Las residencias de ancianos vascas tienen dos años de plazo para mejorar sus servicios
El decreto aprobado ayer impide tener habitaciones en los sótanos, regula el uso de correas y fija las condiciones de vida de los alojados
La reforma de los servicios geriátricos de Euskadi ha comenzado. El Gobierno Vasco aprobó ayer el decreto que da a las residencias un plazo máximo ... de dos años para mejorar y adaptar sus actuales servicios a la nueva norma. La ley, detallista hasta el punto que regula desde tratamientos a prestaciones de las instalaciones, impide abrir habitaciones en los sótanos, regula el uso de correas con los usuarios y fija, al detalle, las condiciones de vida que se les debe garantizar tanto a los alojados como a sus familias. Por ejemplo, al menos un 75% de los residentes deberá disponer de una habitación individual, que garantice su privacidad, aunque lo deseable es que todos puedan disfrutar de este derecho. El Ejecutivo autónomo se reserva el derecho de cerrar los establecimientos que, pasado ese tiempo de dos años, sigan sin cumplir la nueva normativa.
El decreto, cuyo contenido ya adelantó este periódico el pasado marzo, parte de la base de que las residencias son centros destinados a servir de vivienda habitual, permanente o temporal, a personas mayores de 65 años que se pueden encontrar en situación de dependencia. La norma busca el cumplimiento de la ley del Sistema Vasco de Servicios Sociales, que «tiene entre sus principios el de garantizar unos estándares mínimos de calidad» para las personas mayores. Llega además después de una larga huelga de las trabajadoras de Gipuzkoa, que continuarán sus movilizaciones en septiembre.
SEGÚN LO PREVISTO
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Recursos y materiales «Los centros deberán ubicarse preferentemente en núcleos poblacionales y, en todo caso, con un acceso sencillo y rápido al resto de servicios comunitarios». «Estarán debidamente comunicados con el centro del municipio con transporte público o, en su defecto, facilitarán otro medio alternativo».
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Habitabilidad y confort «En ningún caso podrán ubicarse habitaciones en los sótanos y semisótanos». En su interior, «se asegurará el confort térmico, garantizando una temperatura igual o superior a 21 grados e inferior a 27. En ningún caso se aceptarán sistemas de calefacción susceptibles de provocar llama». El sistema de seguridad contará además con un «Plan de Autoprotección», que deberá ser aprobado por el órgano competente y remitirse «al servicio de extinción de incendios del área del centro residencial».
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Habitaciones Un 75% de los alojados, como «mínimo», deberá contar con una habitación individual. Las estancias deberán disponer de luz de sueño e iluminación artificial que permita la lectura y el trabajo. Todas las ventanas del centro, incluidas las zonas comunes, se situarán a una altura que permita la visibilidad en posición sentada y condiciones de seguridad
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Servicios obligatorios Los centros con más de 25 personas deberán contar con cocina propia y sala de fisioterapia. También se dispondrán almacenes, servicio de lavandería «propia o contratada».
Más de un 23% de la población de Euskadi es ya mayor de 65 años, un dato que se toma como referencia por la fecha tradicional de jubilación, aunque la salud de una persona a esa edad no sea la misma hoy que hace sólo 20 ó 30 años. Los servicios residenciales están pensados para los ciudadanos que superan esa edad y son dependientes o bien se encuentran en situación de dependencia. La cifra total de plazas residenciales de la CAPV es de 20.495, de las que 13.899 son privadas. El texto legal impulsado ayer está dirigido a todas ellas, tanto a las públicas como privadas, con capacidad para atender hasta 150 alojados, que a partir de ahora será el máximo de capacidad de cada centro.
El día en que el texto se publique en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), lo que ocurrirá si no es esta semana, la próxima, las residencias de mayores deberán ubicarse únicamente en entornos no aislados y debidamente comunicados con el centro de los municipios y los servicios comunitarios. Si no hay un transporte público que los conecte, los gestores deberán facilitar medios alternativos para que así sea. La normativa complica las cosas para las pequeñas residencias habilitadas en pisos o urbanizaciones sin zonas verdes, porque en ella se deja claro que también se deberá disponer de jardines o espacios exteriores para poder pasear o, en su defecto, que faciliten el acceso a plazas o espacios públicos ajardinados.
Habitaciones individuales
Las instalaciones deberán estar divididas en módulos de 25 plazas, con un máximo de seis. Un 75% de las habitaciones deberán ser individuales, que es el «tipo ideal» de estancia a la que debe tenderse para todos los alojados. Las no compartidas deberán tener una superficie útil mínima de 13 metros cuadrados y las dobles de 19. En ambos casos, ese espacio excluye el del baño, que contará con una superficie mínima de cinco metros cuadrados, independientemente de que sea o no compartido.
Las habitaciones deberán estar bañadas por luz natural, no sólo artificial y directa; y las ventanas -las de todo el inmueble, no sólo las de los cuartos de los alojados- deberán colocarse a una altura que permita a los usuarios ver el exterior «en posición sentada y con las debidas garantías de seguridad».
Todos los centros deberán disponer de una sala de consulta, un cuarto de curas y botiquín, atención farmacéutica y también sala de fisioterapia y rehabilitación, además de cocina propia en locales con más de 25 plazas. La nueva norma pone énfasis en la necesidad de garantizar el buen trato a los usuarios, por lo que obliga a una formación continuada en ética a los profesionales y regula el uso de sujeciones físicas, que por principio «se intentarán evitar». Sólo se dispondrán «bajo prescripción médica» y cuando no esté garantizada la seguridad del paciente o del resto de los alojados.
Gipuzkoa prevé abrir 500 plazas nuevas en los próximos años, y el coste de cada una se incrementará hasta los 90.000 euros, un 30% más.
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