Euskadi flexibilizará la ayuda al alquiler y la ampliará a familias que ganan hasta 19.000 euros

Son los mismos que ahora existen para los perceptores de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), vinculada a la RGI, pero mejoran las condiciones actuales para optar a la Prestación Económica de Vivienda (PEV), que se concede con ingresos inferiores a 9.000, 12.000 y 15.000 euros, respectivamente.

Además, los aspirantes a la nueva ayuda única deberán llevar inscritos tres años en Etxebide como solicitantes de un piso en régimen de alquiler, frente a los cuatro que se necesitan ahora.

Se trata de aunar la PCV, que se concede como suplemento a los perceptores de la RGI que viven de alquiler, y que gestiona el Departamento de Empleo; y la PEV, que otorga el Departamento de Vivienda a aquellas unidades convivenciales a las que les ha sido reconocido el derecho subjetivo a una vivienda pero que no residen en un piso de alquiler social por falta de disponibilidad de alojamientos por parte de las administraciones públicas. La ayuda es la alternativa a la adjudicación de un piso en alquiler social.

Esta unificación se llevará a cabo a través del decreto que desarrolla el derecho subjetivo a una vivienda en Euskadi –establecido en la ley vasca de vivienda de 2015– que el Gobierno Vasco está ultimando. La previsión del Departamento de Vivienda que dirige Iñaki Arriola (PSE) es que el decreto sea aprobado en septiembre y sus directrices entren en vigor en enero de 2024. Además de la unificación de las ayudas, otra novedad del decreto será que las cuantías se actualizarán de forma automática cada año del mismo modo que lo hará la RGI.

Así lo anunció ayer en San Sebastián el director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno Vasco, Mario Yoldi, durante su intervención en un curso de verano de la UPV sobre el derecho a la vivienda organizado por el Defensor del Pueblo Vasco (Ararteko), Manuel Lezertua.

En el transcurso de una mesa redonda en torno a la intervención de los poderes públicos ante situaciones de emergencia habitacional por desahucios u otras situaciones, Yoldi recordó que Euskadi fue la primera comunidad autónoma en reconocer y regular en España el derecho subjetivo a una vivienda, y que aún hoy, es «la única junto a Navarra».

Admitió que el parque de vivienda del que disponen las administraciones vascas –de promoción pública o a través de programas de alquiler indirecto como Bizigune– para garantizar una vivienda con renta asequible a todo el que lo necesita, es «insuficiente» para cubrir la demanda. Eso a pesar de que «Euskadi es la comunidad que más viviendas sociales inicia en relación a su población, y la segunda, tras Andalucía, en números absolutos. En Euskadi existen 26.000 viviendas públicas de alquiler, de las que 16.000 son del Gobierno Vasco; iniciamos 1.000 cada año y captamos otras 2.000, lo que nos permite adjudicar 3.000 pisos cada año a familias necesitadas. Hacemos lo que podemos», defendió.

Explicó que las personas en régimen de alquiler social pagan en Euskadi un máximo de 300 euros al mes, y que la media es de 233 euros. Además, existen en torno a mil casos «especiales» de familias en situación de gran vulnerabilidad que abonan 75 euros al mes. «El 80% de los inquilinos de Alokabide declaran unos ingresos de menos de 13.000 euros anuales», apuntó defendiendo que «en Euskadi, la política de Vivienda es política social».

Según los últimos datos disponibles, correspondientes a abril, desde la entrada en vigor de la ley vasca de Vivienda el Gobierno Vasco ha reconocido el derecho subjetivo a una vivienda a 7.924 familias, de las que a 3.903 se les ha extinguido al haber mejorado su situación. En consecuencia, hay 4.021 derechos reconocidos activos. Del total de reconocimientos, a 2.408 familias se les ha adjudicado una vivienda en alquiler, 2.004 reciben la ayuda económica para hacer frente a un arrendamiento privado, y 3.197 tienen prioridad en las adjudicaciones de pisos que se hagan.

En Gipuzkoa, el derecho se ha reconocido a 1.293 unidades convivenciales, de las que 612 han dejado de tenerlo activo al dejar de cumplir los requisitos, con lo que hay vigentes 681. En este territorio se han visto beneficiadas con el acceso a un piso en alquiler social 549 familias, 406 cobran la ayuda de hasta 300 euros, y 316 figuran como prioritarias para las adjudicaciones.

Por otro lado, entre enero y abril de este año el Gobierno Vasco ha destinado 28 millones de euros a la PCV, la ayuda al alquiler para titulares de la RGI, a una media de 7 millones al mes. En abril cobraron esta ayuda 24.360 hogares, lo que supuso un desembolso de 6,8 millones. En Gipuzkoa había 5.770 beneficiarios, en Bizkaia 13.731, y en Álava, 4.859.