La Ertzaintza suma ya seis denuncias contra la libertad sexual en el udaleku de Bernedo
La Policía autonómica registra en Getxo dos nuevas demandas de dos menores de 12 años que pasaron por el campamento en julio
Leire Pérez y Claudia Turiel
Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00
La cifra de damnificados por el 'caso Bernedo' sigue aumentando. Las familias de un niño y una niña menores de 12 años interpusieron ayer sendas ... denuncias en la comisaría que la Ertzaintza tiene en Getxo para dar cuenta de una serie de hechos que les han relatado los chavales tras pasar la primera quincena del pasado mes de julio por el campamento gestionado por la asociación Sarrea en la localidad alavesa. Según ha podido saber este periódico de fuentes policiales, las cuestiones relatadas en los nuevos escritos cumplen las condiciones para ser tipificadas como presuntos delitos contra la libertad sexual de los menores.
Las denuncias que la Policía autonómica tiene sobre la mesa respecto a lo ocurrido en el udaleku se elevarían de este modo al menos a seis. Salvo la primera, que se presentó a finales de agosto por una supuesta agresión sexual, el resto están siendo investigadas por presuntos delitos contra la libertad sexual, exhibicionismo y coacciones, y han ido interponiéndose después de que este periódico desvelara hace justo una semana la existencia de una serie de cartas en las que varias niñas de entre 13 y 15 años explicaban a sus padres y madres situaciones muy incómodas que habían vivido en el campamento.
Las menores relataban, por ejemplo, que habían sido obligadas a bañarse en duchas mixtas por las que también pasaban adultos y que algunos monitores se paseaban desnudos por el recinto del campamento. En una de las misivas se cuenta incluso cómo una niña fue instada a «chupar el dedo del pie» a un cuidador para recibir la merienda. Los testimonios que se incluyen en las nuevas denuncias presentadas ayer no distan mucho de los que se habían aportado anteriormente. Entre otras cuestiones se detallan dos casos de exhibicionismo y que a la niña los monitores le impidieron entrar a las duchas con el bikini puesto. La asociación Sarrea emitió un comunicado la semana pasada en el que defiende que el objetivo de sus colonias es «normalizar todos los cuerpos».
El 'caso Bernedo' ha ido elevando su gravedad hasta generar un formidable terremoto social, político y judicial durante los últimos días. A las primeras cartas se sumaron después nuevos testimonios. Entre ellos, una familia vizcaína desveló que presentó una queja en 2019 a la que no habían dado trascendencia ni la Diputación ni el Ararteko. La Ertzaintza acabó emitiendo un comunicado el pasado lunes en el que confirmaba la existencia de cuatro denuncias y reconocía que tenía abierta una investigación en torno al udaleku desde enero. El desencadenante de las primeras pesquisas policiales fue el testimonio de dos educadoras sociales de la Diputación de Gipuzkoa que se personaron en la comisaría de Zarautz para poner en conocimiento de los agentes lo que les habían contado varias menores tuteladas tras pasar por las colonias el verano anterior.
El expediente de la Ertzaintza llegó en primavera a un juzgado de Vitoria, donde ha permanecido paralizado hasta hace unos días, cuando el escándalo era ya mayúsculo. La fiscal general vasca, Carmen Adán, se quejó el lunes de que se había enterado por los medios del caso, y ayer el que alzó la voz por el mal hacer de sus colegas fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. «Me hubiera gustado una respuesta más rápida en el inicio del proceso», lamentó Iñaki Subijana.
Sin control institucional
Mientras el Juzgado número 3 de Vitoria se pone las pilas –ha citado a declarar a tres menores– y se van acumulando las denuncias, el 'caso Bernedo' ha servido también para evidenciar que ninguna administración ha estado controlando lo que pasaba en el udaleku alavés ni en ningún otro campamento de titularidad privada de Euskadi.
El presidente del Tribunal Supremo del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, se pronunció ayer por primera vez sobre este caso y sostuvo que le hubiera gustado «una respuesta más rápida en el inicio del procedimiento». Por su parte, la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, aseguró que tras las denuncias habrá una investigación sobre lo que ocurrió en ese campamento y «habrá que llegar hasta el final del asunto».
El Consejo de la Juventud de Euskadi reclamó ayer a las instituciones públicas, y en concreto a las tres diputaciones forales, que asuman «su responsabilidad» en este caso.
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