Euskadi aprueba la ley que permitirá a Osakidetza contratar extracomunitarios ante la falta de médicos

La nueva norma, que salió adelante gracias a los apoyos de los dos grupos del Ejecutivo (PNV y PSE), la abstención de PP-Cs y el rechazo de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y Vox, ofrecerá «un marco o paraguas» para que los trabajadores que no tengan nacionalidad española o comunitaria puedan acceder a las bolsas de empleo del Servicio Vasco de Salud. Aunque deberá ser desarrollada a partir de «una ley sectorial que lo matice», tal y como aclaró este jueves la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, a su llegada a la Cámara vasca.

«La nacionalidad es un requisito de acceso que exige la normativa básica del Estado, si bien permite que por ley se exceptúe para ciertos supuestos y en determinadas condiciones. Pero serán futuros proyectos normativos los que regulen este asunto», explicó desde la tribuna la parlamentaria jeltzale Estibaliz Larrauri, haciendo referencia al artículo 72.5 de la nueva norma. Este punto del texto es el que cada institución pública, como es el caso de Osakidetza, podrá adaptar a sus necesidades realizando una «exención del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para el acceso a la condición de personal estatutario». Euskadi sigue así los pasos de otras comunidades autónomas como Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura o Madrid, que también han modificado sus normas regionales que eximen de la nacionalidad comunitaria en aquellos casos en los que la titulación requerida sea una especialidad médica deficitaria.

La contratación de profesionales sanitarios de origen extracomunitario -los nacionales de los estados miembros de la UE sí pueden participar en los procesos selectivos para el acceso al empleo público- es una cuestión que colea desde hace años, pero que ha cogido fuerza tras la pandemia por la excepción que se hizo en España durante los estados de alarma para reforzar el sistema sanitario, que conllevó una exención del requisito de nacionalidad para los profesionales sanitarios extracomunitarios.

Una vez decaída la alerta sanitaria, sin embargo, esas personas que reforzaron la sanidad pública en momentos de máxima necesidad vieron que ya no podían optar a las listas de sustituciones de Osakidetza o a cualquier otro contrato coyuntural en la sanidad pública, al tratarse de contratos estatutarios que incluyen el requisito de nacionalidad. En Euskadi esta situación se puso de relieve por una denuncia realizada por el sindicato ESK, después de que la Red de Salud Mental de Álava prescindiese de tres auxiliares de enfermería contratadas durante la pandemia. Aquel caso llegó al Parlamento Vasco, a instancias de EH Bildu, y motivó que PNV y PSE aprobasen una enmienda para eliminar el requisito de la nacionalidad en el nuevo texto.

En el mejor de los casos, los médicos y enfermeras extracomunitarios hasta ahora han podido optar a un contrato laboral en la sanidad privada. De ahí que en las clínicas de titularidad privada sea más habitual encontrar a personal de origen extracomunitario, principalmente suramericano. Esta circunstancia ha llevado a que en Gipuzkoa se haya duplicado la contratación de personal extranjero en los últimos cinco años, pasando de las 819 personas que sumaba en 2017 a las 1.702 actuales, según los registros del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Con este cambio normativo aprobado ayer por la Cámara vasca, Euskadi pondrá fin también a la paradoja de que los médicos internos residentes (MIR) pudieran ser extracomunitarios al tener contratos de formación, pero no pudiesen optar a una plaza en Osakidetza al terminar sus estudios formativos.

El artículo 72.5 de la ley de Empleo Público no solo habla de «necesidades objetivas» en personal médico especialista y personal de enfermería de Osakidetza, sino que también extiende la exención de nacionalidad para los extracomunitarios a otros dos ámbitos en los que se han detectado carencias en la Administración vasca: los expertos en tecnologías de la información y de las comunicaciones, y algunas plazas de la Ertzaintza y de la policía local.

La norma, que viene a sustituir a la ley de Función Pública Vasca, que data de 1989, y salió adelante con el rechazo de todos los sindicatos, amplía su radio de acción también a ámbitos como la Administración General, las forales y locales o incluso la Universidad del País Vasco. Además se trata de un texto que «hace mucho hincapié en el valor público, en la relación con la ciudadanía», y que también recoge medidas para «salvaguardar» la igualdad de hombres y mujeres, y para que el euskera sea «una lengua de servicio y de trabajo», tal y como destacó Garamendi acerca de un texto que afecta a más de 100.000 trabajadores públicos.