Euskadi dará por primera vez una ayuda económica a los huérfanos de la violencia de género
La reforma de la Ley de Igualdad plantea abonar 5.000 euros al año hasta la mayoría de edad y cubrir la falta de apoyos
Euskadi se ha propuesto reparar a las víctimas de la violencia de género y corregir las lagunas que existen en el actual modelo de ... atención. La Ley vasca de Igualdad cumple quince años con avances, un esfuerzo entre todas las administraciones públicas que supone 25 millones de euros de inversión al año en el conjunto de los tres territorios, pero que la realidad sigue demostrando insuficiente. Uno de los huecos que pretende cubrir la reforma, aprobada ayer por el consejo de gobierno, es el vacío en la atención a los hijos de mujeres maltratadas en su más amplia aceptación como víctimas de la violencia de género, pero también en un aspecto concreto: la falta de apoyos económicos para aquellos que se quedan huérfanos.
Los hijos de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas tienen derecho a cobrar una pensión de orfandad, a cargo de la Seguridad Social, cuya cuantía se elevó el año pasado de los 140 euros a los 600 euros. Pero más allá, no reciben otro apoyo. Además de perder a sus madres de un día para otro y de la forma más cruel, estos menores a menudo se ven sin otro sustento que el que les brindan sus familias, abuelos o tíos, que son los que generalmente los acogen. Algunas comunidades autónomas, como Castilla-León, Galicia o Baleares, han puesto en marcha prestaciones propias para reparar ese daño económico. Euskadi hará lo propio una vez entre en vigor la reforma de la Ley de Igualdad, presentada ayer por la directora de Emakunde, Izaskun Landaida, y el portavoz del gabinete Urkullu, Josu Erkoreka.
El texto se presentará ahora al Parlamento Vasco con la idea que se se apruebe en los próximos meses, antes del final de legislatura. En líneas generales, la reforma plantea reforzar los recursos y las ayudas a las víctimas. Por primera vez se propone indemnizar a las mujeres maltratadas, con una nueva ayuda que será compatible con las ya existentes. Se activará en el caso de impago de indemnizaciones establecidas por resolución judicial, cuando no hayan sido abonadas por el condenado o por el seguro correspondiente.
El dato
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102 menores han quedado huérfanos por agresiones machistas en España entre 2016 y 2018, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial. El 75% de las asesinadas eran madres. La cifra no está desglosada por comunidades.
El texto recoge también la novedad de regular una ayuda económica para los hijos e hijas de las víctimas mortales de la violencia de género, «mientras sean menores de edad y hasta que dispongan de recursos propios para valerse por sí solos». La futura ayuda a estos huérfanos se concretará en el momento en que el departamento correspondiente diseñe la prestación, pero en el proyecto se propone que ascienda a 5.000 euros por año, un apoyo que se acompañará además de «asesoramiento personalizado para atender a toda la tramitación burocrática posterior al asesinato de las mujeres y para acompañar a las familias de las víctimas», en paralelo al apoyo psicológico y social, con programas ya consolidados.
La ayuda se articularía a través del pago único, la fórmula por la que ahora también se da ayuda económica a las mujeres víctimas del maltrato que no tienen suficientes recursos económicos y que al menos lleven seis meses residiendo en Euskadi. En 2018, según los datos facilitados ayer, 170 mujeres recibieron este apoyo (por valor total de algo más de un millón de euros). Una vez cumplen tres años de empadronamiento, y si continúan con ingresos insuficientes, pueden también acceder a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Cerca de 1.400 mujeres víctimas cobraban esta ayuda (6,5 millones de euros en 2018).
La futura prestación para huérfanos de la violencia de género no tendrá tal impacto económico, y tampoco debe medirse solo bajo ese parámetro. 2019 fue el primer año desde 2002 en el que ninguna mujer fue asesinada a manos de su pareja o expareja en Euskadi, lo que significa que tampoco quedó huérfano ningún hijo o hija. En el País Vasco, la violencia machista se ha cobrado la vida de 42 mujeres desde que se empezaron a contabilizar estos crímenes en 2003.
Los retos principales
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Cambios normativos
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Desigualdad Garantizar una visión compartida sobre la ubicación de la violencia contra las mujeres del problema sistémico y universal de la desigualdad de mujeres y hombres.
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Adecuar la legislación vasca La reforma de la ley vasca de igualdad recogerá los mandatos del convenio de Estambul, las leyes de protección de la infancia y adolescencia, el estatuto de la víctima y otros.
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Más allá de la denuncia
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Visión La ley prevé situar en el centro de todas las medidas los derechos de las víctimas y supervivientes, y garantizar que la denuncia no es requisito para el acceso a la atención
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Prevención
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Clave La ley plantea reforzar en su conjunto las medidas para la igualdad y para el empoderamiento de las mujeres, y en particular las referidas a los ámbitos de la cultura, la educación y las tecnologías.
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Detección temprana Necesidad de asegurar la existencia de protocolos de detección en los ámbitos educativo, sanitario, policial, judicial, laboral y social.
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Reparación de la víctima
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Indemnización La plantea el derecho a una indemnización proporcionada, la garantía de que no se repitan los hechos y una completa recuperación.
