Los consumos de agua o luz acreditarán si una vivienda lleva dos años deshabitada

Toda vivienda en condiciones de ser habitada que esté vacía de forma ininterrumpida durante dos años. El Ayuntamiento en el que se ubique el inmueble será el encargado de declarar esa situación y de exigir el canon. Con carácter subsidiario, también podrá hacerlo el Gobierno Vasco.

Los ayuntamientos podrán acceder a los datos del padrón y solicitar a las empresas suministradoras los datos de agua, gas y electricidad. Se considera un consumo mínimo para el uso residencial por persona y año la tercera parte del consumo medio anual de agua, electricidad o gas en la localidad.

No es obligatorio que cada ayuntamiento tenga uno, pero sí deberán subir los datos al Registro que gestionará el Gobierno Vasco con los inmuebles deshabitados, las zonas con declaración de acreditada demanda de vivienda o la revocación de las resoluciones. Este registro será telemático y estará listo después del verano.

No. El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y, a partir de ese día, los ayuntamientos pueden iniciar ya el procedimiento para declarar una vivienda como deshabitada, si tienen indicios de que está sin ocupantes desde hace dos años.

Los ayuntamientos podrán abrir diligencias previas de inspección. Emitirán un informe con los datos de empadronamiento y requerirán a las compañías suministradoras los datos de consumos. Iniciado el procedimiento, se dará un plazo de audiencia de 15 días hábiles a los interesados para formular alegaciones. Se pueden presentar pruebas que acrediten los supuestos en los que se puede tener deshabitada una vivienda. La resolución de vivienda deshabitada implica la imposición del canon.

Las viviendas de segunda residencia, las desocupaciones temporales por traslados motivados por trabajo, salud, dependencia o emergencia social, entre otros; viviendas ofertadas en alquiler o venta a precios de mercado durante un mínimo de 3 meses; viviendas de entidades sin ánimo de lucro; las que estén cedidas a la gestión en alquiler a administraciones públicas; obras o si no reúne condiciones para ser habitada.

Sí, poniendo la casa a disposición de los programas públicos, como Bizigune, y si se acredita una causa justificativa. Los propietarios pueden acogerse a ayudas a la rehabilitación y tendrán prioridad si ceden sus pisos a programas de alquiler protegido.

Un canon anual de 10 euros por metro cuadrado del piso, que se incrementará un 10% cada año adicional con la vivienda desocupada. Cuando se alcance el triple (30 €/m²) se frena el incremento pero el canon se cobrará sin límite temporal en la cuantía máxima.

Cuando se revoque la resolución tras acreditar el uso habitacional. Este canon es compatible con el IBI, según declaró el Tribunal Constitucional.

Es un canon finalista que se queda en los ayuntamientos y se tiene que destinar a promoción de vivienda. El Departamento asegura que no busca recaudar ni penalizar, sino movilizar a la ciudadanía para que la función social de la vivienda que establece la ley se haga efectiva.

El Gobierno Vasco podría hacerlo subsidiariamente. Los ayuntamientos no pueden evitar aplicar el canon. Es obligatorio para toda vivienda declarada como deshabitada.

El Departamento de Vivienda computa una única vivienda adicional por titular ubicada en la CAV. Todas las adicionales, sí pueden entrar en este procedimiento de vivienda deshabitada. Si una persona es de fuera de Euskadi y tiene varios pisos en la CAV, solo podrá alegar que uno de ellos es segunda residencia. El decreto no se aplica a las segundas o terceras viviendas que una persona en Euskadi tenga fuera de la CAV. La segunda vivienda puede estar en la misma localidad que la primera residencia, pero se tendrá que justificar su uso intermitente durante el periodo de alegaciones.

Que el canon se traspasa al nuevo propietario, que deberá pedir su revocación si la va a habitar. Si el procedimiento aún está abierto, el comprador puede tener derecho al trámite de audiencia y aportar pruebas.

Se puede llegar al alquiler forzoso o expropiación, pero solo si la vivienda se encuentra en zona tensionada, es decir, cuando se cumplan dos requisitos: que haya más de 100 personas que llevan dos años en Etxebide esperando un alquiler protegido y si los precios de mercado son un 10% superiores a la renta media de la localidad. El alquiler forzoso es una alternativa para viviendas que siguen desocupadas más de un año después de la declaración de deshabitada y supondrá 5 años de alquiler prorrogables por otros 5. Los propietarios podrán percibir una renta o, si no hay acuerdo, una indemnización. La expropiación es una herramienta para casos extremos en los que además pueda haber un riesgo para la seguridad por la situación de abandono.