Euskadi tramitará 10.000 permisos de trabajo de extranjeros al año con su nueva competencia

Los extranjeros que soliciten un permiso laboral acudirán a la ventanilla vasca una vez que el acuerdo firmado ayer se despliegue en su totalidad. La transferencia se hará efectiva el 1 de julio, pero el desarrollo normativo se recogerá en un real decreto y los servicios –con sus funciones, personal y medios– serán trasladados de una administración a otra en un plazo de tres meses desde su publicación. Con todo, la previsión prudente sitúa al final del año la materialización concreta de ese expediente solicitado por un inmigrante que se dispone a trabajar en Euskadi.

El consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, puso el énfasis en el hecho de que «vamos a poder agilizar la incorporación de personas extranjeras al mercado laboral». Incidió así en el factor cualitativo que responde al cuantitativo, y es que en 2024 se tramitaron en Euskadi –por parte del Estado– 13.000 expedientes, de los cuales se calcula que unos 7.000 correspondieron a permisos laborales y el resto hacían referencia a autorizaciones de residencia por razones de arraigo social, familiar o formativo.

Partiendo de estas cifras, la consejería de Torres prevé un aumento del 40% en las tramitaciones con la entrada en vigor el 20 de mayo del nuevo Reglamento de Extranjería, que introduce importantes cambios en la regulación, sobre todo respecto al permiso de residencia temporal por trabajo o arraigo. El incremento se traduciría en unos 2.800 permisos laborales más respecto al año anterior, en el precismo momento del traspaso de competencias.

La realidad migratoria y demográfica augura, en cualquier caso, una demanda creciente. Explica la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez, que «con esta transferencia estaremos más cerca de las empresas cuando tratan de cubrir las necesidades de personal. La competencia por la atracción de talento empieza a ser una constante en Europa y debemos acompasar los permisos de trabajo y residencia en Euskadi a estas necesidades crecientes de personal. Desde hace un tiempo se constata la falta de mano de obra en algunos sectores y, en los próximos años, va a ser necesario cubrir miles de puestos de trabajo».

Según los últimos datos del Eustat, referentes a 2024, residen en Euskadi 217.489 personas de nacionalidad extranajera –casi el 10% de la población vasca–, de las que un 14,7% están en situación de desempleo. Más de 5.000 personas han recibido formación en Lanbide sin poder incorporarse al mercado laboral por falta de una documentación que ahora podrá tramitarse de forma más ágil.

Comenta la viceconsejera que «la inmigración tiene y va a tener un impacto significativo en el mercado de trabajo vasco, posibilitando la incorporación de personas trabajadoras en sectores donde la demanda no está cubierta. Hablamos de sectores muy diversos, desde los que requieren profesionales de alta cualificación, nómadas digitales o personas emprendedoras, hasta otros sectores como la agricultura, la construcción, la hostelería y los cuidados».

Elena Pérez añade que «también estaremos más cerca de los procesos de inclusión social y laboral que se llevan a cabo desde Lanbide con personas extranjeras, procesos que se iniciaron en 2022, primero de forma experimental, y ya este año a través de convocatoria aún en ejecución. De los proyectos piloto que hemos desarrollado 271 personas han visto regularizada su situación y cuentan con un contrato de trabajo después de un periodo de formación».

El acuerdo sellado ayer incluye cinco puntos. En primer lugar, la autorización de trabajo para extranjeros cuya actividad laboral se desarrolla en Euskadi. El segundo punto hace referencia a las autorizaciones para actividades de temporada de personas extranjeras en Euskadi. En tercer lugar se encuentra la gestión colectiva de contrataciones en origen. En cuarto lugar, el Gobierno Vasco verificará los requisitos de arraigo sociolaboral y socioformativo. Y, por último, incluye la inspección de trabajo, donde destaca el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación de trabajadores extranjeros. A falta de negociaciones, se prevé que la competencia se ejecutará a través de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco y sus delegaciones territoriales.

Falta por comprobar cuál será la aplicación práctica de este cambio de competencias y desde SOS Racismo, su responsable Mikel Mazkiaran, relativiza su posible resultado. Explica que «habrá que ver la letra pequeña porque todos los permisos de trabajo de extranjeros requieren la autorización de residencia y eso sigue siendo competencia del Estado. Existirán, por tanto, dos ventanillas, que pueden no ir al mismo ritmo y ya se sabe que si los mecanismos de un reloj no avanzan al unísono, se atasca». Señala «el caso de Cataluña» para concluir que «sigue interviniendo el Estado» y recuerda que «hay un atasco importante en las oficinas de extranjería, con retrasos de cuatro o cinco meses en permisos de residencia y trabajo».