manera «incondicional» a las personas que cumplan los requisitos y que «sea cada uno quien la gestione», o si se debe supeditar a una búsqueda efectiva de empleo para 'garantizar' que existe voluntad de mejorar la situación personal. «En ese sentido, dichas comunidades van más lejos» que el sistema vasco, informa Zalakain, que no entra a valorar si ese debe ser o no el camino a seguir.

Por la suma de todas esas variables, Euskadi «es la que más gasta» en esta renta de ingresos mínimos. Y la que más se acerca al nivel medio de otros países de Europa. «Lo raro no es esto, lo raro» es que en otras comunidades el gasto se quede tan corto.