El pacto educativo propone eliminar el pago de cuotas de la concertada y «priorizar» el euskera

Las formaciones políticas llevan tres meses reuniéndose en una ponencia para definir un pacto que sirva como base para la futura ley que el Gobierno Vasco pretende lanzar antes de que acabe este año. Por el Legislativo autonómico han pasado casi un centenar de comparecientes que han realizado sus aportaciones en forma de miles de folios. En las últimas semanas, el presidente del grupo de trabajo, Gorka Álvarez (PNV), se ha encargado de dar forma a una primera propuesta para ese acuerdo. El borrador se ha presentado este martes en una reunión a puerta cerrada y, a partir de ahora, los grupos tienen dos semanas para incluir sus propuestas.

El documento, titulado 'Bases para una educación del siglo XXI', reivindica la necesidad de una nueva norma no sólo para dotar al sistema educativo «del nivel legislativo necesario», sino también para «abrir un nuevo tiempo en el proceso de construcción» de dicho sistema. El borrador hace especial hincapié en la parcela lingüística, una de las claves de la futura ley habida cuenta de los síntomas de agotamiento que viene ofreciendo el actual sistema de modelos. En el mismo no se hace referencia explícita a los itinerarios A, B y D, sino que se incide en que al finalizar sus estudios obligatorios, los alumnos deberán haber adquirido conocimientos de euskera y castellano «al mismo nivel».

En concreto, el texto insta a los currículos educativos a «garantizar, al final de la ESO, el pleno dominio de las dos lenguas oficiales» con arreglo a los indicadores del marco europeo común de referencia. Se añade también una lengua extranjera «con un nivel adecuado de comunicación». El objetivo, explica, es que el alumno sea «capaz de convivir en una sociedad multilingüe y multicultural». En esta misión, los centros escolares adquirirán un mayor protagonismo. «La autonomía de los centros es clave a la hora de diseñar sus propios itinerarios», dice el documento, de manera que se pueda adaptar el proyecto a la realidad sociolingüística que rodee al colegio.

Entre las medidas concretas, se habla no sólo de «priorizar» el euskera en todas las relaciones, sino de fomentar su uso activo por parte del alumnado. El proyecto lingüístico de cada centro, por ejemplo, deberá incluir propuestas de actividades extraescolares en esta lengua para asegurar su uso más allá de las aulas. También se incluyen otros planteamientos como la mejora de la competencia lingüística por parte del profesorado y una mayor formación metodológica de los docentes en la enseñanza de idiomas.

El otro gran debate de fondo en la reforma educativa es el modelo de financiación. El sistema vasco se divide prácticamente a partes iguales entre las redes pública y concertada, una situación de equilibrio que no tiene réplica en ningún otro sitio de España. El primer borrador recalca que todos los centros «se equiparan en derechos y obligaciones». Partiendo de esa base, propone la creación de una nueva figura, el Servicio Vasco de Educación, que «acogerá a los centros sostenidos con recursos públicos, con independencia de su naturaleza jurídica, en la medida en que intervengan de manera activa en el esfuerzo por superar la segregación y la exclusión social».

El documento insta al Gobierno Vasco a garantizar la gratuidad real de la enseñanza «eliminado las cuotas de escolarización» que con frecuencia se abonan en los centros de titularidad privada que firman conciertos con la Administración. «Las necesidades educativas básicas de los alumnos se financiarán al 100% y, según criterios de equidad, procurará una mayor ayuda a quienes se hallen en condiciones sociales más difíciles», precisa el texto. También sería potestad del Ejecutivo autonómico la labor de «determinar y realizar el seguimiento de los criterios a cumplir» por los centros perceptores de fondos públicos, así como la regulación de sus obligaciones y el procedimiento de admisión.

El instrumento para su ejecución sería un contrato-programa. De la mano del propio centro concernido, el Departamento de Educación «definirá y acordará las líneas estratégicas establecidas en un plan, y se detallará el presupuesto asignado para el periodo acordado, los recursos tecnológicos y personales que se asignarán al centro y los indicadores de gestión de los resultados de la evaluación». Esos contratos no tendrían por qué ser individuales a cada centro, sino que también podrían abarcar a un grupo de colegios, en cuyo caso habría que incorporar anexos individuales para cada uno de ellos.