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Protección a la infancia
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Prioridad Reconoce expresamente como víctimas de la violencia a los hijos e hijas de mujeres maltratadas.
En España, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene registrados 264 hijos e hijas que han perdido a sus madres asesinadas desde 2013, pero no existe un registro desglosado por comunidades. Entre 2016 y 2018, los últimos datos cerrados, 102 menores han quedado huérfanos. En torno al 75% las mujeres asesinadas eran madres. «La cifra pone de manifiesto que la maternidad es un factor que hace más vulnerables a las mujeres maltratadas. Y guarda relación con el elevado porcentaje de casos sin denuncia: la víctima tiene miedo y no denuncia ante el temor añadido de represalias del maltratador contra sus hijos», refleja el CGPJ.
Otras medidas recogidas en la reforma vasca sí que significarán aumentar de forma notable el presupuesto dedicado a la lucha contra la violencia de género (actualmente el Gobierno Vasco invierte 25 millones al año, más otros 7 a cargo de las diputaciones), aunque dar una cifra cerrada resulta «difícil» por la envergadura de los cambios. Destaca la obligación de crear pisos de acogida especializados, «en función de las necesidades» de las supervivientes, para atender las diferentes situaciones que puedan sufrir, como enfermedad mental o adicciones, «y que limitan su acceso a otros recursos» que ya existen. Este cambio podría suponer 1,3 millones de euros más al año a las diputaciones. Será obligatorio un servicio de atención psicológica especializada, como el que ya ofrece la Diputación de Gipuzkoa, única administración foral en contar con este recurso.
La futura ley también obligará a reforzar los pisos de acogida con recursos especializados
El Pacto de Estado contra la violencia de género, que contemplaba 220 millones de euros en 2019 para repartir entre las comunidades, aliviará la financiación, si bien Euskadi debe analizar en la comisión mixta del Concierto Económico los recursos que le corresponderían.
La reforma pretende un cambio de calado para que la igualdad impregne en el trabajo institucional, más allá de medidas concretas de ayuda a las víctimas. De primeras, exigirá a las administraciones que dediquen el 1% de sus presupuestos a políticas de igualdad, lo que se traducirá en un esfuerzo de plantilla. Así Emakunde prevé aumentar su presupuesto en 711.000 euros (ahora gasta 900.000); el Gobierno Vasco elevará su gasto en 1,4 millones de euros, mientras que las Diputaciones contemplan 300.000 euros más. Por su parte, los ayuntamientos desembolsarán 1 millón más.
«Un pacto de país»
La directora de Emakunde enmarcó la ley en el objetivo de «posibilitar una política y un pacto de país con mayúsculas por la igualdad y contra la violencia machista». Euskadi cumple así con la obligación de adaptar la normativa a las nuevas leyes de protección a la infancia y adolescencia, y a la Ley del Estatuto de la Víctima, así como adecuar el ordenamiento jurídico vasco al Convenio de Estambul, adoptado por la UE en 2011 y que entró en vigor en España en 2014.
La futura ley vasca, resultado de más de dos años de debate y grupos de participación, eliminará barreras para proteger a las víctimas. La denuncia no será requisito necesario para acceder a recursos -serán los trabajadores sociales quienes emitan un informe-. Se pone el acento en la prevención y en la necesidad de formación del personal de las administraciones públicas, en la línea del programa Jabetuz por el que ya han pasado 1.200 personas.
Un proyecto piloto para concretar cómo indemnizar a las víctimas
Prevención, detección temprana, atención integral y reparación. Ese podría ser el resumen que impregna la reforma de la actual Ley vasca de Igualdad. La necesidad de reconocer y garantizar el derecho a la reparación de las víctimas resulta novedosa. La ley reconoce el derecho a las víctimas y supervivientes a recibir una «indemnización proporcionada, el reconocimiento de la verdad, la garantía de la no repetición de los hechos violentos y una completa recuperación a través de los correspondientes recursos públicos de atención». Reconocido el derecho, ahora el Gobierno Vasco debe concretar cómo articularlo, cómo compensar económicamente a las víctimas, cuando no lo hayan hecho el condenado o los seguros correspondientes. En el último borrador de la ley se habló de crear un «fondo de garantía público» a través del cual indemnizar a estas mujeres. El texto final no cierra la fórmula y plantea un proyecto piloto, al que dedicarían de partida 500.000 euros, para concretar y delimitar esta indemnización. No resulta un asunto sencillo. «La cuantificación entraña cierta complejidad, ya que implica la toma en consideración de aspectos objetivables, que no suelen presentar mayor problema para su cuantificación (por ejemplo, daño físico), pero otros aspectos no objetivables, como los daños morales, que tienen una cuantificación más difícil y, en el ámbito judicial, están en unos rangos económicos muy bajos», se expone. Así, según recoge el texto, las sentencias analizadas no cubren los gastos morales, ni los fallos se ajustan a las necesidades de las víctimas», por lo que el Gobierno Vasco prevé indemnizaciones propias, diferentes a las que se establezcan por la vía judicial, cuantía que tendrá que regular.
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