La paralización del cementerio nuclear frena el desmantelamiento de la central de Garoña
El material se encuentra depositado en la piscina de almacenamiento de la planta desde 2013, sin que se sepa aún cuándo, cómo, ni dónde se llevará
El desmantelamiento de una central nuclear no es una tarea sencilla. Las labores de despedida y cierre de la planta de Santa María de Garoña ... se encuentran prácticamente paralizadas a la espera de que la empresa pública Enresa decida dónde quiere llevar el combustible del reactor, depositado en la actualidad en las piscinas de almacenamiento de las instalaciones burgalesas. Las incógnitas en torno al proceso son de tal calado que, de momento, resulta impredecible poner fecha al final de la planta. La compañía responsable de la gestión de los residuos radiactivos todavía ni siquiera sabe qué hará ni a donde llevará todo ese material radioactivo. La suspensión del proyecto de cementerio de residuos radioactivos de Villar de Cañas, en Cuenca, ha complicado aún más la situación.
La presión política y social, unida a la crisis interna de Nuclenor, con sus dos socios paritarios, Iberdrola y Endesa, divididos ante el futuro del reactor del Valle de Tobalina, llevó al Gobierno del PP a decidir hace ya año y medio, el 1 de agosto de 2017, el cierre definitivo de Garoña. El anuncio, retransmitido en directo por televisión, fue realizado por el entonces ministro de energía, Álvaro Nadal, que dejó muy claro en su intervención cuál era la posición del equipo de Mariano Rajoy.
Eguzki pide un desmantelamiento «seguro, público, transparente y sin demora»
La asociación ecologista Eguzki ha solicitado que el proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, sea «seguro, público, transparente y sin demora».
En un comunicado, Eguzki ha afirmado que «actuar de forma unilateral y con oscurantismo supondrá mantener a la ciudadanía con la duda y el temor permanente ante una central nuclear parada pero tan deteriorada que sigue representando un riesgo de contaminación nuclear». «Lo que de verdad echamos en falta es la ausencia de un plan, o si existe no es público, en el que se expliciten las medidas y fases a cumplir, así como un calendario para llevarlos a cabo», ha añadido.
En este sentido, ha incidido en que «a falta de un cementerio nuclear, la mejor opción es la del enterramiento controlado de las instalaciones 'in situ'». «Para nada contemplamos el traslado de residuos nucleares a terceros países, por su peligrosidad y porque lo consideramos tanto insolidario como injusto», ha añadido. Por último, ha denunciado que se pretenda que los ciudadanos, a través de la empresa pública Enresa, «paguemos los costes de desmantelamiento cuando es la propia empresa quien debería hacerlo, tal y como lo reclamó el alcalde del Valle de Zamanzas el mes pasado en Bruselas».
«Cualquier central necesita certidumbre económica, política y social para amortizar la inversión; con la de Burgos ha faltado un debate sosegado», afirmó el responsable ministerial. Pero lo cierto es que la planta atómica de Garoña se había desconectado por decisión propia de la red general cinco años antes, en diciembre de 2012, y a la eléctrica vasca no le salían las cuentas referidas a la inversión necesaria para adaptar las instalaciones a las exigencias internacionales impuestas tras el desastre nuclear de la central de Fukushima.
Seis años perdidos
Las tareas de desmantelamiento de la central burgalesa no han parado desde entonces. Los trabajos se dividen básicamente en dos bloques, según explicó un portavoz de Nuclenor. A la empresa radicada en Burgos le corresponde gestionar el combustible gastado y poner en marcha los procesos necesarios para transferir la titularidad de la planta a Enresa «de forma segura, eficaz y respetuosa con el medioambiente». A Enresa le tocan las operaciones provocadas por la clausura de unas instalaciones nucleares y radiactivas, es decir, básicamente, la gestión final de los residuos nucleares.
Nuclenor descargó el combustible del reactor en diciembre de 2013, un año después de la parada por sorpresa de su actividad, un cese unilateral de la actividad que le valió una sanción económica de 18,4 millones de euros por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). La indecisión sobre el lugar en que se construiría el cementerio nuclear de España, el llamado Almacén Temporal Centralizado (ATC), ha ido demorando ese traslado durante años. Cuando por fin parecía que había un emplazamiento, el de Villar de Cañas, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido ponerlo en suspenso y todo queda otra vez en entredicho.
«Entre las responsabilidades de Enresa está la de definir dónde deberá almacenarse todo ese combustible y facilitar los contenedores y equipos necesarios para su transporte hasta el Almacén Temporal Individualizado (situado en Garoña) como paso previo a su depósito en el ATC, cuya construcción se encuentra suspendida», explicó el portavoz de Garoña. Nuclenor, según dice, ha cumplido su parte. «Las tareas de acondicionamiento de los residuos que se generaron durante la operación de la central, prácticamente las hemos finalizado».
Nuclenor cuenta en la actualidad con una plantilla de 119 empleados, que, en función de la carga de trabajo, se elevan hasta 165 con los pertenecientes a empresas colaboradoras. La principal misión de todos ellos en estos momentos consiste en vigilar y controlar los sistemas de refrigeración del combustible, «garantizando que todo está en condiciones de máxima seguridad».
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